La crisis que atormenta a los brasileños es básicamente política y no permite vislumbrar una salida. Es el fin de un ciclo, según variados análisis, pero no hay indicios de que se esté gestando algo nuevo.

Brasil vive una “crisis de hegemonía”, en que no hay fuerzas políticas con propuestas consistentes y capaces de darle algún rumbo al país en la disputa por el poder, según el director del Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (Ibase), Cándido Grzybowski. “El riesgo de ese vacío es que puede acontecer una sorpresa, como el ascenso de un ‘salvador de la patria’ al poder”, dijo a IPS. Los ejemplos que suele mencionar van de Adolf Hitler y Benito Mussolini a los más recientes, como Fernando Collor, expresidente brasileño inhabilitado por corrupción en 1992.

Pero lo más evidente para la población es la economía, que entró en una recesión en 2014 que se pronostica que se prolongue durante 2016, con desempleo e inflación en alza, y el escándalo de corrupción en los negocios de la estatal petrolera Petrobras que ya encarceló a grandes empresarios y amenaza a muchos líderes políticos.

En esa crisis de múltiples dimensiones, la presidenta Dilma Rousseff enfrenta además una rebelión de aliados en la Cámara de Diputados, un rechazo popular récord según las encuestas, presiones por su inhabilitación o renuncia y la reanudación de protestas en las calles, con anunciadas nuevas movilizaciones para el 16 de agosto.

El gobernante Partido de los Trabajadores (PT) perdió, según los términos de Grzybowski, la hegemonía que hizo efectiva con el triunfo de su líder máximo, Luiz Inácio Lula da Silva, en las elecciones presidenciales de 2002. Resistió el escándalo de 2005, en que tuvo sus principales dirigentes presos, acusados de obtener recursos fraudulentos para sobornar parlamentarios. Por eso logró la reelección de Lula en 2006 e imponer como sucesora a Rousseff, también reelegida en 2013.

Pero las actuales investigaciones del Ministerio Público Federal (fiscalía general) y la Policía Federal sobre el pillaje en los grandes proyectos petroleros son arrolladoras.

El PT es apuntado como principal articulador de la red que desvió, según estimaciones de Petrobras basadas en las investigaciones judiciales, el equivalente a cerca de 1.800 millones de dólares. Dos de sus dirigentes están detenidos desde el 3 de agosto.

Por lo menos 23 acusados decidieron colaborar con la justicia y otros negocian acuerdos de delación para reducir penas, un mecanismo legal brasileño que permite a los jueces obtener informaciones cada día más detalladas y más extensas sobre la corrupción aparentemente generalizada en muchos sectores.

Decenas de empresarios presos, incluyendo los presidentes de las dos mayores constructoras brasileñas, son un resultado parcial del proceso. Pronto será la vez de los políticos que solo pueden ser juzgados por el Supremo Tribunal Federal, un privilegio de los parlamentarios y altos miembros del gobierno.

Ya están involucrados por lo menos 31 legisladores, incluyendo los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros, además de dos gobernadores estadales y 14 exparlamentarios, la mayoría del PT y de su principal socio en la coalición gobernante, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

Con el escándalo y su gobierno adoptando políticas económicas que antes condenaba y cometiendo otras incoherencias, el PT sufre disensiones internas, mientras perdió respaldo en sectores antes incondicionales.

“Es el fin de un ciclo del PT hegemónico, en que adoptó prácticas tradicionales de la política brasileña desde el inicio de la República”, en 1889, admitió Tarso Genro, dirigente e ideólogo del partido, quien fue ministro de Justicia y de Educación con Lula y luego gobernó el estado de Rio Grande do Sul.

Los problemas éticos del PT, al involucrarse con la corrupción, “son un componente secundario, que deriva de la visión política tradicional a que se rindió”, evaluó para IPS. Para superar su crisis actual “tendrá que reinventarse, preservar su visión utópica, pero eso no significa volver a sus orígenes”, los sindicales de las décadas de los 70 y 80. “Hoy se reconoce que tenemos una sociedad mucho más compleja”, arguyó Genro, abogado ahora dedicado a “refundar” su partido.

Grzybowski duda de la posibilidad de reformar el PT como una fuerza de transformación capaz de recuperar la hegemonía. La razón es que todo el esfuerzo pasa por “un sistema político colonizado, heredado de la dictadura militar”, que no favorece respuestas a las demandas de la sociedad.

“La Constitución de 1988 falló al no renovar la política, no cambió las reglas para los partidos, que siguen con el monopolio del proceso electoral. La democracia está aún por hacerse en esa área”, sostuvo el sociólogo que dirige Ibase, una de las organizaciones no gubernamentales más reconocidas de Brasil.

Esa Constitución, que institucionalizó la redemocratización brasileña tras la dictadura militar de 1964 a 1985, reconoció derechos de variados sectores sociales, como los de los indígenas sobre sus tierras ancestrales, la niñez, los discapacitados, a la vez que detalla los deberes del Estado.

Por eso es atacada por economistas ortodoxos como fuente de gastos públicos crecientes, imponiendo el crónico aumento del déficit fiscal y de la carga tributaria, cuyo agravamiento en los últimos años conspira contra el gobierno de Rousseff. Eso frena el crecimiento económico, aducen.

Pese a esas críticas es prácticamente imposible movilizar multitudes en contra de una Constitución que representa conquistas para la mayoría de la población. Es un factor de estabilidad, que favorece la permanencia de la presidenta, amenazada de inhabilitación u otros mecanismos de destitución legal casi desde que comenzó su segundo cuatrienio, en enero. La alternativa, en la visión opositora, es mantener un gobierno en agonía hasta enero de 2019, con la economía y la situación social en deterioro.

“Ella enfrenta una crisis anunciada, por las promesas hechas durante la campaña electoral del año pasado”, según João Alberto Capiberibe, senador del Partido Socialista Brasileño, que abandonó la coalición gobernante en 2013. “Pero la crisis de credibilidad no afecta solo Rousseff, ella es la síntesis de la política nacional, en que también el Congreso Nacional está sumergido en el descrédito”, sentenció a IPS.

El problema no es la Constitución, sino “el clientelismo, el exceso de empleos públicos y la corrupción” que imponen “gastos desenfrenados los gobiernos tanto en el nivel nacional, como estadual y municipal”, opinó el senador. “Sin cambiar el sistema electoral nada cambia”, afirmó, defendiendo el fin del financiamiento empresarial de las campañas “para que el poder económico no siga determinando quien será elegido”. “Ningún país del mundo gasta tanto como Brasil en su proceso electoral”, acotó.

Pero ese simple cambio no tiene apoyo en el parlamento. En el Supremo Tribunal sí, una mayoría de seis de sus 11 magistrados consideró inconstitucional el apoyo financiero de empresas a candidatos, acogiendo una acción del Colegio de Abogados de Brasil. El argumento fue que las empresas no tienen derechos políticos.

Pero el pedido de un magistrado de un periodo de tiempo para examinar mejor el asunto, suspendió la publicación del fallo y frustró el movimiento por reducir costos y por ende la corrupción en los procesos electorales brasileños.

Gran parte del dinero desviado de Petrobras se destinó, según los acusados, a financiar campañas electorales y partidos. Eso y la hegemonía del PT hacen parte de un ciclo que parece terminar en Brasil, pero en el horizonte, por ahora, solo aparecen incertidumbres. (IPS)

Publicado: 21 de agosto de 2015 - No. 223 - Año 2015