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¿Qué esperar de Kota Kinabalu?

19 de julio de 2013 - No. 123 - Año 2013

Martin Khor

La naturaleza y los efectos de los acuerdos de libre comercio se han convertido en un tema de debate público, sobre todo con la 18ª ronda de negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP), que se lleva a cabo en Kota Kinabalu, Malasia, del 15 al 24 de julio.

No se sabe mucho acerca de las versiones preliminares del TPP, pero algunos de sus capítulos se filtraron en Internet y como es muy probable que gran parte sea similar a los tratados bilaterales de libre comercio que Estados Unidos ya ha firmado, podemos tener una buena idea de sus puntos principales.

Como era de esperar, hay numerosos temas polémicos a considerar, en especial para los países en desarrollo.

En realidad, sólo una pequeña parte del TPP es sobre el comercio propiamente dicho. La mayoría de los capítulos abordan otras cuestiones, como servicios, inversión, contratación pública, disciplinas relativas a las empresas de propiedad estatal y propiedad intelectual. Este tipo de acuerdo exige a menudo a los países miembros una serie de cambios drásticos en sus políticas, leyes y regulaciones, que afectan a la economía y la sociedad.

En cuanto al comercio específicamente, los países miembros del TPP tendrán que eliminar los aranceles en casi todos los productos procedentes de los otros miembros. Quizás todavía puedan proteger uno o dos productos.

La principal implicancia es que los productores y agricultores locales tendrían que competir con importaciones libres de aranceles de otros países parte del Acuerdo. Esto puede conducir a la pérdida de su cuota de mercado o al cierre de algunos sectores.

Es una ironía que las subvenciones agrícolas, que constituyen la principal práctica de distorsión del comercio aplicada por países desarrollados como Estados Unidos, se hayan mantenido fuera del TPP, privando así a los países en desarrollo de lo que habría sido su mayor beneficio.

En materia de servicios e inversiones, podemos esperar que los países miembros del TPP sean presionados para liberalizar todos los sectores. Si un país desea excluir a algún sector, deberá consignarlo en una lista y esto será objeto de negociaciones.

En el capítulo de inversiones, el país tendrá que comprometerse no sólo a liberalizar el ingreso de empresas y de los inversionistas extranjeros sino también a proteger sus derechos, pero de una manera extrema que va mucho más allá de lo reconocido en la legislación nacional. Por ejemplo, cualquier persona o empresa que tenga un activo (fábrica, tierra, acciones, contrato, franquicia, propiedad intelectual, etc.) es considerada inversor extranjero.

En casos anteriores se ha interpretado que el “trato justo y equitativo” que deben recibir incluye que no haya cambios en la regulación. Por lo tanto, un inversor extranjero puede impugnar ante un tribunal internacional cualquier ley nueva o cualquier cambio en las leyes y reglamentos que considere afectarán sus ingresos futuros, y reclamar una compensación monetaria. Las regulaciones pueden ser de carácter económico, social, de salud y ambiental.

Los países del TPP han acordado permitir a empresas extranjeras la posibilidad de demandar a los gobiernos ante cualquier tribunal internacional -por lo general el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington- para obtener una compensación. La expropiación se define no sólo como la confiscación de bienes, sino también como la reducción de ingresos debido a cambios regulatorios.

Estas controversias entre inversionistas y Estado pueden resultarles muy caras a los países. Un tribunal dio lugar el año pasado a una demanda de una empresa petrolera estadounidense que reclamaba 2,300 millones de dólares al gobierno de Ecuador e Indonesia está siendo demandada por 2,000 millones de dólares por retirarse de un contrato con una compañía con sede en Gran Bretaña.

El TPP también liberalizará las contrataciones públicas. Los extranjeros estarán autorizados a presentar ofertas, en condiciones similares a las de los locales, por bienes, servicios y proyectos por encima de un cierto umbral de valor. Las condiciones preferenciales de que gozan las empresas locales se verán afectadas, al igual que la posibilidad de utilizar el gasto público para estimular la economía nacional y como importante instrumento de política económica y social.

Dado que los contratos de las compras del sector público se consideran inversiones, el proveedor extranjero puede demandar al gobierno en un tribunal internacional alegando trato injusto.

También hay un subcapítulo de empresas públicas. Estados Unidos y Australia están proponiendo disciplinas sobre las actividades de las empresas estatales, incluidas las comerciales en las que el gobierno tiene una participación. Esto restringiría la capacidad estatal para regir o gestionar empresas vinculadas al gobierno, o para proporcionarles incentivos y preferencias, lo cual tendría graves consecuencias para los países en desarrollo, donde el papel del Estado en la economía y en las asociaciones público-privadas es fundamental.

El capítulo sobre propiedad intelectual ha generado un debate público porque obliga a los países miembros del TPP a tener leyes en esta área que van más allá incluso de las normas de la Organización Mundial del Comercio.

Se calcula que los plazos más extensos de las patentes y las mayores restricciones a la libertad política del Estado para promover medicamentos genéricos aumentarán los precios de los tratamientos. Las normas más estrictas sobre los derechos de autor podrían también afectar el acceso al conocimiento, lo que incluye libros, revistas e información digital. Y es posible que los industriales locales encuentren mayores dificultades para mejorar sus tecnologías y los agricultores locales podrían tener menos acceso a los insumos agrícolas, en especial las semillas.

Estos son los temas específicos que están o deberían estar en el centro de las negociaciones.

Hay muchas ventajas para los inversionistas o empresas extranjeras, en comparación con los nacionales, como se puede apreciar de los comentarios anteriores. Las empresas locales perderían muchas de sus ventajas o preferencias actuales y no podrían reclamar “trato justo y equitativo” ni demandar al gobierno en un tribunal internacional, a diferencia de las empresas extranjeras.

Todos los acuerdos tienen, obviamente, pros y contras. Cualquier posible ganancia para un país a partir de las exportaciones o las inversiones debe ser sopesada con las posibles pérdidas para los productores y consumidores nacionales, y sobre todo con la pérdida de espacio político del gobierno y los eventuales pagos a las empresas que reclaman una indemnización.

Martin Khor, Director ejecutivo de South Centre.


Publicado: 19 de julio de 2013 - No. 123 - Año 2013

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