Los países en desarrollo sufrieron un revés en la Conferencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que finalizó el 11 de junio en Bonn, con la eliminación de muchos de sus puntos clave en un nuevo documento elaborado por la presidenta del grupo de trabajo sobre cooperación a largo plazo, Margaret Sangarwe, de Zimbabwe.

Pero por otro lado, sus presiones en otro grupo de trabajo lograron que los países desarrollados asumieran nuevos compromisos de reducción de emisiones en virtud del Protocolo de Kioto.

Tras dos semanas a ritmo lento, las negociaciones cobraron fuerza en el último tramo. El 10 de junio, Sangarwe entregó un borrador revisado de un acuerdo básico que provocó duras críticas de los países en desarrollo.

El Grupo de los 77 y China (G-77) se mostró «consternado» por los desequilibrios del texto y urgió a restaurar sus posiciones y propuestas en el siguiente borrador.

En una enérgica declaración, China sostuvo que el texto propuesto se desviaba un cincuenta por ciento de la hoja de ruta de Bali, que establecía el mandato y los términos de referencia de las negociaciones, y lo criticó por afectar al Protocolo de Kioto. «Es por eso que no podemos aceptarlo», afirmó.

Otros países en desarrollo de Asia, África y América Latina también manifestaron objeciones. Malasia opinó que el texto se apartaba de la Convención y del Protocolo de Kioto al ignorar la necesidad de desarrollo de los países del Sur y exigirles que alcancen su máximo de emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2020, cuando los países desarrollados todavía no lo han hecho, y también al imponerles obligaciones muy onerosas para que sus acciones queden sujetas al análisis internacional.

El texto también propone obligar a los países del Sur a elaborar «planes de desarrollo con baja emisión de carbono», lo cual es una nueva imposición, y elimina muchas de sus propuestas.

El Grupo de África manifestó que el borrador era incoherente con el principio de equidad y con los recortes comparables de emisiones exigidos por los países en desarrollo, y que amenazaba con sustituir al Protocolo de Kioto.

Varios países latinoamericanos criticaron el documento. Brasil reclamó una revisión profunda del texto, que también mereció críticas de Venezuela, Bolivia y Argentina.

En contraste, la mayoría de los países desarrollados dieron la impresión de estar complacidos con el borrador, aunque mencionaron algunos defectos.

La lectura del documento confirma que elimina muchas de las posiciones clave de los países en desarrollo y les impone nuevas obligaciones, algunas de las cuales ni siquiera figuraban en borradores anteriores ni habían sido discutidas adecuadamente.

Sin embargo, la mayoría de los nuevos puntos polémicos ni siquiera fueron colocados entre corchetes, dando así la falsa impresión de que son fruto de un consenso y colocando a los países en desarrollo en gran desventaja.

El nuevo texto implica el fin del Protocolo de Kioto – que los países en desarrollo insisten que debe seguir vigente- y su reemplazo por un nuevo acuerdo que trata en pie de igualdad las obligaciones de mitigación de emisiones por parte de los países desarrollados y en desarrollo.

Según el plan propuesto, los países desarrollados pasarían de un régimen de profundos recortes de emisiones con carácter obligatorio a un sistema voluntario de promesas, mientras que los países en desarrollo deberían asumir obligaciones más estrictas de acción e información que las que tienen actualmente.

El texto anterior contenía una opción que exigía a los países desarrollados firmantes del Protocolo de Kioto continuar con sus compromisos, pero el nuevo borrador elimina esa exigencia, lo que implica su sustitución por la opción restante, el sistema de promesas nacionales voluntarias.

El nuevo borrador también asesta un duro golpe al principio de equidad, tan vital para los países en desarrollo. En una sección sobre recortes mundiales de emisiones, se eliminó la frase «precedidos por un paradigma de acceso igualitario a los recursos atmosféricos mundiales».

El texto también establece que «las emisiones nacionales y mundiales deben alcanzar su nivel máximo antes de 2020». Esto significa que los países en desarrollo también tendrán que reducir sus emisiones en términos absolutos a partir de 2010, aunque sus niveles de emisiones son muy inferiores a los de los países desarrollados. Esto tiene enormes consecuencias para la economía y el desarrollo.

Los países desarrollados también pretendían agregar un párrafo que prohibiera el proteccionismo comercial -por ejemplo, imponiendo cargas o aranceles a las importaciones procedentes de esos países- por motivos relacionados con el cambio climático, aunque finalmente esto se omitió en la sección principal.

Otro elemento importante que finalmente también se excluyó del texto es que los países desarrollados debían hacer «un esfuerzo comparable» en sus recortes de emisiones y que debían aportar 1,5 por ciento de su PNB a un fondo para permitir a los países en desarrollo adoptar medidas para detener el cambio climático.

Tras las fuertes críticas, Sangarwe dijo que tomaría en cuenta las observaciones al preparar un nuevo borrador. Sin embargo, los países en desarrollo temen que no puedan recuperar el terreno perdido.

En otro grupo de trabajo sobre nuevos compromisos en virtud del Protocolo de Kioto, los países en desarrollo propusieron que se acelerara el trabajo mediante nuevas investigaciones de la Secretaría y que se realizara un taller sobre la adecuación de las promesas nacionales de reducción de emisiones ya realizadas por países industrializados.

Martin Khor, fundador de Third World Network (TWN), es director ejecutivo de South Centre, una organización de países en desarrollo con sede en Ginebra.