Las diferencias que se han suscitado entre países clave en las negociaciones comerciales de la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC) son tan vastas que resultan insalvables, al menos en uno de los principales sectores. Ha llegado el momento de decidir qué hacer: si seguir tratando de lograr un acuerdo este año, admitir el fracaso y suspenderlas, o algo intermedio.

Éste parece ser el mensaje que surge de un paquete de documentos de más de seiscientas páginas publicado el 21 de abril, que contiene informes sobre la situación de las negociaciones en nueve temas y un análisis del director general de la OMC, Pascal Lamy.

El viernes 29, se reunirán las delegaciones para realizar comentarios sobre los documentos y fijar posición sobre la última situación crítica.

La imposibilidad de lograr avances en las últimas semanas ha acentuado la sensación de estancamiento.

La conclusión ineludible es que estas negociaciones no concluirán en 2011, como había establecido los dirigentes políticos. Aunque se incumplieron varios plazos desde que comenzaron las negociaciones en 2001, ahora existe la firme sensación de que si no concluyen este año esto ya nunca ocurrirá, porque los acontecimientos políticos en 2012 -sobre todo las elecciones en Estados Unidos- impedirán llegar a un acuerdo.

El embajador brasileño Roberto Azevedo expresó en estos términos la frustración que producen las presiones de algunos países desarrollados: “Si prevalece este punto de vista (que los países en desarrollo tienen que hacer aún más concesiones), entonces no hemos llegado a la etapa final del juego sino que le hemos puesto fin al juego”.

En su análisis del 21 de abril, Lamy se había centrado en el tema de las reducciones de los aranceles industriales (conocido como NAMA, negociaciones sobre el acceso a los mercados para los productos no agrícolas, por sus siglas en inglés) y llegó a la conclusión de que las diferencias entre países desarrollados y grandes países en desarrollo (China, India y Brasil) “actualmente son insalvables”.

El problema concreto consiste en que Estados Unidos, en particular, exige que China, India y Brasil reduzcan sus aranceles a cero (o casi cero) en tres sectores: productos químicos, electrónica y maquinaria industrial.

Se supone que la super liberalización de estas “iniciativas sectoriales” es voluntaria, pero Estados Unidos pretende que sea obligatorio para los grandes países en desarrollo. Estos últimos, a su vez, creen que se los recarga injustamente con el peso de las negociaciones de la Ronda de Doha. Ellos ya deben reducir sus aranceles industriales de manera sustancial y esa carga extra perjudicaría seriamente a las industrias locales.

Sin embargo, es engañoso decir que las divergencias en torno a las iniciativas sectoriales son la causa de la crisis.

Por un lado, Estados Unidos ha expresado su aspiración de que los países en desarrollo también hagan más concesiones en otros sectores (agricultura y servicios). Por otro, a los grandes países en desarrollo les molesta ser señalados como los responsables de bloquear el acuerdo. Para éstos, las exigencias en materia de iniciativas sectoriales son la gota que desbordó el vaso y representan las graves desigualdades que caracterizan a todas las cuestiones del paquete de Doha.

Pese a que la Ronda de Doha se inició como un “programa para el desarrollo” con la promesa de que los intereses de los países en desarrollo serían centrales, irónicamente casi no queda ningún contenido de desarrollo en sus elementos. Esto resulta evidente a partir de la revisión de los documentos del 21 de abril.

El informe sobre la agricultura reafirma el texto de 2008, en virtud del cual a los países desarrollados se les permitirá continuar con sus elevadas subvenciones internas (aunque la naturaleza de las mismas puede cambiar). También pueden proteger a sus “productos sensibles” de drásticas reducciones arancelarias a través de una fórmula acordada.

En contraste, los países en desarrollo deben realizar una reducción de sus aranceles agrícolas más amplia que la de la ronda anterior de 1996. Y el nuevo mecanismo de salvaguardia especial que podrían utilizar estos países para evitar aumentos repentinos de las importaciones (que perjudican la producción agrícola local) es tan débil que prácticamente resulta inútil.

El informe sobre el NAMA reafirma el texto de diciembre de 2008, en virtud del cual algunos de los principales países en desarrollo deben reducir sus aranceles industriales en un cincuenta a setenta por ciento, mientras que las reducciones de los países desarrollados son de alrededor del veinticinco por ciento. Después de las reducciones, los países en desarrollo afectados por la fórmula acordada tendrán aranceles aplicados de un promedio de once a doce por ciento, lo que perjudicará sus industrias nacionales.

Además de estas obligaciones, de por sí onerosas, Estados Unidos, respaldado por otros países ricos, exige ahora que algunos países en desarrollo, principalmente China, India y Brasil, acepten la super liberalización en las “iniciativas sectoriales”.

El informe del 21 de abril muestra que los países en desarrollo también están siendo presionados para abrirse a la competencia extranjera en varias áreas del sector servicios, como finanzas, telecomunicaciones y comercio menorista. Pero los países desarrollados no están dispuestos a abrirse en los servicios de mano de obra. Muchos, de hecho, están ajustando su cupo de visas para trabajadores y profesionales extranjeros provenientes de países en desarrollo.

Resulta poco probable que en la reunión de la OMC del viernes 29 los países detengan por completo las negociaciones de la Ronda de Doha, aunque estén de acuerdo en que no es posible cumplir el plazo de 2011 para su conclusión.

Una opción sería la suspensión de las negociaciones de al menos algunos sectores, aunque la pregunta es cuándo se reanudarían.

Martin Khor, fundador de la Red del Tercer Mundo, es director ejecutivo de South Centre, una organización de países en desarrollo con sede en Ginebra.

Publicado: Jueves 28 de abril de 2011 - 16 Año 2011