A veintiún años del autogolpe

El 5 de abril de 1992, el presidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso e intervino el Poder Judicial y el Ministerio Público. Este autogolpe fue un duro revés para la democracia y la libertad de expresión, además del inicio de uno de los gobiernos más corruptos de la historia republicana del Perú.

Entre finales de los años ochenta y principios de los noventa, la economía estaba prácticamente colapsada tras la hiperinflación desatada por el primer gobierno de Alan García, mientras que Sendero Luminoso había logrado el denominado «equilibrio estratégico», trasladando su lucha armada del campo a la ciudad. A esto se sumaba el creciente descrédito de la clase política. Los defensores del régimen plantearon que esta medida era indispensable para devolverle la estabilidad a una nación sumida en una seria crisis. El autogolpe permitió un uso del poder sin ninguna restricción y alteró la institucionalidad democrática del país.

El cierre del Congreso tuvo acogida entre la población por el desprestigio que atravesaba en ese momento el sistema político. Esta medida le permitió a Alberto Fujimori elevar su popularidad a cerca del  ochenta por ciento.

Ante la presión internacional por el quiebre de la democracia se lanzó el Congreso Constituyente Democrático, controlado por el partido de gobierno, que redactó una nueva Constitución que tenía como finalidad aplicar las reformas económicas y políticas acordes con los organismos multilaterales. Es la que rige los destinos del país hasta la fecha. Con el control del Congreso Constituyente, el Poder Judicial, la Contraloría y el Ministerio Público se abrió también una amplia ventana de oportunidades para el uso discrecional de los recursos públicos, alentándose prácticas de corrupción.

A continuación se señalan mecanismos y modus operandi utilizados en este periodo que pueden dar pistas para una tipología. (Tomado y adaptado por Oscar Ugarteche del libro Adiós Estado, bienvenido mercado, Fundación Friederich Ebert).

1. Toma de los medios de comunicación. Esto permitía manipular la información y presentar un escenario favorable al gobierno pese a los escándalos y a las presiones de carácter internacional.

2. Desvío de fondos públicos. Orientados fundamentalmente al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), con estos recursos se pagaba a generales y coroneles al servicio del régimen, y se financiaba al Grupo Colina, perpetrador de múltiples violaciones a los derechos humanos.

3. Recursos de las privatizaciones. Manejo y uso discrecional del dinero de las privatizaciones. Se tiene una menor judicialización de casos provenientes de estas prácticas, a pesar de los informes del Congreso. Se reportaron situaciones en las que funcionarios a cargo de  empresas públicas (que luego se privatizaron) pasaron a trabajar a empresas privadas tras recibir información clave antes del proceso privatizador.

4. Mecanismos de puerta giratoria. Permiten comprender como operan los buscadores de renta desde el Estado y las empresas, pagando funcionarios para que incumplan sus funciones perjudicando el erario público. Esto se ve de forma más clara en los organismos reguladores que son dirigidos por exempleados de las empresas involucradas. Se incluyen en esto también los estudios de abogados y las consultoras cuyos integrantes entran a trabajar al Estado para favorecer a sus clientes particulares.

5. Uso de Información privilegiada. Relacionado al anterior, las vinculaciones con el poder  facilitan obtener información privilegiada sobre contratos, adquisiciones u obras que no pasan por los mecanismos de licitación de compras públicas. Hubo numerosos casos en los que ministros y otros funcionarios, propietarios o accionistas de empresas ganaban las licitaciones públicas.

6. Favorecimiento de familiares y allegados. Este mecanismo fue utilizado con mucha frecuencia, por ejemplo, en el caso de contrataciones de obras de ingeniería de menor cuantía. Una de las prácticas era desmembrar obras grandes que requerían licitación en un conjunto de obras menores que luego se asignaban al mismo contratista.

Estos mecanismos fueron algunos de los más utilizados en el decenio fujimorista y, tras la recuperación de la democracia, se han vuelto a utilizar en múltiples ocasiones.

Dado que un pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo a continuación se reseñan algunos de los casos más sonados de corrupción. (Tomado del folleto Sucesos de corrupción en el país en los últimos 20 años, Grupo de Trabajo Contra la Corrupción.)

Caso Apenkai y Aken

Según la denuncia realizada por la entonces esposa del expresidente, Susana Higuchi, las ONG Apenkai y Aken manejaban desde palacio 25 millones de dólares originalmente destinados a salud y educación. Entre los implicados estaban Rosa, Juana y Pedro Fujimori, hermanos del exmandatario, además de Absalón Vásquez. Este caso cobró notoriedad por la venta de ropa donada en buen estado.

Interceptación telefónica

Se llevó a cabo sistemáticamente desde el 28 de julio de 1990 al 17 de noviembre del 2000. Para su implementación, se utilizó indebidamente recursos del Estado. La ejecución estuvo a cargo del entonces comandante EP Roberto Huamán, quien actuó bajo la supervisión del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos.

Compra de medios de comunicación

El control de los medios de comunicación fue casi total, por lo que la manipulación de la opinión pública era evidente. Se utilizaron recursos públicos para la compra de Cable Canal de Noticias, CCN Canal 10 y la línea editorial del diario Expreso y de los canales de televisión de señal abierta Frecuencia Latina, América Televisión, Panamericana Televisión y ATV.

Estudios universitarios de los hijos de Fujimori

Entre 1991 y 2000, el mandatario desembolsó 839,881 dólares para la educación superior de sus hijos. “Esta cifra no podía ser cubierta por los ingresos que percibía Alberto Fujimori como funcionario público, lo que evidencia una fuente de financiamiento cuya procedencia se desconoce”, indica la Contraloría.

Diarios “chicha”

La Corte Suprema de Justicia de Chile accedió al pedido de la justicia peruana para que el expresidente Alberto Fujimori fuera juzgado por la entrega ilegal de 122 millones de soles del presupuesto de las instituciones castrenses a diarios que apoyaron su re-reelección en el 2000. Se le atribuye haber conocido y permitido que recursos públicos fueran desviados a favor de los dueños y directores de los diarios “chicha”, así como desatar campañas de desprestigio contra sus opositores políticos y periodistas independientes.

Firmas falsas del partido Vamos Vecino

Vladimiro Montesinos, exasesor del Servicio de Inteligencia Nacional, fue condenado al pago de ocho millones de soles y seis años de prisión en el caso de la falsificación de firmas para inscribir al movimiento político fujimorista Vamos Vecino. Montesinos admitió su culpabilidad a través de la figura de la sentencia anticipada. Por este mismo caso también fueron condenados Absalón Vásquez y Rolando Reátegui.

Congresistas tránsfugas

Fujimori con Montesinos, los ministros de Defensa e Interior y los jefes de los institutos armados crearon un fondo con recursos del Estado que tuvo por objetivo inducir a algunos congresistas a integrarse al partido de gobierno con la finalidad de obtener mayoría parlamentaria (tránsfugas) o lograr su apoyo, a través de sus votos, manteniéndose en sus respectivas agrupaciones (“topos”).

Indemnización a Montesinos

Montesinos admitió su responsabilidad penal por recibir ilegalmente una indemnización de quince millones de dólares del gobierno fujimorista. El 19 de setiembre del 2000, Fujimori ordenó desembolsar de las arcas del Estado una millonaria partida para entregársela a su exasesor como supuesta Compensación por Tiempo de Servicios.

Tras la caída del gobierno de Fujimori fueron procesados y encarcelados una serie de exministros, generales y funcionarios implicados en el uso indebido de los recursos públicos, y desde el inicio de la transición ha habido muchas promesas y un conjunto de acciones aisladas para combatir este flagelo. Empero, no ha existido un compromiso firme ni una respuesta categórica para hacer frente a la corrupción, fenómeno que mina la institucionalidad democrática del país al deslegitimar a la clase política y limitar el goce pleno de los derechos fundamentales.

En la actualidad, el fujimorismo es la segunda fuerza política del país. ¿Será que como sociedad no hemos aprendido de las lecciones del pasado?

Giancarlo Castiglione Guerra es Coordinador de la Red Jubileo Perú, que integra el Grupo de Trabajo Contra la Corrupción (GTCC).

Publicado: Viernes 5 de abril de 2013 - No. 108 - Año 2013