¿En qué idioma escriben un ministro alemán y otro francés para enviar una carta conjunta a un colega de la Bélgica bilingüe? En inglés, por supuesto.

Usando fluidamente el idioma de las finanzas internacionales, la ministra francesa de Economía, Christine Lagarde, y su colega alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, reclamaron de Didier Reynders, presidente de las reuniones ministeriales europeas, “un sistema de tasas e impuestos sobre las instituciones financieras”, que tienen sus bases a escala global fundamentalmente en Londres y Nueva York.

El reclamo franco-alemán de “una tasa global a las transacciones financieras (FTT) con el doble objetivo de distribuir en forma pareja la carga [de la crisis] y generar recursos adicionales” fue planteado por la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, en junio en Toronto durante la reunión del G-20 (los países más grandes del mundo, ricos y pobres), pero la tenaz oposición del país anfitrión, Canadá, evitó que esta medida fuera parte del consenso final.

Ahora, Francia y Alemania, además de insistir con la tasa global, reclaman con urgencia “una solución europea”.

Qué forma tomaría este impuesto europeo a las finanzas es, precisamente, lo que los ministros estarán discutiendo en los próximos días, así como qué destino tendrían los dineros recaudados. Al parecer Francia se inclina hacia una tasa mínima sobre todas las transacciones financieras en Europa, mientras que Gran Bretaña podría aceptarla pero reducida a las operaciones cambiarias, que pondría al Banco de Inglaterra (banco central) a cobrarlas cuando se trate de libras y al Banco Central Europeo en todas las conversiones entre el euro y otras monedas. París querría que los recursos generados se destinaran a financiar el desarrollo y la mitigación de los efectos del cambio climático, mientras que Berlín preferiría utilizarlos para reducir la deuda externa europea.

A juicio de la campaña británica por un “impuesto Robin Hood”, a partir del anuncio del presupuesto de “emergencia” en Inglaterra, sería “virtualmente inevitable” la imposición desde ahora hasta enero de tasas o impuestos a los bancos que recaudarían entre 2.000 y 10.000 millones de libras esterlinas al año.

Un estudio del instituto británico independiente de investigación sobre políticas públicas IPPR concluye que la “city” londinense, sede de la industria financiera, podría pagar 20.000 millones de libras más en impuestos sin por ello abandonar el país. Los recortes presupuestales aprobados ascienden a 2.000 millones, pero el déficit a cubrir es de 75.000 millones.

Max Lawson, investigador de la organización humanitaria Oxfam, cree que “hay muchas posibilidades de que algún impuesto nuevo al sector financiero sea aprobado de aquí a noviembre de 2011, ya sea a las transacciones (improbable) o una combinación de tasas variable según los países, que incluya impuestos a los pasivos bancarios, a las ganancias y al cambio de monedas. Las posibilidades de que parte de lo recaudado se destine a combatir la pobreza en los países ricos y pobres o al cambio climático también son buenas, pero dependen de la fortaleza de las movilizaciones”.

Mientras que el desempleo ronda el diez por ciento en la mayoría de los países ricos –llega al veinte en España– y los gastos en servicios públicos y seguridad social son recortados en toda Europa, los bancos están logrando jugosas ganancias en 2010 y sus ejecutivos volverán a recibir “bonos” millonarios. En este marco, la presión política para que la banca pague crece día a día.

Los expertos opinan que antes de fin de este año el Congreso de Estados Unidos, que ya legisló sobre nuevas regulaciones para evitar excesos de la industria financiera, aprobará un impuesto a las ganancias de los bancos y los bonos de sus ejecutivos por valor de unos 10.000 millones de dólares al año. Aun cuando este dinero se destine íntegramente a paliar el déficit fiscal, el ejemplo de Estados Unidos se expandirá por el mundo. Sin embargo, si el impuesto no es aprobado antes de las elecciones legislativas de noviembre, su destino es incierto, ya que el Partido Demócrata oficialista corre serios riesgos de perder su mayoría en la cámara baja.

En el Reino Unido, la coalición conservadora-liberal en el gobierno se opone al FTT y se alinea con las propuestas del FMI (ver cuadro), pero en la dirección del Banco de Inglaterra (banco central) crece el apoyo al impuesto a las transacciones monetarias (CTT). La zona del euro, principal apoyo del FTT, hasta ahora condicionaba su adopción a que ésta fuera global, para no perder competitividad frente a otras plazas financieras. Sin embargo, ante la creciente ira popular contra los cortes en los servicios públicos, los ministros de la eurozona podrían inclinarse a la adopción de un euro-FTT. La actual presidencia belga de la Unión Europea y la húngara de la primera mitad de 2011 son ambas favorables al FTT.

Los BRIC (Brasil, Rusia, India y China) se resisten, al igual que Canadá, a la idea de una resolución global que los obligue a aplicar un impuesto a su banca, que no está ni estuvo en crisis, pero no se opondrían a que lo hagan los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Corea del Sur, que será sede de la próxima reunión del G-20, ya aplica controles nacionales a los movimientos de capitales y sería menos hostil que Canadá a la idea de que la banca pague los costos de haber alentado una “economía casino”… pero apostando con el dinero de los demás.

Publicado: Jueves 15 de julio de 2010 - Agenda Global - Nº 158