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El Estado alimenta desigualdades en Brasil

10 de marzo de 2017 - No. 299 - Año 2017

Mario Osava

La desigualdad se suele medir por la disparidad de ingresos y patrimonio, pero sus factores y dimensiones se multiplican en un país como Brasil. Reducirla es una tarea compleja y, al parecer, aplazada por la quiebra del poder de la izquierda.

La reforma del sistema de previsión, que el actual gobierno trata de aprobar en Brasil, es una gran muestra de ese fenómeno. Enfrenta fuertes resistencias por retrasar beneficios y por la necesidad de fijar normas uniformes a grupos muy desiguales de la población.

La propuesta de fijar 65 años como la edad mínima común para jubilaciones, por ejemplo, alimenta por lo menos dos obstáculos para la justicia social.

Para las mujeres representaría perder la compensación por la doble jornada que ellas en general cumplen durante su vida laboral. La legislación actual les permite jubilarse con cinco años menos de contribución, o de edad, que los hombres.

Pero su expectativa de vida, de 79,1 años en 2015 según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, superando en 7,2 años a la de los hombres, es un argumento a favor del cambio, ya que seguirían recibiendo los beneficios por más tiempo.

Otro obstáculo es el contraste de longevidad entre las distintas partes del país. En el estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil, la esperanza de vida es la más elevada, alcanza  78,7 años. Maranhão, en el Nordeste, con 70,3 años, ocupa el extremo más bajo.

La diferencia corresponde al nivel de vida e ingresos que contrapone las regiones pobres, del Norte y Nordeste del país, al más desarrollado centro y sur. Imponerles una misma edad de jubilación constituye un segundo castigo a los ya perdedores en la distribución del ingreso nacional, en este país de 208 millones de personas.

La desigualdad rige incluso dentro de una misma ciudad. En un barrio rico de São Paulo, Alto Pinheiros, el promedio de vida de sus habitantes supera en 25,8 años el de un barrio pobre de la misma metrópoli, Ciudad Tiradentes, reveló el “Mapa de la Desigualdad”, de la no gubernamental Red Nuestra São Paulo.

Las respectivas expectativas de vida son 79,67 y 53,85 años. Es decir, en Ciudad Tiradentes, la mayoría de sus residentes no llegaría a jubilarse con las nuevas reglas propuestas por el gobierno.

Las crisis, como la que vive Brasil tras dos años de fuerte recesión económica, hacen sufrir a la población y, además, desnudan factores de inequidades más allá de las causas económicas reiteradamente discutidas, como los altos intereses, un sistema tributario regresivo, herencias y otros mecanismos que concentran riquezas en pocas manos.

La norma en reforma establece una cotización de entre 25 y 35 años, según el tipo de trabajo, y fija la edad de jubilación de la mujer urbana en 60 años y la del varón urbano en 65 años, mientras en el área rural es de 55 y 60 años y no hay que verificar contribuciones. Además, existen las jubilaciones anticipadas, con reducción en la pensión.

La necesidad de la reforma para sostener la solvencia del Estado brasileño a largo plazo hizo más visible el uso del mismo Estado para privilegiar algunos sectores a lo largo de la historia brasileña.

La gran disparidad previsional, por ejemplo, ocurre entre los funcionarios gubernamentales, que se jubilan con el sueldo integro, y los trabajadores del sector privado, que sufren una alta reducción de sus ingresos.

La mayor remuneración que puede recibir un jubilado privado equivale a una séptima parte de la del colega público de altos sueldos, como jueces, generales y parlamentarios.

El conservador presidente Michel Temer anunció que, con la reforma, se unificará los sistemas previsionales público y privado. Es poco probable que se logre igualar sus remuneraciones, ante la resistencia de los funcionarios públicos, además privilegiados por el empleo vitalicio, que impide despidos por participar en huelgas.

Los militares, por ejemplo, que responden por una parte desproporcionada del déficit previsional, no serán incluidos en la reforma que actualmente avanza en el legislativo Congreso Nacional.

Los funcionarios públicos “inactivos”, denominados así para justificar el mantenimiento del mismo salario pagado a los activos, y los militares retirados suman menos de un millón, pero generan un déficit similar en el sistema previsional que todo el sector privado, con más de 30 millones de beneficiarios.

La autonomía entre poderes sirvió para que la magistratura y los parlamentarios aprobasen sucesivos aumentos de sus propios sueldos y la contratación de miles de auxiliares, de manera que hoy sus presupuestos están entre los más abultados del mundo.

Sirvió también para la adopción de un privilegio que se hizo intolerable ante los escándalos de corrupción involucrando centenares de políticos. Se trata del llamado “foro privilegiado” que asegura a parlamentarios y miembros del gobierno central ser juzgados exclusivamente por el Supremo Tribunal Federal.

Es lo que está retardando juicios e incluso investigaciones sobre senadores, diputados y ministros señalados  como beneficiarios de corrupción por la operación “Lava Jato” (autolavado de vehículos) que investiga desviación de miles de millones de dólares de la compañía petrolera estatal Petrobras, en las dos últimas décadas.

Políticos que perdieron sus mandatos, como el expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, están presos, mientras otros denunciados en varios procesos, hace meses o años, siguen en funciones de liderazgo legislativo o ejecutivo.

En gran parte de los casos anteriores, la demora de los procesos en el Supremo Tribunal condujo a la prescripción de los delitos atribuidos a autoridades políticas.

Tanto se considera una forma de buscar la impunidad que al izquierdista  expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2007) se le impidió asumir como ministro de la Casa Civil de la Presidencia en marzo de 2016, por un juez del máximo tribunal, y a la entonces mandataria Dilma Rousseff (2007-2016) se la acusó de obstruir a la justicia por ese nombramiento.

En general, a la educación se la apunta como una herramienta para reducir las desigualdades, pero en Brasil opera al revés. Las mejores universidades, públicas y totalmente gratis, son prácticamente un monopolio de los sectores más ricos.

En la enseñanza básica, las mejores escuelas son privadas y cuestan al menos 500 dólares al mes por alumno. Allí se forman, por lo tanto, los hijos de las clases media y rica que dominan las pruebas de acceso a las universidades más disputadas. El Estado subsidia la perpetuación de las mismas élites intelectuales y económicas.

Racismo y discriminación de género son también conocidos como factores de la mayor pobreza entre los afrobrasileños y la menor remuneración para las mujeres en funciones idénticas a las de los hombres.

Eso se extiende al poder político, donde las mujeres ocupan solo 10 por ciento de los puestos del Congreso legislativo y solo algo más en los gobiernos y concejos municipales. En peor situación aún están los negros.

Los desequilibrios se agravan en Brasil incluso por el llamado “combate a las sequías” del Nordeste. El gobierno construye embalses para el abastecimiento hídrico, pero lo hace en general en las grandes haciendas, cuyos propietarios, los “coroneles”, usan el agua para ampliar su poder, sometiendo a los campesinos pobres y exigiendo sus votos. (IPS)


Publicado: 10 de marzo de 2017 - No. 299 - Año 2017

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