La institucionalidad democrática peruana es precaria, sin un adecuado nivel de balances y contrapesos entre los diferentes poderes del Estado. Un ejemplo muy concreto de esto es como prevalece el Poder Ejecutivo sobre el Legislativo a través de las aprobadas facultades para legislar. La participación y la deliberación sobre las decisiones más importantes del país se siguen restringiendo; la presencia de las organizaciones de la sociedad civil empieza a retroceder.

A esto puede sumarse la debilidad frente a la penetración desde determinados grupos. Por ejemplo, los condicionamientos que plantean las industrias extractivas o las circunstancias en las que renuncia la viceministra de Pesquería, Patricia Majluf, quien denunció actos de corrupción y la presencia de intereses de grupo que vienen de las gestiones anteriores. En determinados ámbitos de la economía y la producción puede hablarse, pues, de captura del Estado.

El papel del Poder Ejecutivo

Tras la caída del gabinete Lerner, la participación empieza a ser vista como un síntoma de debilidad (para el caso del tratamiento de los conflictos sociales) o como un lastre  que disminuye la eficacia de la gestión gubernamental. Por ejemplo, en la reforma de los programas sociales que se viene operando “en la práctica” sin la presencia de las organizaciones sociales.

En materia anticorrupción es loable el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en particular desde la Procuraduría Anticorrupción que inició sus actividades haciendo un reordenamiento interno. Se estableció una tipología de casos para la carga de denuncias que tiene, priorizando la afectación al erario público y la jerarquía de los funcionarios implicados. Los embargos para hacer efectivo el pago de la reparación civil a sentenciados por corrupción es la acción de mayor impacto mediático y la que permitió reposicionar en el escenario público la lucha contra la corrupción. Sin embargo, no es mérito a ser el modelo peruano de lucha contra la corrupción.

En la Presidencia del Consejo de Ministros, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, por su parte, esta imbuida en el esfuerzo de sacar adelante el Plan Nacional Anticorrupción 2012–2016. no solo con los aportes de las instituciones que la integran sino también en diálogo con diferentes sectores de la sociedad civil.

Las precariedades en el Congreso

El Congreso es el espacio en el que deben procesarse las mayores contradicciones nacionales. Sin embargo, éstas se resuelven en las calles, tendencia que se viene profundizando y corre en paralelo con el descrédito de la política en el país.

La primera constatación es que la energía del mensaje presidencial no guardaba coherencia con el accionar parlamentario de su bancada y la de sus aliados. La promesa de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción sigue durmiendo el sueño de los justos.

Otro elemento a destacar es la precaria articulación interna del oficialismo y aliados para trabajar los temas de agenda parlamentaria. Esto cobra particular relevancia en la implementación de la megacomisión conducida por Sergio Tejada y que investiga al gobierno de Alan García, la que enfrentó una serie de dificultades, desde logísticas hasta políticas. Sin embargo, y a pesar de estos inconvenientes, los resultados de la misma han permitido encontrar responsabilidades hasta en quince funcionarios de distintos niveles.

Elementos para un balance

A continuación, un breve recuento en materia anticorrupción:

* Las principales promesas electorales en materia de lucha contra la corrupción, como la imprescriptibilidad de los delitos de gran corrupción o la inhabilitación perpetua para ejercer función pública para condenados por corrupción, no se han cumplido.

* No se cuenta a la fecha con un Plan Nacional Anticorrupción respaldado por norma que haga obligatorio su cumplimiento.

* Un conjunto de medidas, procedimentales en su mayoría y sin un mayor nivel de coordinación intersectorial, dan cuenta que la lucha contra la corrupción no es central para el actual gobierno.

* Las acciones que realiza la Procuraduría Anticorrupción aún no ha sido institucionalizado mediante norma y, ante cambios de dirección, la dinámica que se tiene puede perderse.

* Se ha promulgado un nuevo marco legal para el tratamiento del Lavado de Activos y la Pérdida de Dominio.

* Se viene implementando el “Registro de visitas en línea”, a través de los portales en Internet de las entidades públicas, y que fue propuesta por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, permitiendo elevar el nivel de transparencia de la función pública.

Existen esfuerzos en materia de lucha contra la corrupción de parte de los órganos sectoriales. Algunos de éstos fácilmente pueden ser desmontados en el mediano plazo al no haber sido institucionalizados.

* Coordinador de la Red Jubileo Perú.

Publicado: Viernes 14 de setiembre de 2012 - 83 Año 2012