Es interesante, y a la vez alentador, que un gobierno presione a una gran empresa para que acepte compensar el perjuicio que causa. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, logró que British Petroleum (BP) destinara al menos 20.000 millones de dólares a un fondo que cubra los reclamos por perjuicios económicos de la población de la costa del Golfo de México y el costo de la limpieza de la contaminación ambiental.

Éste ha sido el peor desastre ambiental en Estados Unidos, pero las peores catástrofes ecológicas fueron causadas por empresas transnacionales en países en desarrollo. Esas empresas han pagado muy poco o nada, y los gobiernos de los países sede suelen hacer la vista gorda.

Un caso destacado es el de Bhopal, India, en 1984. La emisión de gases venenosos de una fábrica de la empresa química estadounidense Union Carbide afectó a más de medio millón de personas, mató en forma inmediata a varios miles y muchas otras murieron posteriormente o quedaron gravemente mutiladas.

Ni Union Carbide ni Dow Chemical –que la compró en 2001– aceptaron la responsabilidad por el desastre.

Union Carbide terminó pagando cuatrocientos setenta millones de dólares en un acuerdo realizado en 1989 con el gobierno indio, una cifra muy pequeña dada la enorme cantidad de gente que murió, quedó lesionada y continúa sufriendo.

En India se dictó una orden de arresto para el entonces director de Union Carbide, Warren Anderson, pero no ha sido llevado a juicio.

Y el 7 de junio un tribunal de ese país sentenció a dos años de prisión por negligencia a siete antiguos directivos de la filial india de la empresa. Los residentes de Bhopal están consternados por una sentencia tan leve y siguen exigiendo una compensación adecuada.

Un segundo caso es el de la región amazónica de Ecuador. La empresa Texaco (ahora Chevron), que operó una concesión petrolera entre 1964 y 1992, fue responsable del vertido en la selva de más de 1.300 millones de litros de petróleo crudo y 70.000 millones de litros de residuos tóxicos, lo que según expertos causó daños económicos, ambientales y de salud en un grado mucho mayor que el actual derrame de BP en el Golfo de México.

A principios de la década del noventa, la empresa pagó al gobierno de Ecuador cuarenta millones de dólares por los costos de la limpieza, una cantidad ínfima dada la inmensidad del daño causado. Pero el Frente de Defensa de la Amazonía, que agrupa a indígenas y colonos, demandó a Chevron por 27.000 millones de dólares.

The New York Times informó en mayo de 2009 que pueblos indígenas de la región denunciaron que los productos químicos se habían filtrado en el suelo, el agua subterránea y los cursos de agua. Y citó el informe de un experto que estimaba que mil cuatrocientas personas habían muerto de cáncer como consecuencia de la contaminación petrolera.

El influyente congresista estadounidense James P. McGovern, quien tras una visita a Ecuador en 2009 definió la situación como una “terrible crisis humanitaria y ambiental”, habría enviado una carta a Obama: “La degradación y contaminación dejada en una parte pobre del mundo me indignó y avergonzó… También pude ver la infraestructura Texaco/Chevron que permitió que el agua residual y otros materiales altamente tóxicos se vertieran directamente al curso del Amazonas”.

Un tercer caso es el del Delta del Níger, en Nigeria. El petróleo derramado en esta importante región petrolera, en la que operan Shell y otras empresas, ha contaminado humedales, ríos, bosques y tierras agrícolas de la región, dice John Vidal en un artículo de The Observer titulado “La agonía de Nigeria deja pequeño el derrame de petróleo del Golfo: Estados Unidos y Europa lo ignoran”. “De hecho, cada año se derrama más petróleo en la red de terminales, tuberías, estaciones de bombeo y plataformas petroleras del Delta que lo que se ha perdido en el Golfo de México”, dice.

Amnistía Internacional acusó el año pasado a las compañías petroleras de violación de los derechos humanos y la población local responsabiliza a la contaminación de petróleo por la caída de la expectativa de vida en las comunidades rurales, que se ha reducido a poco más de cuarenta años.

“Este tipo de derrame ocurre todo el tiempo en el Delta y las compañías petroleras simplemente lo ignoran. Cuando veo los esfuerzos que se hacen en Estados Unidos siento mucha tristeza por la doble moral”, comenta el escritor nigeriano Ben Ikari.

El presidente de Amigos de la Tierra Internacional, el nigeriano Nnimmo Bassey, también se refirió a “los frenéticos esfuerzos” que se hacen en Estados Unidos para detener el derrame del Golfo de México. Esto “puede ser visto como una metáfora de lo que está sucediendo a diario en los campos petrolíferos de Nigeria y otras partes de África”, donde las compañías petroleras en gran medida ignoran sus derrames, los encubren y destruyen los medios de vida de la gente y el ambiente.

Estos tres casos revelan un gran contraste entre lo que hace el gobierno de Estados Unidos para exigir que una empresa multinacional asuma su responsabilidad económica y la forma en que empresas similares que provocan catástrofes ecológicas en países en desarrollo salen impunes o pagan cifras absolutamente inadecuadas.

Lo que hacen el gobierno y el Congreso de Estados Unidos para que BP compense el daño ambiental y económico que está causando es encomiable. Los países en desarrollo deben aprender la lección y adoptar medidas similares acordes con el principio de que “el que contamina paga”.

Igualmente importante es que los gobiernos de los países de origen de las transnacionales también actúen para que sus empresas se hagan responsables de sus acciones cuando se instalan en otros países y compensen debidamente cuando provocan daños ambientales.

Martin Khor, fundador de Third World Network (TWN), es director ejecutivo de South Centre, una organización de países en desarrollo con sede en Ginebra.

Publicado: Jueves 24 de junio de 2010 - 155