Este año se conmemora el vigésimo aniversario de la Cumbre de la Tierra –llamada Cumbre de Río, porque se realizó en Río de Janeiro– y que constituye uno de los eventos más trascendentales de la historia, pues fue en el marco de este encuentro que se convocó a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. En dicho evento participaron representantes de ciento setenta y dos países del mundo a fin de discutir, por primera vez en una reunión de alto nivel, el tema del desarrollo sostenible. Entre los acuerdos logrados en esa conferencia está la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo y un programa de acción llamado la Agenda 21, en la que se abordaron las dimensiones sociales, económicas y ambientales de cara al problema de pobreza, exclusión y de deterioro del medio ambiente. También se establecieron acuerdos en temas importantes como la diversidad biológica, protección de bosques y cambio climático.

Luego vendría la reunión realizada en Johannesburgo en el 2002, en la llamada Cumbre de Río+10 a modo de hacer una revisión de los avances realizados a diez años de los acuerdos originales y establecer nuevos compromisos hacia adelante. Para los movimientos sociales esa cumbre fue un fracaso debido a lo pobre del contenido de los acuerdos y los compromisos poco concretos alcanzados en aquella oportunidad. Esta vez, la Cumbre de la Tierra regresa a la ciudad brasileña con el nombre de Río+20 y, en el mismo sentido que tuvo la conferencia anterior, se evaluarán los progresos y los nuevos retos para alcanzar el desarrollo sostenible, pero con la diferencia saltante que uno de los temas a tratar será el de la llamada “economía verde”.

Esta idea fue planteada por primera vez en 1989 por un grupo de investigadores y luego es adoptada por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en el año 2009, incorporando el concepto y sus principios en los documentos oficiales como un componente principal para avanzar en el camino hacia el desarrollo sostenible. La economía verde es definida como “un sistema de actividades económicas relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios que resulta en mejoras del bienestar humano en el largo plazo, sin, al mismo tiempo, exponer a las generaciones futuras a riesgos ambientales y escasez ecológicas significativas”. Sin embargo, esta nueva propuesta ha recibido muchas críticas, sobre todo desde la sociedad civil internacional, que ve en la economía verde una forma de lograr que se reaviven los viejos esquemas de producción, comercio y consumo, y a la vez se convierta en una oportunidad para los grandes negociados a costa de la naturaleza. No es coincidencia que la economía verde se plantee poco después del estallido de la crisis financiera mundial.

La economía verde está basada en el crecimiento económico –similar al crecimiento verde planteado por la Organización Mundial del Comercio (OMC)– y se sustenta en la premisa de que los recursos naturales constituyen el capital natural que debe ser conservado en convivencia con toda actividad económica. En ese sentido, el PNUMA define diez sectores como los prioritarios para transitar hacia el “enverdecimiento de la economía”, entre ellos agricultura, pesca, energía renovable, industria, construcción, transporte y turismo.

Una primera crítica que se desprende de lo anterior es la persistencia de mantener el crecimiento de la producción y el consumo a lo largo del tiempo, lo que supone el carácter ilimitado de uso y aprovechamiento de los recursos, cosa que no es así. No basta con sólo reemplazar sectores más contaminantes por los menos contaminantes, sino que hay que establecer límites para no sobrepasar la capacidad que tiene la naturaleza de regenerarse.

El otro tema de controversia es la forma en que se pretende llegar a que las inversiones estén dirigidas a estos “sectores verdes”, lo que se hará a través del uso de instrumentos y mecanismos que sirvan de incentivo para actividades amigables con el medio ambiente y a la vez desincentiven la incursión en la economía “marrón”. Pero existen muchas dudas respecto a la valoración que se hace de los impactos de las actividades económicas sobre el medio ambiente, puesto que considerar a la naturaleza como un “capital” no hace más que reforzar la idea de mercantilización de los recursos.

La Cumbre de Río+20 pretende legitimar la adopción de un nuevo patrón de crecimiento económico basado en actividades supuestamente más orientadas al desarrollo sostenible y ya ha recibido el apoyo del G-20. Sin embargo, la forma en que están planteadas y dirigidas algunas de las propuestas en sectores muy específicos y sensibles –como el cambio de la matriz energética– afectaría en gran medida a regiones con gran riqueza natural como Latinoamérica. Nuestro país es uno de los territorios privilegiados en cuanto a biodiversidad se refiere, pero también muy vulnerable frente a las consecuencias que puede traer el calentamiento global.

El riesgo al cual el Perú está expuesto por la mayor ocurrencia de desastres y la escasez de agua debido al cambio climático puede exacerbarse si no hay una política adecuada sobre aquellos sectores económicos que pretendemos impulsar en medio de este panorama. En ese sentido, cualquier intento por promover nuestra riqueza natural, histórica y cultural puede verse seriamente amenazado si toda actividad productiva que se realice no toma en cuenta un manejo adecuado de nuestros recursos y el respeto por la dignidad de las personas.

La Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental a realizarse en paralelo a la Cumbre de las Naciones Unidas nos plantea a la sociedad civil el reto de seguir analizando y tomar una posición respecto al modelo económico que queremos de modo que se asegure la disponibilidad de recursos para las generaciones futuras en una situación de equidad y bienestar para todos.

* Rodolfo Bejarano es economista, miembro del equipo de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd) – Perú.

Publicado: Viernes 13 de abril de 2012 - 61 Año 2012