Hace veinte años, los gobiernos reunidos en Río de Janeiro en la Cumbre de la Tierra aprobaron nuevos acuerdos sobre cambio climático, medio ambiente y desarrollo, entre ellos la Convención sobre la Diversidad Biológica, uno de cuyos objetivos es la repartición equitativa de los beneficios del uso de la biodiversidad.

La Convención sobre la Diversidad Biológica se aprobó en 1992, en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Este acuerdo ha impulsado el fenómeno de la bioprospección, con el cual los investigadores de universidades y grandes empresas, mayormente del Norte, buscan nuevos productos en los países de alta biodiversidad.

En la visión de sus autores, la Convención debía terminar con el antiguo proceso de saqueo de la biodiversidad de los países del Sur, dando lugar a un intercambio más equitativo que resultaría en la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible mediante el aprovechamiento de mercados para nuevos productos basados en la biodiversidad.

Pero veinte años después de la Cumbre de la Tierra aún falta dar el salto del saqueo a un nirvana en que la bioprospección resulta en mercados económicamente equitativos que también apoyan la conservación de la naturaleza.

La próxima semana, presidentes y ministros estarán de nuevo en Brasil para Rio+20, una celebración del vigésimo aniversario de la Cumbre que puso en marcha tantos procesos diplomáticos sobre medio ambiente y desarrollo. Es oportuno revisar algunos de los obstáculos que aún se interponen en el logro de la visión de la Cumbre de la Tierra.

El mayor obstáculo es, sin duda, la inquietante práctica de la concesión de patentes sobre la vida. Hasta 1992, las patentes sobre la vida sólo habían existido durante unos años en unos pocos países desarrollados. Sin embargo, en las últimas dos décadas la práctica se extendió, en particular mediante los acuerdos comerciales.

Las patentes sobre genes y organismos se han convertido en fuentes de ingreso para la industria y las universidades. La fiebre del oro ha sido tan grave que ahora las universidades de Estados Unidos buscan más patentes en la biología y la biomedicina que en cualquier otro campo, incluyendo la ingeniería y la informática.

Según la Asociación de Gerentes de Tecnología Universitaria de Estados Unidos, en 2009 las solicitudes de patentes entregadas por sus miembros sumaron más de ocho mil trescientos, el veinticinco por ciento de las cuales son de medicina y 15,6 por ciento de otras ciencias de vida.

Hay menos solicitudes en áreas clave de la economía, incluyendo la hipercompetitiva de la informática, con 9,6 por ciento, o de la ingeniería eléctrica y la mecánica, que combinadas alcanzaron a 13,9 de las solicitudes.

La realidad es que los recursos biológicos de valor comercial son sistemáticamente sometidos a patente por las universidades, no obstante que en teoría son sin fines de lucro. Desde la Universidad de Oslo hasta la de Australia Occidental, la política de las entidades de investigación en el Norte es que cualquier invento biológico sea patentado para luego venderlo a la industria.

Aun cuando los autores de la Convención sobre la Diversidad Biológica eran conscientes en 1992 de las patentes sobre la vida, la mayoría no anticiparon la rapidez y amplitud con que han crecido. Para que estas patentes resultaran ser algo más que un robo, los gobiernos acordaron hace veinte años que los acuerdos de bioprospección tendrían disposiciones que garantizarían beneficios para los proveedores de la biodiversidad.

Pero mientras la epidemia de patentamiento se disparó, el arte del acuerdo de bioprospección ha quedado atascado en la década de 1990.

En los acuerdos de bioprospección todavía se cometen regularmente los mismos errores que hace casi veinte años. Insuficiencias en la protección de los derechos de los países en desarrollo que eran comunes en 1995 siguen siendo comunes hoy. A veces este es el resultado de un fracaso de los países en desarrollo en la protección de sus propios intereses, pero a menudo también implica el cinismo de los bioprospectores.

Mientras continúa adelante la industria de la biotecnología, los acuerdos de bioprospección repiten errores como un disco rayado en un viejo tocadiscos: regalías que nunca se pagan, promesas de ganancias de una cura para el cáncer que nunca se realizan, empresas y universidades que recolectan muestras de plantas y luego desaparecen.

Las universidades de Estados Unidos se encuentra entre los peores actores en cuanto al estancamiento de los acuerdos de bioprospección.

Consideremos el caso de Rutgers University de New Jersey, que tiene un equipo dedicado al descubrimiento de nuevos productos naturales y amplios vínculos con las industrias. Durante muchos años ha estado involucrada en bioprospección en América del Sur y África, y tiene patentes sobre el aceite de la semilla de la lúcuma del Peru y, por lo menos, dos plantas medicinales del África occidental. Pero Rutgers no tiene una política seria en materia de repartición de beneficios ni ha firmado acuerdos apropiados en los países de origen de sus llamados “inventos”.

Debido a una demanda legal, Rutgers publicó recientemente un supuesto “acuerdo de participación en los beneficios”, que consta solo de tres párrafos contradictorios y está tan mal pensado que es inejecutable y solo sirve como testimonio de la falta de sinceridad en cuanto a compartir los ingresos de sus patentes sobre plantas de Perú y África. Rutgers puede beneficiarse de la bioprospección, pero América del Sur y África sin duda no lo harán.

Otro ejemplo es el de la Universidad de California, en Davis, que en 2005 recolectó semillas de tomate en el norte de Chile para distribuir a los fitomejoradores de Estados Unidos. Una agencia del gobierno chileno trató de lograr un acuerdo de repartición de beneficios consistente con la Convención sobre la Diversidad Biológica, pero los investigadores de California ganaron el juego. Informaron a su patron, el gobierno de Estados Unidos, que el acuerdo con Chile “no pone ninguna restricción en el uso” de las semillas. El acuerdo no tiene requerimientos. Solo pide que las empresas que usan las semillas chilenas “consideren” proporcionar una pequeña ayuda a Chile.

Gary Strobel, profesor de la Universidad Estatal de Montana, patentó un antibiótico aislado de una planta medicinal de una comunidad nativa de Australia y vendió la patente a Novo Nordisk, la empresa farmacéutica danesa.

Cuando surgieron preguntas sobre el acuerdo que Strobel tenía con la población indígena, este escribió una carta de una página en nombre de la comunidad indígena de Australia y la describió a la prensa como un “contrato” con la comunidad. El profesor de la Universidad de Montana lo llevó a Australia, donde pidió la firma de un representante de las indígenas frente a una cámara. Pero, como en el caso de Rutgers, el “contrato” fue totalmente inejecutable y fue más un intento de dar una apariencia de justicia que hacerlo realidad.

Estos y otros ejemplos demuestran que aún falta mucho para que se haga realidad la visión de Rio. Conscientes de los problemas, los gobiernos concluyeron en 2010 el Protocolo de Nagoya, un acuerdo complementario a la Convención sobre la Diversidad Biológica, que busca concretar la participación justa y equitativa en la utilización de la biodiversidad.

Para los países que ratifiquen este Protocolo, y también para los que no, es tiempo de pensar en nuevas maneras de manejar la bioprospección. Los viejos modelos de contrato nunca fueron eficaces y su desarrollo se ha estancado, mientras las patentes siguen dejando las ganancias en menos manos.

Hasta hoy, en la mayoría de las circunstancias, los bioprospectores obtienen muestras de plantas, animales y otra biodiversidad que llevan al exterior, donde el país de origen pierde control.

Algo que debe considerarse es la concesión de licencias de investigación sobre biodiversidad. Con licencias, los países y comunidades proveedores de la biodiversidad podrían retener sus derechos de propiedad y sólo autorizar el uso de muestras de forma temporal y para experimentos específicos, reteniendo todos los demás derechos. Las disposiciones de las licencias pueden disipar la cortina de humo de las regalías -casi siempre una ilusión- mediante compromisos para la transferencia de tecnología y la copropiedad de las innovaciones que resulten de la bioprospección.

En las dos décadas transcurridas desde la celebración de la Cumbre de la Tierra, los contratos de bioprospección no han aumentado en sofisticación y capacidad de protección de los intereses de los países biodiversos. Una de las lecciones es que, dejados a sus propios dispositivos, los bioprospectores nunca celebrarán contratos más eficaces para los países y comunidades proveedores. Corresponde a los países biodiversos hacerlo, para poner fin a los acuerdos poco éticos que han sido tantas veces la norma en la bioprospección.

Publicado: Viernes 15 de junio de 2012 - 70 Año 2012