La muerte de Osama Bin Laden ocupó los titulares de la prensa internacional durante varios días. Ahora se abre la discusión sobre las acciones que la provocaron y las dudas sobre su legalidad.

Funcionarios de Estados Unidos anunciaron inicialmente que el jefe de Al Qaeda había muerto en un tiroteo en la casa que ocupaba en Pakistán y que había utilizado a su esposa como escudo humano. Pocos días después se admitió que lo habían desarmado y que no había utilizado un escudo humano. Por otro lado, no había habido disparos contra las fuerzas estadounidenses, a excepción de una persona en la etapa inicial.

La muerte de Bin Laden se produjo unos días después del bombardeo de la OTAN a la casa del líder libio Muamar el Gaddafi, en el que habrían muerto un hijo suyo varios nietos.

Estos dos hechos, en Pakistán y Libia, ponen de relieve la cuestión de los asesinatos selectivos llevados a cabo por un organismo gubernamental en el territorio de otros países. Y plantea la discusión de si es legal que uno o varios estados maten personas, incluso dirigentes políticos, en otros estados.

Por ejemplo, cada vez más se utilizan aviones teledirigidos que, a miles de kilómetros de distancia, disparan misiles contra edificios y vehículos en los que se cree están las personas a las que se quiere eliminar, provocando importantes “daños colaterales”.

Los ataques con aviones no tripulados mataron a novecientos cincuenta y siete civiles en Pakistán el año pasado, según datos de la Comisión de Derechos Humanos de ese país, casi tantos como los mil cuarenta y un civiles muertos por ataques suicidas con bombas en el mismo año.
El alto número de muertes y víctimas civiles por ataques de aviones teledirigidos estadounidenses ha creado un gran rencor en Afganistán y Pakistán.

Estos días ha ido creciendo en todo el mundo el reclamo de mayor información sobre lo que realmente ocurrió durante el asalto a la casa de Bin Laden. Mientras, representantes de las Naciones Unidas para los derechos humanos también pidieron a Estados Unidos que divulgaran la totalidad de los hechos, incluso si había planes para capturarlo.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, pidió el esclarecimiento del asesinato, destacando que todas las operaciones de lucha contra el terrorismo deben respetar el derecho internacional.

Dos relatores especiales de las Naciones Unidas que informan al Consejo de Derechos Humanos, Christof Heyns y Martin Scheinin, emitieron una declaración conjunta el 6 de mayo en la que piden a Estados Unidos información sobre la muerte de Bin Laden.

Heyns, experto en ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y Scheinin, en la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, quieren valorar si el uso de la fuerza letal se atuvo a las normas internacionales sobre derechos humanos. En ciertos casos excepcionales podría hacerse un uso letal de la fuerza en operaciones contra los terroristas, señalan. “Sin embargo, la norma debería ser que los terroristas sean tratados como criminales sometidos a procesos legales de arresto, juicio y castigo definido judicialmente”.
Un informe de la agencia Reuters fechado el 5 de mayo en Nueva York señala que, según algunos expertos, la legalidad del comando que mató al líder de Al Qaeda es menos clara en el marco del derecho internacional. Y si bien el presidente Barack Obama aumentó su popularidad en su país, en otros lugares la acción planteó la preocupación de que Estados Unidos haya ido demasiado lejos “en su papel de gendarme, juez y verdugo del hombre más buscado del mundo”.

También el diario alemán Süddeutschen Zeitung expresó dudas sobre la legalidad del asesinato. “¿Qué ley contempla la ejecución de Bin Laden?”, se interroga el editor principal, Heribert Prantl. “La ley estadounidense exige que se lleve a cabo un juicio antes de establecer la pena de muerte. Las ejecuciones están prohibidas en los países donde rige el estado de derecho. La ley marcial tampoco cubre la operación de Estados Unidos. La decisión de matar al padrino del terrorismo fue política”.

El tema de los asesinatos selectivos se abordó en mayo del año pasado en un importante informe al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de Philip Alston, entonces Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, en el que se critica los ataques de aviones no tripulados dirigidos por la CIA que provocaron la muerte de cientos de civiles.

Alston, profesor de Derecho de la Universidad de Nueva York, sugirió que los asesinatos con aviones no tripulados conllevan el riesgo de convertirse en crímenes de guerra porque los organismos de inteligencia “no suelen operar en un marco que ponga un énfasis adecuado en asegurar el cumplimiento del derecho internacional humanitario”.

En términos más generales, el informe dice que los asesinatos selectivos han provocado un desdibujamiento y la problemática expansión de los límites de los marcos legales pertinentes: leyes de derechos humanos, leyes de guerra y uso de la fuerza entre los estados. “El resultado es el desplazamiento de las normas jurídicas con una ‘licencia para matar’ vagamente definida y la creación de un importante vacío de responsabilidad”, señala.

Cualquier norma que Estados Unidos intente aplicar a Al Qaeda podría ser invocada por otros estados para aplicarla a otros grupos armados no estatales, advierte el informe.

Un aspecto muy preocupante es el incumplimiento de los estados de su legislación sobre derechos humanos, así como de sus obligaciones internacionales en esta materia para ofrecer transparencia y rendir cuentas por los asesinatos selectivos.

A la luz de la creciente utilización de los asesinatos selectivos, habría que hacer un seguimiento serio de las cuestiones y propuestas planteadas en el informe de Alston de mayo de 2010.

Martin Khor, fundador de la Red del Tercer Mundo, es director ejecutivo de South Centre, una organización de países en desarrollo con sede en Ginebra.

Publicado: Jueves 12 de mayo de 2011 - 18 Año 2011