El intento de la Unión Europea de imponer gravámenes a las aerolíneas sobre la base de los gases de efecto invernadero que emiten en los vuelos que entran y salen de los aeropuertos europeos está incubando una guerra comercial.

Varios países cuyas compañías aéreas se verían afectadas, como China, India, Malasia, Nigeria, Sudáfrica, Egipto, Brasil y Estados Unidos, consideran que se trata de una medida desleal o ilegal, o ambas.

Como sus protestas no obtuvieron resultados, funcionarios de veintiséis países se reunieron esta semana en Moscú para discutir una medida de represalia contra la Unión Europea.

La medida europea, que tuvo efecto a partir del 1 de enero, y las medidas de respuesta de los países afectados constituyen la primera escaramuza internacional en torno a si los países pueden o deben adoptar medidas comerciales unilaterales con el argumento de combatir el cambio climático.

Los países en desarrollo, en particular, se han mostrado preocupados por los crecientes indicios de que los países desarrollados se preparan a adoptar medidas proteccionistas para gravar o impedir el ingreso de sus mercancías y servicios argumentando que la producción de esos bienes o la realización del servicio emiten un volumen de gases de efecto invernadero que está por encima de lo aceptable.

Además del caso de las aerolíneas, la Unión Europea y Estados Unidos planean la aplicación de varias otras medidas que afectarán el costo de las exportaciones de los países en desarrollo. De hecho, las medidas comerciales vinculadas al cambio climático pueden convertirse en las principales nuevas fuentes de proteccionismo.

El impuesto europeo a las emisiones de los aviones es, por lo tanto, un caso de prueba importante, y esto podría explicar la respuesta airada y coordinada de los países en desarrollo, que forman la mayoría de los veintiséis que cuestionan la medida.

Especial irritación produjo el hecho de que la Unión Europea imponga un impuesto a las emisiones del vuelo total de una aerolínea, y no sólo a la parte que circulan en el espacio aéreo europeo.

La medida logra tener efecto al incluirla en el sector de la aviación del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea. Cuando las aerolíneas superen un cierto nivel de asignación gratuita, deberán comprar permisos de emisión dependiendo de la cantidad emitida durante los vuelos. Como las asignaciones gratuitas se van reduciendo en los años siguientes, el costo a ser pagado también aumentará, encareciéndose así el precio de los pasajes y del transporte de bienes, lo que afectaría la rentabilidad o incluso la viabilidad de las compañías aéreas.

La Asociación de Transporte Aéreo de China ha estimado que las aerolíneas chinas tendrían que pagar ciento veintisiete millones de dólares en 2012, el primer año de aplicación del régimen europeo, y que para 2020 el costo se triplicaría.

El costo total para todas las aerolíneas en 2012 se estima en quinientos millones de dólares, calculado al precio del carbono de la semana pasada, de 5,84 dólares la tonelada, según Reuter Thomsom Carbon Point. En setiembre pasado, cuando el precio del carbono estaba a doce dólares la tonelada, había estimado que el costo sería de unos 1,100 millones de dólares en 2012, y que aumentaría a 10,400 millones en 2020. Si bien esto podría generar muchos recursos para Europa, las compañías aéreas de los países en desarrollo tendrían que pagar una enorme cantidad de dinero.

Hay numerosos motivos que justifican los temores de los países afectados, como explicó la especialista india en derecho comercial R.V. Anuradha, en su documento sobre Medidas unilaterales y cambio climático.

Como todos los países tienen soberanía en el espacio aéreo sobre su territorio (reafirmado por la Convención de Chicago), el impuesto de la Unión Europea basado en segmentos de vuelo que no son espacio aéreo europeo, infringe el principio de soberanía.

El Protocolo de Kioto de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático establece que las partes del Anexo 1 (los países desarrollados) procurarán aplicar medidas sobre las emisiones de los aviones a través de la Organización de Aviación Civil Internacional u Organización Internacional de Aeronáutica Civil (OACI). Coherente con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, sólo los países del Anexo 1 están obligados a tener objetivos jurídicamente vinculantes. Este principio del Protocolo resulta violado por el requisito de la Unión Europea que afecta a las aerolíneas de países desarrollados y en desarrollo por igual.

Los miembros de la OACI han estado discutiendo pero aún no llegaron a un acuerdo acerca de la aplicación de medidas para limitar las emisiones de la aviación. En octubre, veinticinco países emitieron un documento en protesta contra la medida de la Unión Europea. Mientras Estados Unidos ha impugnado la medida europea ante un tribunal europeo, China ha ordenado a sus aerolíneas no cumplir con el régimen europeo a menos que el gobierno las autorice.

Además, los veintiséis países están considerando la aplicación de medidas de represalia como imponer gravámenes a las líneas aéreas europeas y revisar los acuerdos con países europeos sobre derechos de acceso y aterrizaje.

Lo que está ocurriendo con este caso de la aviación es significativo porque hay muchas otras medidas unilaterales vinculadas al cambio climático que los países desarrollados tienen en lista de espera. Algunas de ellas están en el plan de la Unión Europea por imponer costos a las emisiones del combustible utilizado en el transporte marítimo, una ley del Congreso de Estados Unidos que impone cargos a las importaciones con uso intensivo de energía provenientes de países en desarrollo que no tienen controles de emisiones similares a los de Estados Unidos, y varios regímenes que abarcan etiquetas y normas vinculadas a las emisiones.

De aplicarse esas medidas unilaterales, entonces los países en desarrollo se sentirán realmente victimizados por un problema –el cambio climático– que históricamente ha sido causado por los países desarrollados. Y además, esto provocará una creciente crisis tanto del régimen del cambio climático como del régimen del comercio multilateral.

Martin Khor, fundador de la Red del Tercer Mundo, es director ejecutivo de South Centre, una organización de países en desarrollo con sede en Ginebra.

Publicado: Viernes 24 de febrero de 2012 - 54 Año 2012