La mejor estrategia para que los países del sur alcancen sus objetivos de desarrollo consiste en centrarse en un plan productivo para los diversos sectores y que el Estado desempeñe un papel clave en la coordinación de las actividades económicas generales, en especial el estímulo al sector privado nacional.

En realidad, estas ideas simples, que para la mayoría pueden parecer una mera cuestión de sentido común, han resurgido y es muy probable que se conviertan en la pieza central de un nuevo paradigma de desarrollo.

En las dos o tres últimas décadas, las potencias occidentales y las instituciones financieras internacionales han presentado a los países en desarrollo puntos de vista muy diferentes.

El enfoque ortodoxo –a menudo llamado “neoliberal”– postula que el gobierno debe ocuparse lo menos posible de la economía (privatizar las actividades del sector público, retirar el apoyo a los agricultores y productores locales y abrir la economía a la corriente de bienes, servicios y fondos extranjeros y al establecimiento de empresas extranjeras). Esto llevaría al crecimiento económico.

Los países que no dependieron de los préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial se libraron de seguir estas políticas.

Así, muchos países asiáticos pudieron combinar las políticas liberales con una fuerte presencia del Estado. Si bien se aflojó el abrumador predominio del Estado en algunas áreas y creció el papel de las empresas privadas, los gobiernos conservaron un fuerte papel rector en las políticas de inversión, financieras y comerciales.

Los planes de cinco años y las políticas nacionales para ciertos sectores (industria, agricultura, finanzas) son instrumentos que les dan a esos gobiernos un papel administrativo primordial en la economía. También ha sido decisiva su función de estimular al sector privado local a través de financiamiento, contratación y proyectos del sector público, incentivos y empresas conjuntas público-privadas.

Hay una apertura general a los inversionistas extranjeros, pero su actividad está regulada en cuanto a los sectores en los que van a participar. Esto procura asegurar que las empresas y agricultores locales no sean expulsados y que los beneficios sean compartidos con la economía nacional a través de impuestos, retención del valor agregado en la economía y transferencia de capacidades y tecnología.

También hay una apertura general al comercio, en especial en la utilización de las exportaciones para el crecimiento. Sin embargo, la liberalización de las importaciones está calibrada para ajustarse a las necesidades de la economía, permitiendo el abaratamiento de los insumos necesarios para la producción, a la vez de impedir que los productos nacionales queden relegados por las importaciones baratas.

Por el contrario, muchos países de África y América Latina siguieron las crudas recetas del enfoque neoliberal.

Abandonaron la planificación industrial y agrícola y retiraron la intervención directa del Estado en la producción, pero sin preservar al sector privado para que fuera capaz de mantenerse.

También redujeron sus aranceles de manera tan drástica que las importaciones baratas aplastaron a las industrias y a los agricultores locales.

Y lo que es peor, a muchos países africanos que alguna vez tuvieron un pujante sector de producción de alimentos, el FMI y el Banco Mundial les ordenaron que retiraran el apoyo gubernamental a los agricultores y bajaran sus aranceles.

Esto abrió la puerta a los alimentos altamente subsidiados, como los productos avícolas europeos y el arroz estadounidense, que inundaron el mercado africano.

La caída del crecimiento económico en esos países desincentivó la inversión de las empresas extranjeras, salvo para extraer minerales y madera.

Las décadas del desarrollo perdido, producto de seguir al Consenso de Washington, sumadas a la crisis financiera desacreditaron el “libre mercado” o modelo neoliberal.

Los países en desarrollo más pobres están constatando el fracaso de las políticas ortodoxas, con un papel minimalista del Estado. Y ahora procuran aprender de las políticas aplicadas por los países asiáticos más exitosos.

Mientras tanto, los países asiáticos están reviendo si es necesario volver a calibrar su modelo –o más bien sus modelos, ya que hay una diversidad de criterios en Asia– a la luz de la desaceleración económica mundial. En particular, ¿su crecimiento depende demasiado de las exportaciones a los países desarrollados y se han vuelto demasiado abiertos y vulnerables a las corrientes fluctuantes de fondos extranjeros?

El giro hacia una nueva estrategia de desarrollo resultó evidente en junio cuando el ministro de Comercio e Industria de Sudáfrica, Rob Davies, dictó una serie de conferencias en Ginebra en las que dio a conocer el nuevo plan de acción política industrial de su país.

Se necesita una nueva vía de crecimiento porque el antiguo modelo no funciona, como lo demuestra la tasa de desempleo del veinticinco por ciento, expresó Davies. Los regímenes de divisas y tipos de interés deben apoyar la nueva política industrial y el gobierno debe ofrecer financiamiento a las empresas a tasas favorables con condiciones como la creación de puestos de trabajo.

También habría que revisar la política de contratación pública para brindar mayores oportunidades económicas a los productores nacionales y debería haber una “política comercial para el desarrollo” en la que la fijación de los aranceles estuviera en consonancia con las estrategias para los sectores industriales.

Davies subrayó que el comercio y la política industrial deben hacer una contribución positiva a los objetivos de desarrollo y reveló planes sectoriales para impulsar la producción y construir nuevas industrias.

El ejemplo de Sudáfrica es una clara señal de que los países en desarrollo están asumiendo un mayor protagonismo, en el que el aumento de la producción local y la creación de puestos de trabajo son las prioridades.

Publicado: Jueves 22 de julio de 2010 - Agenda Global - Nº 159