De la Gran Transformación a la Concertación Nacional
Ollanta Humala ganó las últimas elecciones liderando una propuesta electoral de cambio en democracia. Su programa original, denominada La Gran Transformación, pretendía expresar las demandas de cambio de un sector importante de la población que no se siente incluido en el Estado ni encuentra beneficios en el crecimiento económico. Para representar a estos sectores constituyó Gana Perú, alianza electoral compuesta en una primera etapa por el Partido Nacionalista y movimientos regionales, organizaciones sociales y la izquierda partidaria.

Esta situación cambió en la segunda vuelta. Humala giró al centro desde el punto de vista político y económico. Su propuesta original de la Gran Transformación fue reemplazada primero por el Compromiso con el País y luego con la Hoja de Ruta, en un intento por “moderar” su propuesta programática y reducir los anticuerpos en las clases medias y altas.

A favor suyo jugó el apoyo de peruanos ilustres, con Mario Vargas Llosa a la cabeza, y de los partidos perdedores de la primera vuelta (Somos Perú, Acción Popular, Perú Posible), algunos de ellos ideológicamente distantes del nacionalismo y la izquierda pero que terminaron impulsando un frente antifujimorista. Ollanta capitalizó la polarización y denominó a su nuevo proyecto “concertación nacional”.

Estos apoyos explican, en parte, la conformación del primer gabinete. La convocatoria de técnicos y políticos con visiones y experiencias de trabajo disímiles, y en algunos casos antagónicos, generó suspicacias y críticas en varios frentes. Lo que para la derecha económica y política es un gesto de confianza hacia la inversión privada, para otros sectores el nombramiento de tecnócratas neoliberales en ministerios clave, como el de Economía y Finanzas, representa la continuidad neoliberal en el manejo económico y el rol del Estado.

El discurso de toma de mando aclarará el rumbo que tomará el nuevo gobierno. Por lo menos en esta primera etapa, en que las fuerzas políticas y los grupos de poder buscarán reubicarse en las esferas de toma de decisiones en materia de políticas públicas y control del Estado.

¿Qué implica un gobierno de Concertación Nacional?

Ollanta Humala presentará su primer gabinete como expresión de un gobierno de concertación nacional. La designación de tecnócratas formados en organismos multilaterales como ministros de Gana Perú, conjuntamente con profesionales liberales y de izquierda, tendría un objetivo político específico, varias veces explicitado en sus últimas intervenciones como presidente electo: garantizar la continuidad del crecimiento económico, pero con inclusión social.

Bajo esta lógica, la composición variada del gabinete reflejaría –en el papel– la pluralidad de intereses sociales y corporativos que conforman el tejido social, sin que esto signifique, ni remotamente, un reparto equitativo del poder político e institucional.

¿Qué implica realmente un gobierno de concertación nacional? ¿En qué acuerdos institucionales se sustentaría una gestión pública basada en la convergencia de intereses sociales, económicos y políticos?

El Perú no es un país con tradición de concertación social. Su historia republicana está plagada de rupturas constitucionales y dictaduras. Los cortos periodos de vigencia del régimen democrático se han caracterizado por mantener estructuras económicas y sociales que socavan su propia base e impiden la realización de las mayorías en una ciudadanía social y política. Esto se ve reflejado en el agotamiento del actual sistema político, y económico, para resolver “institucionalmente” la conflictividad social que genera un sistema económico concentrador y poco distributivo.

En los últimos treinta años se han intentado una serie de experiencias de concertación social pero sin mucho éxito. En los ochenta este objetivo fue impulsado por Alfonso Grados Bertolini, ministro de Trabajo del segundo gobierno de Fernando Belaúnde, con la constitución del Consejo Tripartito de Trabajo, un órgano consultivo inspirado en los modelos de concertación social europeos y compuesto por representantes de los empresarios, los trabajadores y el Estado.

La fórmula del tripartismo se retomó casi veinte años después, durante el gobierno de Alejandro Toledo. La conformación en el 2001 del Consejo Nacional del Trabajo tenía por fin restituir derechos laborales básicos conculcados durante el fujimorismo. A pesar de su importancia, este espacio no ha facilitado acuerdos institucionales sostenibles y aceptados por los sectores implicados. La falta de voluntad para aprobar una nueva ley general del trabajo tiene su contracara en la permanencia de una institucionalidad laboral que acentúa la asimetría de poder entre el capital y el trabajo.

Durante ese mismo periodo se constituyó el Acuerdo Nacional, la más importante iniciativa de concertación social en el Perú. Su conformación se dio en un periodo clave en la historia política reciente: el inicio del proceso de transición a la democracia.

A diferencia del Consejo Nacional del Trabajo, el Acuerdo Nacional incorpora, además de los gremios laborales y empresariales, a partidos políticos, representantes de iglesias y organizaciones de la sociedad civil. Su agenda es más amplia y plantea múltiples objetivos en las diversas dimensiones de la gestión pública.

Otro espacio de concertación social surgido en los primeros años de la transición fueron las Mesas de Lucha contra la Pobreza, pero asentadas en el ámbito local y en relación con organizaciones sociales de base.

Casi una década después podemos afirmar que se trató de experiencias de reducido impacto y alcance limitado. Por un lado, ninguna política pública de trascendencia se adoptó en estos espacios de concertación social (los TLC, por ejemplo). Tampoco se asumió como una instancia de deliberación política para acordar cambios a la Constitución de 1993 surgida de un golpe de Estado, a pesar de los ofrecimientos electorales de fuerzas políticas como el Apra. No fueron plataforma de reformas importantes para garantizar el financiamiento de la educación y la salud, para la cual se necesitaba un nuevo acuerdo tributario y distributivo. A la postre, estos espacios legitimaron como “democráticos” los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García, cuando decisiones clave que afectaban a sectores sociales se tomaron discrecionalmente o en “coordinación” con los grupos de poder económico, principalmente en el terreno de las industrias extractivas.

Es probable que Ollanta Humala anuncie en su discurso inaugural la creación del Consejo Económico y Social, una iniciativa incluida en sus tres documentos programáticos. No queda del todo claro qué forma adoptaría, su alcance, conformación y objetivos. Tampoco en qué se diferenciaría de los espacios de concertación social existentes, como por ejemplo el desfalleciente Acuerdo Nacional.

Lo cierto es que existe una serie de medidas cruciales que tocarán nervios de importantes intereses económicos y corporativos. La implementación de programas sociales como Pensión 65, Cuna Más, el aumento del salario mínimo y la revolución educativa, entre otros probables anuncios, requieren necesariamente un aumento de la presión tributaria, muy por debajo en el Perú del promedio regional. El ofrecimiento de aplicar un impuesto a las sobreganancias mineras aparece como la principal fuente de recursos para extender el gasto social y emprender reformas clave en el Estado y la economía.

Queda por ver si los gremios empresariales, hoy sensibles a la demanda de inclusión social de la población, son capaces de consensuar un sistema de tributación progresivo. Y también si los partidos políticos y organizaciones sindicales están en condiciones de encauzar las protestas y conflictos sociales provocados por la permanencia –esperamos que temporal– de los patrones de crecimiento y acumulación vigentes desde hace veinte años.

Encrucijadas

La confirmación del primer gabinete del gobierno de Gana Perú intenta expresar la voluntad del presidente de formar un gobierno de todas las sangres. Atrás quedó el discurso radical de las elecciones del 2006, claramente ubicado a la izquierda en el espectro político.

Algunos han leído estas movidas como una estrategia militar: la necesidad de neutralizar al enemigo mientras se conoce el terreno. Por un lado se tranquiliza a los “mercados” y se limita su capacidad de presión mediática, al tiempo que se aprende el manejo del Estado y se acumula fuerzas para el momento de impulsar reformas de fondo.

No será un proceso fácil. El nuevo gobierno enfrentará un escenario internacional sombrío por la crisis económica en Estados Unidos y Europa, en medio del embalse de expectativas y demandas sociales largamente desatendidas por los últimos gobiernos. De cómo maneje Ollanta Humala el conflicto y la pugna distributiva dependerá el éxito no sólo del gobierno sino del régimen democrático.

Publicado: Viernes 29 de julio de 2011 - 29 Año 2011