El euro está cayendo en picada. En lo que va del año bajó de 1,5 por dólar a 1,22 el 19 de mayo y nada indica que pare ahí. Para los países en crisis del sur de Europa, esto es una buena noticia. Nadie llora por el valor perdido del euro en Grecia, España, Portugal o Italia. Por el contrario, una moneda subvaluada los ayuda a exportar más y a volverlos más atractivos como destino turístico, en momentos en que desesperadamente necesitan generar fuentes de trabajo y recursos para pagar sus deudas externas.

Es la misma situación que vivió Argentina antes de la crisis financiera que llevó al país al default (cese de pagos sobre su deuda). Argentina había renunciado a la posibilidad de incidir sobre el valor de su moneda al fijar por ley que un peso valía un dólar. Los países de la Eurozona renunciaron a su soberanía monetaria al adoptar una moneda sobre la que teóricamente inciden, pero que en realidad está en manos de los países más fuertes económicamente.El “modelo argentino” de solución de la crisis financiera en el sur de Europa está siendo discutido abiertamente en los medios políticos y financieros del viejo mundo: declararse en cese de pagos, forzar a los tenedores de bonos a aceptar un descuento sobre su valor, devaluar y recuperar competitividad por esa vía para relanzar la economía. Eso implicaría el fin del euro y, según algunos, del propio proceso de integración europea.

La estrategia adoptada ha sido, en cambio, la creación de un fondo de un billón de dólares y el anuncio de que los países con problemas van a ser rescatados por los demás, en una solidaridad al estilo de los tres mosqueteros: uno para todos y todos para uno. El rescate no es gratis, por supuesto, y el país afectado deberá someterse a las disciplinas del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin poder salirse del euro y devaluar, el pago de la deuda se hace a costa de bajar los salarios de los funcionarios públicos, recortar beneficios sociales, reducir la ayuda externa y detener las inversiones públicas. El problema es que con estas medidas la economía se contrae y, por lo tanto, se recaudan menos impuestos, lo que hace más difícil todavía llegar al equilibrio fiscal. Y si además a la gente se le ocurre protestar, las manifestaciones callejeras y su represión ahuyentan el turismo.

Paradójicamente, mientras que los gobiernos socialdemócratas de España, Grecia y Portugal aplican estas políticas que hasta ayer condenaban, los gobiernos derechistas de Alemania y Francia tienen que jugar de solidarios y hacer lo que habían prometido que jamás harían: poner su aval y el dinero de sus contribuyentes como garantía de la deuda de la Europa del Sur.

Por tal cambio de rumbo, la coalición gobernante fue castigada en las elecciones regionales de Renania-Westfalia. No sólo los socialdemócratas vuelven al poder en el mayor de los estados alemanes, sino que además el gobierno perdió su mayoría en el senado federal.

Sin el apoyo de los socialdemócratas alemanes, el plan billonario de “blindaje” del euro no lograría despegar y a cambio de este apoyo, la cancillera alemana Angela Merkel aceptó tres concesiones que pueden terminar por cambiar las finanzas globales: impuestos a los mercados financieros, restricciones a la especulación y creación de una agencia europea de evaluación de riesgos.

El “impuesto a los mercados financieros” es una designación que incluye a las dos medidas propuestas hasta ahora para hacer que los bancos contribuyan a pagar la crisis que ocasionaron: el Impuesto a la Actividad Financiera (FAT en inglés), propuesto por el FMI, que gravaría las ganancias de los bancos –y los beneficios millonarios que reciben sus ejecutivos–, y el impuesto a las transacciones financieras (FTT), que cobraría un pequeño porcentaje sobre cada movimiento y ayudaría a frenar la especulación.

Para frenar los ataques especulativos contra el euro, Alemania comenzó a aplicar la prohibición de vender al descubierto bonos de países de la Eurozona. En momentos de caída de precios, es una práctica común de los especuladores la de tomar papeles en préstamo, venderlos, volverlos a comprar cuando el precio ha bajado y embolsarse la diferencia antes de devolverlos a sus dueños. A estas operaciones rápidas se les llama short selling. A menudo el especulador “vende al descubierto”, o sea, vende papeles que en realidad no tiene y que no necesita mostrar porque los va a volver a “comprar” (o sea, embolsarse la diferencia) en cuanto el precio haya bajado. A esta práctica, escandalosa pero perfectamente legal hasta ahora, se le llama naked short selling. Sin necesidad de tener los papeles en la mano, no hay límites a cuánto se puede apostar. Y si todo el mundo apuesta a la baja, la profecía se cumplirá y los precios bajarán.

La prohibición alemana del naced short selling con bonos denominados en euros se extiende hasta el 31 de diciembre de 2011… pero podría volverse permanente y ser adoptada por los demás países de la Eurozona.

Finalmente, la iniciativa de crear una agencia europea de evaluación del riesgo es una respuesta a las crecientes críticas a las grandes agencias privadas, todas ellas con sede en Estados Unidos, que al “bajar la nota” de los papeles de la deuda griega y española precipitaron la crisis. Por ley los fondos de pensiones que manejan los ahorros de los trabajadores para sus futuras jubilaciones deben ser invertidos en su totalidad o en gran proporción en papeles de bajo riesgo (llamados AAA). Una calificación inferior a AAA provoca ventas masivas de bonos y la elevación de las tasas de interés de nuevas emisiones de deuda (el llamado “riesgo país”).

Curiosamente, Alemania siempre defendió a las calificadoras de riesgo y a los mecanismos especulativos como “esenciales para el buen funcionamiento de los mercados” cuando las crisis financieras ocurrían en los países de la periferia.

Con velocidad insólita para esfuerzos diplomáticos, pero necesaria para calmar mercados que miden la rapidez de sus transacciones automatizadas en milisegundos, a pocas horas de tomadas las medidas alemanas y cuando apenas comenzaban a conocerse por la prensa, el primer ministro de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker, anunció el martes 18 de mayo que los dieciséis ministros de Finanzas de la Eurozona “se esforzarán en aplicar un impuesto global sobre las transacciones en los mercados financieros” e intentarían convencer de unirse a esta iniciativa al Reino Unido y a Estados Unidos, sede de los dos mayores centros financieros del planeta.

El anuncio fue calculadamente ambiguo en su formulación, al no especificar de qué impuesto se trata ni en qué montos, y deja amplio margen a las negociaciones. Sin embargo, era un complemento indispensable para la opinión pública, que pronto comenzará a sufrir recortes muy concretos en los servicios públicos y la seguridad social, y no parece dispuesta a aceptar que toda la carga de la crisis caiga sobre sus hombros.

Publicado: Jueves 20 de mayo de 2010 - 150