El rumor circuló fuerte después de la primera vuelta, en empresas grandes y chicas, locales o transnacionales, como una profecía inevitable: “Si gana Ollanta, las inversiones se irán y perderán su chamba. Ustedes vean”.  La otra opción en carrera –la que supuestamente garantizará los empleos que peligran– la encabeza Keiko Fujimori, hija del ex presidente preso por corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Esta estrategia, deliberada y perversa, busca camuflar el sentido político de los últimos procesos electorales. Si en el 2000 la campaña reeleccionista de Fujimori se planteó en términos de orden y estabilidad frente al caos y el violentismo encarnados por Toledo, en las elecciones del 2006 y las actuales la polarización estuvo marcada por el miedo al cambio de modelo económico. Siempre en contra de Ollanta Humala y su propuesta de transitar hacia una economía nacional del mercado.

A ello se abocaron los grupos de poder económico, representados por la mayoría de medios de comunicación, que convirtieron el “análisis electoral” en una cháchara a favor de la candidata del poder económico. Las discusiones “programáticas”, lejos de confrontar ideas y propuestas de gobierno, se centraron en descalificar el plan de Gana Perú, acusándolo de intervencionista, expropiador y antimercado.

Pero si algún miedo deben tener los trabajadores peruanos es precisamente a un eventual gobierno fujimorista. Porque aunque la candidata promete garantizar jornadas de ocho horas, aumentar el salario mínimo e intensificar la fiscalización laboral, lo cierto es que en su Plan de Gobierno leemos: “De la misma manera como al final de la década de 1990 promovimos normas de flexibilización laboral para los trabajadores agrícolas, implementaremos normas de excepción (sic) que abaraten el costo de contratar con el fin de elevar la oferta de empleo y el monto de las remuneraciones ofrecidas”.

Los trabajadores peruanos ya saben qué significa esto. Saben que con la “flexibilización laboral” sus derechos y beneficios sociales son inciertos o se ven disminuidos, que cada cierto tiempo tienen que renovar contratos, que sus vacaciones siempre serán más cortas que las de sus jefes, que el despido arbitrario seguirá siendo legal –como establece la Constitución de 1993–, que la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y las gratificaciones serán incluidas en el jornal diario para hacer más “competitivas” a las empresas, que las horas extras no siempre se pagan, pues reflejan el “compromiso” de los colaboradores, y un largo etcétera que no se quiere cambiar.

Lo que no todos saben es que esta flexibilización laboral –la que promueve la candidata Keiko Fujimori y permite que un sector importante de trabajadores “formales” laboren en condiciones precarias– es parte de la herencia dejada por Fujimori padre a los trabajadores peruanos, muchos de ellos jóvenes asustados por sus propios empleadores.

En un país donde los sindicatos son hostigados y las condiciones para reclamar mejoras salariales son escasas, por no decir nulas, el 5 de junio los trabajadores pueden vencer las campañas de miedo y cambiar esta situación.

Enrique Fernández-Maldonado Mujica es sociólogo peruano, editor de la revista Trabajo & Desarrollo, del Programa Laboral de Desarrollo (PLADES).

Publicado: Jueves 02 de junio de 2011 - 21 Año 2011