A un mes del inicio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los países eufemísticamente llamados “menos adelantados”, los augurios no son alentadores. En Ginebra, el embajador de Bangladesh, representante de estos PMA ante la Organización Mundial de Comercio, hizo un pedido dramático de último momento: el 9 de mayo comienza en Estambul la Cumbre y llegar a ella “con las manos vacías” podría resultar en un desastre diplomático.

La respuesta fue negativa y no habrá ningún gesto simbólico para los países más vulnerables. Ni reducción de los subsidios de Estados Unidos al algodón, que dejan en la miseria a la zona del Sahel africano, ni ablandamiento de las trabas sanitarias que borran con el codo la promesa de acceso irrestricto a los mercados europeos para los productos de estos países.

Cuando el concepto de “países menos adelantados” fue acuñado por las Naciones Unidas en los años setenta para designar a aquellos estructuralmente más desfavorecidos -y no sólo a los de menores ingresos, como supone el Banco Mundial-, veinticuatro entraban en esta categoría. Hoy son cuarenta y ocho. En cuatro décadas sólo tres lograron “graduar” y pasar a ser simples países “en desarrollo”: Botswana, Cabo Verde y Maldivas.

“Que el número de PMA se haya duplicado es de por sí una prueba del fracaso de las políticas aplicadas”, dijo el nepalés Arjun Karki, coordinador de una red de organizaciones civiles activas en la preparación de la cumbre.

La mayoría de los PMA están en África, una docena en Asia del Sur y el Pacífico, y sólo uno, Haití, en el Hemisferio Occidental. Según los cálculos de la organización Social Watch, que monitorea políticas sociales en el mundo, la mayor parte de los PMA no alcanzarán en el año 2015 los Objetivos de Desarrollo del Milenio acordados por las Naciones Unidas.

Analizando los tres indicadores sociales más esenciales (mortalidad infantil, salud materna y enseñanza primaria), Social Watch concluye que más de la mitad de los PMA están retrocediendo o no registran ningún progreso. De los cuarenta para los cuales hay datos disponibles, treinta y uno redujeron más la mortalidad infantil en la última década del siglo XX que en los primeros diez años del nuevo milenio, a pesar de la reiteración de declaraciones internacionales en su favor.

Y esto ocurrió en una década donde, antes de la crisis financiera y económica mundial, en todas las regiones se registró crecimiento económico sin precedentes, altos precios de las materias primas y productos agrícolas exportados por los PMA y mayor inversión extranjera. Las circunstancias favorables de los nueve primeros años de la década pasada no se tradujeron en desarrollo, menos aún en desarrollo social, porque los países más ricos del mundo no cumplieron su parte del trato.

Un sistema de comercio internacional más justo, transferencia de tecnología, soluciones a largo plazo a los problemas de la deuda y más y mejor ayuda, todo esto fue prometido como parte de la meta número ocho de los Objetivos del Milenio, pero nada de ello se convirtió en hechos.

Y la situación empeoró cuando la crisis estalló en setiembre de 2008, no sólo por las consecuencias inmediatas y obvias de la recesión en los países que solían ser la locomotora de la economía mundial, sino también por “daños colaterales”, creados por algunas de las medidas anticrisis, condiciones desfavorables para los migrantes, recortes en los presupuestos de ayuda, subsidios a las industrias y servicios que son “demasiado grandes para quebrar” sin indemnización correspondiente para aquellos que son “demasiado pobres como para quebrar”.

Las mujeres suelen sufrir más el impacto de la crisis, en su esfuerzo adicional por sustituir con trabajo no remunerado la ausencia o el deterioro de los servicios sociales. Los niños, privados ahora de una alimentación y atención adecuadas, nunca se recuperarán por completo más tarde.

Los conflictos armados son un obstáculo evidente y muchos de los PMA sufren de la violencia y sus consecuencias. Pero los tecnócratas olvidan que el desarrollo es en sí mismo conflictivo y lo que se necesita es resolución no violenta de los enfrentamientos, mecanismos de arbitraje negociado que sólo un Estado legítimo, justo y respetado puede proporcionar.

Mientras se incubaba en silencio la insurgencia democrática que ahora exige justicia y dignidad en las calles de todo el mundo árabe, tanto el Informe sobre Desarrollo Humano de las Naciones Unidas como el informe Haciendo Negocios del Banco Mundial clasificaban en 2010 a Túnez entre los mejores de África.

Es imperioso, sostuvieron los voceros de la sociedad civil ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la semana pasada, un nuevo paradigma de desarrollo que no excluya la gobernanza democrática. La rendición de cuentas debe exigirse también, y tal vez en primer lugar, de los países poderosos y las instituciones internacionales. La facilidad con la que billones (millones de millones) de dólares fueron movilizados para rescatar al sector financiero tras el inicio de la crisis mundial contrasta con la avaricia y parsimonia en la asistencia a las  personas vulnerables.

No es realista, sin embargo, esperar que estos temas sean resueltos o siquiera discutidos en la Cumbre de Estambul, ciudad que antes se llamaba Bizancio y dio su nombre a las discusiones bizantinas que entretenían a los teólogos mientras el imperio se derrumbaba a su alrededor.

Publicado: Jueves 7 de abril, 2011 - 13 Año 2011