La seguridad alimentaria se convirtió en un tema de alta prioridad luego de la disparada de los precios mundiales de los alimentos en 2008. Además, erradicar la pobreza extrema y el hambre en el mundo es el primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados por los gobiernos en el año 2000.

En este contexto, hay una fuerte discusión en la Organización Mundial del Comercio (OMC), como parte de los preparativos de la próxima Conferencia Ministerial, que tendrá lugar en Bali en diciembre.

El Grupo de los 33 países en desarrollo, que aspira a un trato especial adicional para proteger a sus agricultores, pide que sus gobiernos puedan comprarles alimentos, almacenarlos y distribuirlos a los hogares más pobres, sin verse limitados por las normas de la OMC sobre subsidios agrícolas. Pero esta propuesta enfrenta la resistencia de los países desarrollados, en especial de Estados Unidos.

Este enfrentamiento constituye un excelente ejemplo de la forma en que la normativa de la OMC favorece a los países ricos, al tiempo que castiga a los países en desarrollo.

Es bien sabido que las mayores distorsiones en el sistema de comercio se encuentran en la agricultura. Esto se debe a que los países ricos pidieron y obtuvieron una exención en la década de 1950 a partir de las normas de liberalización del GATT, el organismo predecesor de la OMC. Se les permitió otorgar enormes subsidios a sus propietarios rurales, algunos de los cuales ni siquiera realizan actividades agrícolas, y fijar tarifas arancelarias muy altas.

Cuando se creó la OMC, en 1995, un nuevo acuerdo agrícola permitió que continuara esta fuerte protección. Los países ricos solo estaban obligados a reducir en veinte por ciento sus subsidios con efectos de distorsión del comercio y podían cambiar la naturaleza de los mismos al ponerlos en un “compartimento verde”, que contiene las medidas de “ayuda interna a la agricultura permitida y no sujeta a limitaciones porque no tiene efectos de distorsión del comercio o, a lo sumo, los tiene en grado mínimo”.

El truco de los países ricos consiste en pasar la mayoría de sus subsidios a este compartimento, en el que no existen límites. Pero los estudios han demostrado que los subsidios del “compartimento verde” de hecho también distorsionan el comercio.

Con estas posibilidades, las subsidios de los países ricos se han mantenido o incluso aumentado. Datos de la OMC muestran que la ayuda interna total de Estados Unidos creció de 61,000 millones de dólares en 1995 a 130,000 millones en 2010. En tanto, la de la Unión Europea bajó de 90,000 millones de euros en 1995 a 75,000 millones en 2002, para volver a subir a 90,000 millones en 2006 y bajar a 79,000 millones en 2009. Una medida más amplia de apoyo a la agricultura, conocida como “apoyo total estimado”, muestra que los subsidios en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aumentaron alrededor de diecisiete por ciento entre 1996 y 2011.

Los subsidios continuos de los países desarrollados han tenido efectos devastadores en los países en desarrollo. Alimentos vendidos por debajo del costo de producción aún siguen inundando los mercados de los países más pobres, perjudicando a los pequeños agricultores.

Irónicamente, a los países en desarrollo, que son las víctimas de los subsidios de los países ricos, no se les permite otorgar los mismos beneficios. El motivo consiste  en que las normas sobre agricultura establecen que todos los países deben reducir sus subsidios que distorsionan el comercio. De modo que si un país en desarrollo no los otorgó anteriormente, ahora no puede hacerlo, excepto en cantidades mínimas (diez por ciento del valor total de producción). En otras palabras, si un país ha otorgado en el pasado subsidios por 100,000 millones de dólares, debe bajarlos a 80,000 millones y puede transferir el resto al “compartimento verde”, pero si no ha otorgado ninguno, no puede ahora otorgar ni un dólar por encima del mínimo permitido.

Aquí es donde aparece la controversia en la OMC. Los países en desarrollo están pidiendo que los alimentos comprados a productores pobres y entregados a consumidores pobres sean considerados parte del “compartimento verde”, sin condiciones de ningún tipo. La norma actual establece una condición injusta: que cualquier elemento subvencionado en este esquema de compras debe ser considerado una medida que distorsiona el comercio, lo que para la mayor parte de los países en desarrollo está limitado a este monto mínimo de diez por ciento del valor de producción.

Los países en desarrollo solo buscan eliminar esta condición injusta que, de hecho, les impide ayudar adecuadamente a los sectores pobres de la población a conseguir alimento suficiente.

Que los países ricos, que otorgan subsidios por un monto de 407,000 millones de dólares al año, impidan a los países en desarrollo subsidiar a sus pequeños agricultores y a sus consumidores pobres es, en realidad, una muy particular forma de discriminación e hipocresía. Un ejemplo extraordinario del burro hablando de orejas.

Aún queda por saber si esta controversia podrá solucionarse antes de la Conferencia Ministerial de Bali.

Martin Khor, fundador de TWN y director ejecutivo de South Centre.

Publicado: 27 de setiembre de 2013 - No. 133 - Año 2013