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Políticas públicas y propuestas de la sociedad civil

21 de junio de 2013 - No. 119 - Año 2013

Rosario Romero Banda

Seguridad alimentaria y pequeña agricultura familiar

La seguridad alimentaria en el Perú requiere del desarrollo rural, priorizando la pequeña agricultura familiar, sustentada en políticas públicas que protejan la producción nacional, la propiedad de la tierra, el acceso a créditos, el cuidado de la semilla, el acceso y los cuidados del agua y una relación favorable con el mercado.

El crecimiento económico, la globalización, los grandes avances de la ciencia y las comunicaciones no han podido erradicar la principal expresión de desigualdad, inequidad e injusticia en nuestra sociedad: la pobreza. Ella encierra el hambre, la malnutrición en el mundo, las principales causales y obstáculos para avanzar hacia un desarrollo humano y sostenible.

Entre los años 2007 y 2008, organismos de las Naciones Unidas ya advertían de riesgos para la alimentación mundial debido a factores especulativos, la prioridad dada a la producción agroindustrial y agroexportadora, el acaparamiento de tierras y los efectos del cambio climático, dejando a cincuenta millones de personas más con hambre en el mundo, en medio de las múltiples crisis globales: alimentaria, financiera, ambiental y energética.

Cuando los alimentos ingresan al mercado de commodities son tratados como cualquier mercancía, perdiendo la naturaleza  y el valor social y cultural que poseen. En un mercado carente de regulación, la especulación y sus consecuencias no son previstas ni paliadas, afectando directamente a los países con menores ingresos y con dependencia alimentaria.

Seguridad alimentaria y soberanía alimentaria

Se define a la seguridad alimentaria como el acceso físico, económico y social de las personas a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, de manera que puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer sus necesidades nutricionales y llevar una vida activa y sana, sin correr riesgos de perder dicho acceso.

Son componentes de la seguridad alimentaria: la disponibilidad de alimentos a nivel local, regional y nacional, lo que está ligado con la oferta de alimentos; la estabilidad en el suministro de alimentos adecuados, evitando el desabastecimiento por factores de crisis económicas o acontecimientos climáticos adversos; el acceso sobre los medios de producción y a los alimentos disponibles en el mercado, vinculado con la capacidad adquisitiva de las poblaciones y el acceso a la tierra, semillas, agua; el consumo y la utilización de los alimentos. Es, en breve, el uso y manejo adecuado de los alimentos que respondan a las necesidades nutricionales de las poblaciones.

De otro lado, la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos sanos y culturalmente adecuados, producidos mediante métodos sostenibles, así como su derecho a definir sus propios sistemas agrícolas y alimentarios.

La soberanía alimentaria da prioridad a la producción y consumo local de alimentos. Proporciona a un país el derecho de proteger a sus productores locales y garantiza que los derechos de uso y gestión de tierras, territorios, agua, semillas, ganado y biodiversidad estén en manos de quien produce alimentos.

La seguridad alimentaria en el Perú

El Perú, país con una economía primario exportadora centrada básicamente en la explotación minera y de hidrocarburos, mantiene un crecimiento sostenido durante once años con una tasa de 6.3 por ciento anual, logrando disminuir en promedio la pobreza monetaria  a nivel nacional.

La Constitución Política vigente señala que “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. A pesar de ello, no reconoce la alimentación como un derecho de sus ciudadanos.

Del mismo modo, aun con el crecimiento económico y las declaraciones de sus gobernantes, el país enfrenta situaciones de inseguridad alimentaria. De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en Evolución de la Pobreza 2007-2011, veintiséis de cada cien peruanos se encuentran en condiciones de pobreza y tienen un nivel de gasto inferior a la canasta básica de consumo, con la que satisface sus necesidades alimentarias y no alimentarias. En la zona rural se concentra el mayor porcentaje: cincuenta y tres por ciento vive en condiciones de pobreza, frente a diecisiete por ciento en las zonas urbanas. En cuanto a las regiones, en la sierra el treinta y nueve por ciento, en la selva el treinta y tres y en la costa el diecisiete. El documento señala que el 20.5 por ciento de la población rural y el 1.4 por ciento de la  urbana viven en condiciones de pobreza extrema; eso quiere decir que no cuentan con suficientes ingresos para cubrir los costos de la canasta alimentaria.

La desnutrición crónica infantil es el indicador más claro de inseguridad alimentaria de las familias, que se traduce en problemas de desarrollo de los niños debido a la escasa ingesta calórico-proteica. En niños menores de cinco años a nivel nacional ésta llega al 19.5 por ciento en promedio; mientras que en las zonas urbanas es de 10.1 y en las rurales de treinta y siete por ciento. Los departamentos que reportan mayores índices de desnutrición infantil son Huancavelica y Apurímac, seguidos de Cajamarca, Loreto, Huánuco y Ayacucho. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2011, Puno es el departamento que presenta la mayor proporción de niños de menos de treinta y seis meses con anemia.

Iniciativas desde el Estado y la sociedad civil

Contar con seguridad alimentaria es responsabilidad del Estado y de la sociedad. Actualmente existen dos iniciativas desde el Estado: la Comisión Agraria del Congreso de la República con un Dictamen de Ley titulado “Derecho a la Alimentación, Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional” y la Estrategia de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Agricultura.

En tanto, los gremios, las organizaciones e instituciones de la sociedad civil están impulsando acciones de defensa y protección de la pequeña agricultura familiar. Se ha conformado la Alianza de Organizaciones Agrarias del Perú**, con un mensaje claro: “Por la seguridad alimentaria con soberanía”.

Así mismo, se ha organizado el Colectivo por la Seguridad Alimentaria en el Perú***, producto de una iniciativa ciudadana que busca contribuir en el debate y la formulación de políticas públicas que garanticen la seguridad alimentaria en el país, el desarrollo integral del campo, la atención a la pequeña agricultura familiar, la continuidad y revaloración del aporte de las mujeres a la alimentación familiar y la protección de la biodiversidad, así como el consumo de alimentos adecuados y saludables.

Urge priorizar la agricultura familiar

Dicho colectivo ha formulado distintas propuestas a los poderes Ejecutivo y Legislativo. En principio, saluda la iniciativa de la Comisión Agraria y la Comisión de Inclusión Social del Congreso de la República, por el reconocimiento del Derecho a la Alimentación como un Derecho Humano fundamental, inherente a la persona, que el Estado garantiza.

“La Seguridad Alimentaria en el país, requiere del desarrollo rural, priorizando la pequeña agricultura familiar, sustentada en políticas públicas que protejan la producción nacional, la propiedad de la tierra, el acceso a crédito, cuidado de la semilla, acceso y cuidados del agua y una relación favorable con el mercado”, destaca el colectivo. En tal sentido, una ley de seguridad alimentaria es necesaria y oportuna en el contexto actual de incremento de precios a nivel global y de los impactos que tendrá el cambio climático. Dicha norma debe garantizar alimentos sanos y nutritivos de forma permanente, fomentando la producción agroecológica, logrando un mayor acceso de las y los campesinos al agua, la tierra y las semillas. La ley debe, de igual modo, priorizar el derecho a la alimentación y nutrición de niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas y lactantes, adultos mayores y personas con discapacidad.

De otro lado, el colectivo considera que la ley “Derecho a la Alimentación, Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional” y la Estrategia de Seguridad Alimentaria deben reconocer y valorar la participación de la sociedad civil en cada uno de los niveles del sistema de soberanía y seguridad alimentaria, con una representación paritaria con los sectores, que permitirá el empoderamiento y compromiso de los distintos actores de la sociedad civil, en un tema que es de vital importancia y de interés público, incorporando para ello a los gobiernos regionales y locales en la ejecución de la estrategia. “La ley debe reconocer a los pueblos originarios y su cultura, así como respetar sus prácticas ancestrales”, se subraya. Además, es menester reconocer y valorar el rol que han tenido y tienen las mujeres en la pequeña agricultura familiar, cumpliendo tareas de producción y generación de ingresos monetarios y no monetarios, así como el cuidado y vigilancia de la reproducción de la fuerza de trabajo para el campo y la ciudad, responsabilizándose de la continuidad de la vida de su familia y el cuidado y preservación de la biodiversidad.

El colectivo resalta que las políticas de desarrollo de la pequeña agricultura familiar deben fomentar y promover los mercados locales con el apoyo de los gobiernos locales, para acercar a productoras agrícolas con los y las consumidoras, reduciendo intermediarios, acaparamiento y especulación con el precio de los alimentos. “La ley debe facultar al Ejecutivo para que se dispongan de los recursos públicos del presupuesto nacional, para hacer viable los distintos esfuerzos que el Estado está desplegando para abordar la problemática alimentaria”, sostiene.

Por último, el colectivo hace un llamado para que los poderes Legislativo y Ejecutivo unan esfuerzos y logren una ley y una estrategia de seguridad alimentaria que garantice el derecho a la alimentación de las peruanas y los peruanos.

Rosario Romero Banda, Coordinadora del proyecto Prevención y reparación de los impactos negativos de la concentración de la tierra en Perú en articulación con la Región Andina, de Fórum Solidaridad Perú.
* Alianza de Organizaciones Agrarias del Perú: Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ANPE), Confederación Campesina del Perú (CCP), Confederación Nacional Agraria (CNA), Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FEMUCARINAP), Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas (ONAMIAP).
** Colectivo por la Seguridad Alimentaria: Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral (CONAMOVIDI), Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras (AVSF), Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Fórum Solidaridad Perú (FSP), Fomento de la Vida (FOVIDA), Grupo Género y Economía, Intermón Oxfam-Campaña Crece Perú, Marcha Mundial de las Mujeres, Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Red de Municipalidades Urbanas y Rurales (REMURPE).


Publicado: 21 de junio de 2013 - No. 119 - Año 2013

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