Algunos esperan que  Río+20 sea el mayor acontecimiento en la historia de las Naciones Unidas y una oportunidad sin precedentes para reducir la pobreza, avanzar en equidad social y asegurar la protección ambiental del planeta en las próximas dos décadas.

Reducción de la pobreza, equidad social y protección ambiental son palabras que suenan muy bien para aquellos que están preocupados por el desarrollo sostenible de la Amazonía y de la gente que vive en ella. Si bien la Amazonía ocupa apenas 1.3 por ciento de la superficie total del planeta, representa el 10 por ciento de las especies, el 20 por ciento de agua de los ríos y el 50 por ciento de los bosques tropicales del mundo. Además, la Amazonía cumple importantes funciones ecológicas regionales y globales como el transporte de agua del Atlántico a los Andes, la exportación de calor, el transporte de sedimentos y la fijación de CO2. Entonces, no cabe duda que lo que se concluya en Río+20 será de suma importancia para la Amazonía; pero también para el planeta es de suma importancia lo que pase en la Amazonía durante los siguientes 20 años.

Sin embargo, parece que los bosques no son suficientemente importantes para Río+20. Al menos eso se deduce del «borrador cero» del documento denominado “El Futuro que Queremos” donde apenas le dedican 50 palabras a los bosques. Y eso que este documento, se espera, será la gran conclusión de la conferencia internacional de junio. Parece que poco interesa que los bosques representen el 31 por ciento del área total de la Tierra; que más del 25 por ciento de la población dependa de dichos espacios para su subsistencia; que sean uno de los depósitos más importantes de diversidad biológica terrestre;  y tampoco importa que ahora los servicios de los ecosistemas forestales sean considerados claves en la lucha contra el cambio climático.

Desafortunadamente, esta no es historia nueva. Los bosques han sido uno de los temas más difíciles desde hace 20 años. En la Cumbre de la Tierra del 1992 no se pudo lograr una convención sobre bosques ni un acuerdo jurídicamente vinculante, sino que apenas se alcanzó una “declaración autorizada», sin fuerza jurídica obligatoria, de principios para un consenso mundial respecto  a la «Ordenación, la Conservación y el Desarrollo Sostenible de los Bosques de todo tipo». Si bien luego se ha creó un foro intergubernamental sobre los bosques; después un panel  intergubernamental sobre los bosques; y más tarde un Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, en todo este camino ha sido imposible aplicar ni siquiera un instrumento jurídicamente no vinculante sobre todos los tipos de  bosques.

Lo que plantea Río+20 para los bosques es apoyar  los marcos de políticas e instrumentos de mercado para hacer frente a la deforestación y la degradación de tales espacios y promover el uso y manejo sostenible de los bosques, así como su conservación y restauración. Nada de esto es nuevo, por cierto. Así mismo, Río+20 espera hacer un llamado a la urgente aplicación del instrumento jurídicamente no vinculante en todos los tipos de bosques. Además, la cumbre de junio plantea una economía verde como un medio para lograr el desarrollo sostenible; que proteja y mejore la base de recursos naturales, aumente la eficiencia de los recursos, promueva el consumo y producción sostenibles, y lleve al mundo hacia un desarrollo bajo en carbono. El tratamiento que le da la economía verde a los bosques es el carácter de un activo natural que forma parte de un capital natural a nivel de ecosistemas.

Hay quienes ven en la economía verde una oportunidad para los bosques; pero no todos piensan así, pues también hay muchos otros que ven a esta propuesta como una gran amenaza que se cierne sobre los bosques. Los primeros confían que el sector forestal podrá desempeñar un rol clave en las futuras “bio-economías” y que ello brindará una oportunidad a iniciativas como la certificación del aprovechamiento sostenible de los bosques. Una de las bio-economías de más auge es la producción de combustible a partir de biomasa (plantas) al punto que se considera a ésta como una fuente renovable de energía.

No obstante, lo que se pueda considerar renovable no es necesariamente sostenible, más aun si para ello se tiene que talar o destruir el bosque. Por otro lado, también están los que piensan que la economía verde puede desencadenar una carrera por la apropiación de los bosques y sus valores, así como profundizar la mercantilización de la naturaleza. Es por este camino de ideas por el que está transitando la principal organización indígena de la cuenca amazónica. Nos referimos a la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

Pero también se reclama que los bosques demandan mucho más que una economía verde. Por el contrario, lo que se requiere es consolidar las capacidades de las comunidades locales y pueblos indígenas para asegurar y gestionar sus territorios. Desde el año pasado, varios estudios han hecho referencia al significativo aporte que hace la gestión comunitaria e indígena de los bosques para la biodiversidad, la lucha contra la deforestación y la reducción de los incendios forestales.

Entonces, tal como se presentan las cosas, es muy probable que Río+20 no sea una oportunidad sin precedentes para la Amazonía ni para los bosques en general -y tampoco para las comunidades locales y pueblos indígenas. Ese 25 por ciento de la población del planeta que depende de los bosques tiene suficiente derecho para ver con escepticismo que de Río+20  puedan surgir mejoras significativas en la reducción de la pobreza; el avance hacia una equidad social; o  la protección ambiental del planeta.

* Integrante de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales ( DAR) y del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC).

Publicado: Viernes 25 de mayo de 2012 - 67 Año 2012