La agenda de la reforma financiera en ciernes recibió un nuevo golpe cuando los reguladores estadounidenses anunciaron un retraso en la ejecución de las reformas al régimen de requisitos de capital bancario acordado hace casi dos años por el G-20. Con esto, Estados Unidos está a punto de unirse a las diecinueve jurisdicciones -de veintisiete- representadas en el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea que no han incorporado las reformas, conocidas como “Basilea III”, en su ordenamiento doméstico.

Es cierto que, según el último informe sobre la aplicación emitido por el Consejo de Estabilidad Financiera, Estados Unidos es uno de los países que ya han implementado “Basilea II.5”. De hecho, los reguladores estadounidenses presentaron una propuesta de norma para implementarla en 2011, y en junio pasado se aprobó una regla final.

Basilea II.5 refiere a un conjunto de reformas en el marco de los requerimientos de capital aprobados después de la crisis financiera que se espera que entren en vigor antes que el resto de los cambios incluidos en el Acuerdo de Basilea sobre requisitos de capital bancario. Por lo tanto, tenían un plazo más corto, originalmente a fines de 2010 (en 2011, el G-20 se comprometió a implementarlos a fines de ese año).

Este conjunto de reformas centra los cambios en cómo los bancos ponderan los riesgos de las operaciones bursátiles. Entre otras cosas, los ajustes en Basilea II.5 requieren algunas salvaguardias en los modelos que los bancos utilizan para medir el riesgo y ciertas divulgaciones con respecto a los mismos, en particular en lo que respecta a las actividades de titulización.

Es necesario reconocerles a los reguladores estadounidenses que la implementación de Basilea II.5 les exigió enfrentar un desafío que la mayoría de las otras jurisdicciones sólo están en etapas tempranas de enfrentar, es decir, la forma de reducir la dependencia de las evaluaciones de las agencias calificadoras de riesgo.

Durante la crisis, la acumulación de activos considerados “libres de riesgo” -porque así lo dijeron las agencias calificadoras de riesgo-, pero que más tarde se demostró que eran susceptibles de graves riesgos, se volvió contra los bancos. Así, una de las reformas que el G-20 acordó fue reducir el uso de estas agencias como medidas aceptables de la calidad de los activos. Encontrar una alternativa no es tan fácil, y es por eso que el mandato del G-20 sigue siendo una aspiración para la mayoría de los países. (El G-20 ha publicado recientemente una “hoja de ruta” para la aplicación de este mandato).

Debido a que la legislación Dodd-Frank prohíbe en Estados Unidos referencias normativas a las agencias calificadoras de riesgo, esquivar el tema no era una opción. Y es por esto que este país contempla algunas alternativas para la implementación de Basilea II.5.

Pero las reformas recomendadas en el marco de Basilea III se incluyeron en el proyecto de reglamento emitido para comentarios recién en junio de este año. La fecha límite para comentarios del 7 de setiembre se amplió posteriormente a octubre, con una reglamentación definitiva anunciada para entrar en vigor en enero de 2013.

Sin embargo, el 9 de noviembre, los reguladores anunciaron que la publicación de la norma final y su implementación han quedado en suspenso. En su comunicado citan entre los motivos el “volumen de comentarios recibidos y la amplia gama de puntos de vista expresados durante el período de comentarios”.

Se opusieron a las normas decenas de comunidades y pequeños bancos en Estados Unidos que se quejan de que la carga resultante les obligará a recortar los préstamos y, en particular, los créditos hipotecarios.

El argumento en este último punto era que los costos operativos y de cumplimiento derivados de la ponderación del riesgo de los préstamos hipotecarios residenciales son inalcanzables para los prestamistas de ese tamaño. Se espera que los riesgos más altos conduzcan a mayores demandas de capital que también serán una carga demasiado pesada para los pequeños bancos.

Las aseguradoras que realizan préstamos y compañías de ahorro también se encontraban entre los grupos que se quejan de las reglas. Según los informes, éstas también están buscando exenciones de lo que dicen es la aplicación inadecuada de normas centradas en el modelo bancario a empresas dedicadas a la actividad aseguradora.

Sin embargo, el ataque a Basilea III no proviene solo de las empresas.

Thomas Hoenig, director de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, abiertamente hizo un llamado para volver a la mesa de negociaciones: “Dado el cuestionable desempeño de las previas normas de capital de Basilea y las complejidades introducidas en Basilea III, las autoridades de supervisión deben repensar cómo se establecen las normas de capital…, empezar de nuevo ofrece la mejor oportunidad de producir un mejor resultado”.

Al adoptar este punto de vista, Hoenig en realidad se hizo eco de los recientes comentarios realizados por Andrew Haldane, del Banco de Inglaterra.

Hay un montón de razones para estar de acuerdo con aquellos que critican el modelo de Basilea. Los inconvenientes en el modelo no se abordan realmente en la iteración Basilea III que, a la inversa, en algunos casos hasta las afianza.

Pero tales preocupaciones reales y justificadas en este caso proporcionan una cubierta para los mayores ganadores en la demora en la ejecución. Éstos son los gigantes financieros que se han concentrado aún más desde la crisis y cuyos beneficios se verán afectados por las nuevas normas de capital.

Por ejemplo, la intervención de Hoenig se debe situar en el contexto de su presentación completa, donde asume la posición de que la principal fuente de riesgo es la falta de una separación entre operaciones bursátiles y actividad propiamente bancaria. Sin embargo, los grandes bancos han hecho todo lo posible para derrotar un enfoque mucho menos radical a este problema plasmado en la llamada “regla Volcker”. (Esta propuesta de ley de reforma del sistema bancario lanzada por el gobierno de Barack Obama en 2010, que consiste en limitar el tamaño de los bancos y restringir sus actividades de riesgo, recibe su nombre del ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Paul Volcker.)

Jamie Dimon, de JP Morgan, ampliamente reportado en los comentarios del año pasado, calificó el acuerdo de Basilea de antiestadounidense. “Estoy muy cerca de pensar que Estados Unidos no debería estar más en Basilea. No habría estado de acuerdo con normas que son abiertamente antiestadounidenses”, dijo.

Es irónico que ahora el lobby europeo de la industria financiera esté reflejando este argumento desde el lado europeo, argumentando que la falta de aplicación de Basilea III en Estados Unidos creará un “campo de juego desnivelado”.

Las tendencias apuntan, por lo tanto, a una desintegración de Basilea III. A pesar de las fallas que exhibe el modelo de Basilea en general, la falta de indicación de que algo más fuerte o mejor tomaría su lugar significa que no hay razón para celebrar.

* Director del Proyecto Repensando Bretton Woods del Center of Concern de Washington.

Publicado: Viernes 14 de diciembre de 2012 - 96 Año 2012