Más vale tarde que nunca. El 5 de febrero, Uruguay depositó en las Naciones Unidas su ratificación al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Con eso, habilitó su entrada en vigencia en un plazo de tres meses, al cumplirse con las diez ratificaciones requeridas. Los otros nueve países que ya lo hicieron son Argentina, Bolivia, Bosnia, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, España, Mongolia y Portugal.

Así, partir del 5 de mayo próximo, los habitantes de estos países podrán presentar denuncias ante las Naciones Unidas, individual o colectivamente, si consideran que sus derechos han sido violados y la justicia nacional no es efectiva en restablecerlos o en remediar el daño causado. Los países que ya firmaron pero aún no ratificaron son: Armenia, Azerbaiyán, Bélgica, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Congo, República Democrática del Congo, Costa Rica, Eslovenia, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Guatemala, Guinea-Bissau, Holanda, Irlanda, Italia, Kazajistán, Luxemburgo, Madagascar, Maldivas, Malí, Montenegro, Paraguay, Islas Salomón, Senegal, Timor Oriental, Togo, Ucrania, y Venezuela. La lista de firmantes continuará abierta indefinidamente para los ciento sesenta estados que ya ratificaron el Pacto de los DESC, que son casi todas las naciones del planeta, con excepción de algunas pequeñas islas-Estado, Cuba, Estados Unidos y Sudáfrica.

Los derechos que el pacto consagra incluyen el derecho al trabajo, a formar sindicatos y el derecho de huelga, a la seguridad social y a la asistencia familiar, el derecho a la alimentación, vestimenta y vivienda adecuados, a la educación, a participar de la vida cultural y a recibir el nivel más alto posible de atención a la salud física y mental.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ya cuenta con un protocolo para recibir denuncias desde hace más de cuarenta años y también están en vigor protocolos similares para la Convención contra la Tortura, los derechos de la mujer y de los discapacitados. Pero la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales seguía pendiente.

“El Protocolo Facultativo finalmente coloca a los derechos económicos sociales y culturales al mismo nivel que todos los demás derechos humanos”, dijo en Ginebra Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “El Protocolo permitirá exponer abusos vinculados a la pobreza, la discriminación y la negligencia. Hasta ahora las víctimas tenían que sufrir abusos sin recurso internacional posible. Ahora los individuos en vez de aislados e impotentes, tienen una manera de hacer consciente de su situación a la comunidad internacional”.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, integrado por expertos independientes, no sometidos a la jerarquía de ningún gobierno, podrá escuchar casos sobre violaciones que los gobiernos cometen, no impiden, ignoran o no reparan, investigarlas y emitir conclusiones sobre ellas, recomendando las acciones a tomar. El Comité no tiene maneras de imponer a los gobiernos que sus resoluciones se cumplan, pero su importancia, según Pillay, es que “ahora se desarrollará una jurisprudencia que ayudará a definir cómo se deben aplicar estos derechos y a diseñar remedios adecuados para las víctimas”. Como la legislación de muchos países reconoce el valor legal de los tratados internacionales, a veces al mismo nivel que la Constitución, los fallos del comité serán una referencia para los sistemas judiciales nacionales.

Se suele argumentar que los derechos económicos, sociales y culturales son demasiado vagos para ser aplicados o que, al ser su realización “progresiva”, en realidad sólo son válidos para países desarrollados, ya que los países pobres no pueden asegurar salud, educación, vivienda y trabajo para todos aun utilizando “el máximo de los recursos disponibles”, tal como demanda el Pacto de los DESC.

Esto no es así. En los últimos años, tribunales de muchos países han decidido acerca de temas relacionados con el goce de estos derechos proporcionando reparaciones adecuadas para las víctimas. Ya existe una amplia gama de jurisprudencia comparada sobre alimentación adecuada, salud, vivienda y educación que demuestra su justiciabilidad, es decir que sí es posible acudir a la justicia cuando son violados.

Además, si bien un gobierno debe gastar para que, por ejemplo, todo el mundo pueda acceder a los servicios de salud o de educación, la realización de los derechos económicos, sociales y culturales muchas veces solo requiere que un gobierno se abstenga de violarlos. Por ejemplo, asegurando que no ocurran desalojos forzosos sin compensación adecuada o reasentamiento.

Seres humanos “liberados del temor y de la miseria” es “la aspiración más elevada del hombre”, según el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. A casi sesenta y cinco años de formulada esta promesa siempre postergada, es hora de habilitar a la justicia a que haga su parte en cumplirla.

Publicado: Viernes 15 de febrero de 2013 - No. 101 - Año 2013