Son las familias y las comunidades las que cuidan de los niños, no los gobiernos. Y sin embargo, lo que los gobiernos hacen (o dejan de hacer) es la diferencia decisiva entre la condena a una vida en la pobreza o la realización de los potenciales humanos. Este es el principal mensaje de Jody Heymann y Kristen McNeill, las autoras del informe “Cambiando la suerte de los niños” que acaba de publicar la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), de la que Haymann es decana.

El informe compila datos sobre constituciones, leyes y políticas públicas que afectan a la niñez en los 193 países miembros de las Naciones Unidas y concluye que el reconocimiento de derechos sociales y la inversión en programas y políticas adecuados hace una enorme diferencia en términos de salud, educación y oportunidades en la vida para niñas y niños.

En vez de medir resultados, en términos de aprendizaje, escolaridad o mortalidad infantil o materna, el equipo dirigido por Heymann ha compilado a través de varios años de trabajo información sobre lo que los gobiernos hacen en torno a los derechos y normas internacionalmente establecidas. Así, para determinar el compromiso de un gobierno con la reducción de la pobreza se mira a las leyes sobre salario mínimo, cómo se negocia y a quiénes beneficia, se analizan las asignaciones familiares y los seguros de desempleo. En educación se analiza el derecho a la educación primaria, secundaria y terciaria gratuita, los requerimientos de educación de maestros y profesores y el tamaño de las clases.

“Ya sea en Canadá o en Camerún, la gente a menudo desconoce sus derechos”, explica Heymann. Para enfrentar este problema fundó el Centro Mundial de Análisis de Políticas, que compiló los datos del informe y hace accesible esta información a ciudadanos y organizaciones sociales, ya que “no hay implementación si nadie exige rendición de cuentas a los gobiernos”. (Todos los datos, mapas y estadísticas están disponibles en: www.childrenschances.org)

Generalmente se cree que la salud o la educación son postergadas porque los países no tienen recursos. Pero esto no es así. “Entre sesenta y cuatro países que no cumplen las normas mínimas en cuanto al número de profesionales de salud recomendadas por las Naciones Unidas”, explica Heymann, “hay muchos con ingresos per cápita bajos. Sin embargo, en países vecinos con ingresos per cápita igualmente bajos se aplican políticas que hacen una enorme diferencia en la vida de los niños”.

Y tener ingresos altos tampoco es garantía. Las licencias de maternidad pagas son un derecho en 180 países, incluyendo muchos de bajos recursos y ochenta y uno de ellos reconocen el derecho a licencias de paternidad. Las vacaciones anuales pagas son un derecho de trabajadores y trabajadoras en 175 países y 162 países limitan la duración máxima de la semana laboral. Pero ninguno de estos derechos existe en Estados Unidos, que tampoco reconoce la gratuidad de la educación como un derecho. El resultado son indicadores de educación y salud infantiles bajísimos para Estados Unidos, en comparación con países de ingresos similares o incluso muy inferiores.

En América Latina y el Caribe, la educación es gratuita hasta la finalización de la escuela secundaria en todos los países menos en uno (Guyana), todos han establecido una edad mínima para trabajar a tiempo completo y los salarios mínimos en todos menos en dos (Surinam y Haiti) están por encima del umbral de pobreza. Sin embargo, en diecisiete de los treinta y un países de la región, para ser maestro de escuela primaria alcanza con completar la secundaria, y lo mismo ocurre para los profesores de enseñanza secundaria en diez de ellos.

Todos los países de América Latina menos uno (Haiti) garantizan ingresos para los hogares durante el desempleo. Sin embargo, en veintinueve de ellos no hay cobertura para personas en la economía informal, lo cual es un grave vacío dada la magnitud del empleo informal en la región.

Más de un tercio de los países latinoamericanos y caribeños (38 por ciento) no garantizan a las madres el permiso para la lactancia de sus hijos una vez que regresan a trabajar. En trece países, a las niñas se les permite casarse a una edad mínima inferior que la de los varones, lo que refuerza las desigualdades de género inherentes de los matrimonios prematuros.

El estudio concluye que prácticamente todo lo que hay que hacer para erradicar la pobreza infantil es implementar derechos ya universalmente reconocidos. ¿Es acaso viable? “Creo que la evidencia muestra, por ejemplo, que los países pueden aumentar el salario mínimo a niveles decentes”, explica Heymann. “Esto hace que la gente tenga más dinero para gastar y se invierte más, tiene un impacto positivo sobre el crecimiento económico, como también lo tiene la inversión en educación”.

“La gente dice que no sabemos cómo terminar con la pobreza infantil, reducir el trabajo de los niños o enfrentar su mortalidad”, dice Heymann. “Sin embargo, en realidad sabemos mucho más de estas cosas que las que sabíamos en los años sesenta sobre cómo poner un hombre en la luna”.

Publicado: Viernes 12 de abril de 2013 - No. 109 - Año 2013