La manera particular en que se manifiesta una crisis financiera puede diferir entre un país y otro en función de las formas de dependencia financiera o el grado de liberalización, y también de cómo lo afectan las cambiantes condiciones externas. El caso de Chipre ha demostrado una vez más que el exceso de dependencia del sector financiero, así como la liberalización y desregulación del sistema financiero, puede causar estragos en una economía. En las últimas dos semanas Chipre ha ocupado los titulares de la prensa internacional debido a los rápidos giros de su crisis, las condiciones del rescate negociado con sus acreedores europeos y el Fondo Monetario Internacional (FMI), las pérdidas que los depositantes en los bancos están forzados a asumir y los “controles de capital” impuestos por el gobierno para impedir la corrida bancaria y la fuga de capitales.

Los depositantes con más de 100,000 dólares podrían perder más de la mitad de sus ahorros. Solo se pueden retirar trescientos dólares al día, se prohíbe hacer efectivos los cheques, así como las transferencias de fondos a cuentas en el exterior o a otras instituciones de crédito, las transferencias por transacciones comerciales por encima de los 5,000 dólares diarios requieren una autorización del banco central, el uso de tarjetas de crédito en el exterior está restringido a 5,000 dólares por mes y por cuenta, y los viajeros solo pueden llevar mil dólares o su equivalente en moneda extranjera.

Estos controles de capital, anunciados el 28 de marzo, fueron destacados en los medios de comunicación como los primeros establecidos por un país perteneciente a la Unión Europea. Se trató prácticamente de la ejecución de una “vaca sagrada”, porque la libertad de movilizar fondos entre los países europeos era considerada casi como un derecho humano.

Pero esta total libertad de movimientos de fondos contribuyó a muchas crisis financieras en varios países en las últimas décadas o incluso ha sido la responsable de las mismas.

Este sistema liberalizado de las corrientes de capital ha permitido a los residentes colocar sus fondos en el exterior o comprar activos en divisas en forma de bonos y acciones. También ha permitido a los extranjeros traer sus fondos, tanto para especulación e inversión a corto plazo como para inversión y ahorro a largo plazo.

Después de la Segunda Guerra Mundial, los controles de capital fueron la norma. Los flujos de fondos hacia y desde el exterior estuvieron restringidos principalmente a actividades vinculadas a la economía real, el comercio, las inversiones directas y los viajes. Pero a partir de mediados de la década del setenta, las economías ricas liberalizaron las corrientes de capital y gradualmente lo fueron haciendo también numerosos países en desarrollo.

Las políticas de dinero fácil de los países ricos, que han afectado adversamente a las economías emergentes, han sido condenadas por muchos países en desarrollo, en particular por Brasil.

Cuando la situación interna o externa cambia, y con ella también la percepción del inversionista, el ingreso de fondos se revierte. El repentino egreso de fondos y la depreciación de la moneda pueden causar, entonces, un efecto aún más devastador en la economía.

En la crisis de 1997-1999, los países del este asiático que habían liberalizado excesivamente su sistema financiero se encontraron con que los bancos y empresas locales habían contraído una fuerte deuda en dólares. Con sus monedas depreciadas, muchos de los deudores no pudieron pagar sus préstamos. Las reservas de divisas de los países cayeron a niveles peligrosos, obligándolos a acudir al FMI para obtener préstamos de rescate.

El caso de Malasia es una excepción. Como el país tenía cierto control sobre los montos que las empresas locales podían pedir prestado en el exterior, esto impidió que cayera en una crisis de endeudamiento externo. La imposición de controles de capital sobre los egresos, en setiembre de 1998, le permitió evitar una crisis financiera que requiriera un rescate del FMI. No obstante, la respuesta inmediata del organismo multilateral y del establishment occidental fue que los controles de capital destruirían la economía malasia.

Hoy, la ortodoxia económica ha cambiado y la mayoría de los analistas, incluso del FMI, le dan crédito a Malasia por los controles de capital, que incluyen la prohibición temporaria a los extranjeros de transferir al exterior sus fondos en moneda local (por ejemplo en el mercado de acciones), un límite a los fondos que los viajeros locales pueden sacar del país y topes a las inversiones en el exterior de empresas y ciudadanos malasios.

En la actualidad, el propio FMI admite que, en ciertas situaciones, los controles de capital no solo son legítimos sino incluso necesarios. Y ha reconocido parcialmente que las corrientes de capital no reguladas pueden provocar inestabilidad financiera y perjudicar a la economía.

En el caso de Chipre, los analistas concluyen ahora que su modelo de crecimiento falló porque dependía demasiado de un sector financiero inflado que se había convertido en un lugar seguro para ahorristas extranjeros, especialmente de Rusia. Pero un factor decisivo de su crisis reciente fue que los mayores bancos del país invirtieron en bonos estatales de Grecia.

En octubre de 2011, la Unión Europea y el FMI acordaron un “paquete” de rescate para Grecia. Parte de las condiciones del mismo consistió en que los titulares de bonos del gobierno griego tendrían un “recorte” o una pérdida de aproximadamente el cincuenta por ciento. Esta reestructuración de la deuda griega significó una pérdida de 4,000 millones de dólares para los bancos de Chipre, una cifra enorme para un país con un PBI de apenas 18,000 millones de dólares.

Ahora es el turno de Chipre. El país debe ser reconfigurado y recreado como parte de un plan de rescate de 10,000 millones de dólares. Las dos mayores instituciones financieras, el Banco de Chipre y el Banco Laiki, serán sometidos a una drástica reestructura, que en el caso de este último implica el cierre.

La mayor innovación diseñada por los acreedores de la Unión Europea y el FMI consiste en que los depositantes deberán asumir pérdidas. Se salvarán los depósitos menores a 100,000 dólares y después de una fuerte protesta y el temor del contagio, con corridas bancarias en varios países europeos, se canceló el plan original de imponerles también un “impuesto” de 6,75 por ciento. El plan final contempla que los depósitos de más de 100,000 dólares en los dos bancos mencionados asuman pérdidas, no por el 9.9 por ciento previsto originalmente, sino por mucho más.

La nueva política europea de que los depositantes asuman pérdidas en los rescates de los bancos tendrá consecuencias importantes en la confianza de la opinión pública en el sistema financiero. El dinero depositado como ahorro en los bancos ya no se percibe como seguro. La pregunta que queda planteada es si los gobernantes aprendieron las lecciones reales de estas crisis.

Martin Khor es fundador de la Red del Tercer Mundo y director ejecutivo de South Centre, una organización de países en desarrollo con sede en Ginebra.

Publicado: Viernes 5 de abril de 2013 - No. 108 - Año 2013