Amenazados por un creciente número de demandas derivadas de los tratados de inversión, algunos gobiernos latinoamericanos han hecho un frente común para coordinar acciones ante las empresas transnacionales. Consideran alternativas al actual sistema de arbitraje internacional y presentarán posiciones conjuntas sobre el tema en los foros globales y regionales.

Una reunión ministerial celebrada el 22 de abril en Guayaquil a la que asistieron doce países de la región decidió adoptar acciones conjuntas para enfrentar la amenaza planteada por estos costosos litigios, que además de afectar su situación fiscal y los planes de desarrollo, comprometen su jurisdicción y la soberanía nacional.

“Hemos decidido hacer frente a los retos planteados por estas empresas transnacionales de manera coordinada”, declaró en una rueda de prensa después de la reunión el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño. Y subrayó que hay alternativas al actual sistema de arbitraje dominado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativo a Inversiones (CIADI), con sede en el Banco Mundial en Washington.

El problema se originó en la década del noventa, cuando los países en desarrollo firmaron tratados bilaterales con la esperanza de atraer inversiones extranjeras. Pero las consecuencias negativas de estos compromisos ya se han hecho evidentes.

América Latina debe construir nuevos escenarios de negociación con reglas homogéneas, opinó por su parte el vicepresidente electo de Ecuador, Jorge Glas, al presentar en Guayaquil dos casos de conflictos de su país con empresas transnacionales en el marco de los tratados bilaterales de inversión. En uno de ellos se le pide que pague 2,300 millones de dólares de compensación a la petrolera estadounidense Oxy, pese a que los árbitros reconocieron que la compañía había violado los términos de su contrato con el Estado ecuatoriano.

Siete de los países presentes en Guayaquil (Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, y Venezuela) suscribieron la Declaración de la 1ª Conferencia Ministerial de Estados Latinoamericanos Afectados por Intereses Transnacionales, en tanto los representantes de los otros cinco (Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y México) transmitirán los resultados de la reunión a sus respectivos gobiernos.

Los ministros decidieron también constituir un Comité Ejecutivo, inicialmente encabezado por Ecuador, para que informe “en la forma de alertas tempranas” sobre las disputas judiciales que impliquen a alguno de los Estados firmantes, coordine las acciones jurídicas y diseñe estrategias de comunicación para contrarrestar las campañas globales de las transnacionales difundiendo el punto de vista de los países.

Además, los ministros decidieron la creación de un Observatorio Internacional que monitoree “la acción de los tribunales internacionales de arbitraje en materia de inversiones”, impulse la reforma del actual sistema de arbitraje y proponga “mecanismos alternativos de intermediación para la resolución justa, razonable y definitiva de los diferendos entre Estados y transnacionales”, promueva la coordinación entre los sistemas de justicia latinoamericanos para garantizar la ejecución de las decisiones judiciales nacionales en estos procesos, asesore a los gobiernos en sus negociaciones de contratos de comercio e inversión, y establezca mecanismos de interlocución con los movimientos sociales.

El aspecto central de la propuesta consiste en ofrecer una alternativa a los mecanismos internacionales existentes. Tribunales como el CIADI han sido acusados de incurrir en conflicto de intereses: unos pocos árbitros intervienen en la mayoría de los casos, muchos de ellos actúan como abogados de las transnacionales en otros casos y algunos incluso integran sus directorios.

La Conferencia de Guayaquil se convoca a raíz de la grave preocupación originada en los casos presentados por las transnacionales en contra de los Estados en virtud de los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos de libre comercio, que permiten a estas empresas iniciar demandas por la pérdida de beneficios futuros. Por ejemplo, debido a nuevas regulaciones gubernamentales o la cancelación o modificación de un contrato.

En los últimos años ha habido más de quinientas demandas, sesenta de las cuales solo en 2012. Algunos países de la región, como Argentina, Ecuador, Venezuela y México, tienen entre veinte y treinta casos abiertos contra ellos. Esta proliferación de demandas también ha afectado a países en desarrollo de otras regiones, como Sudáfrica, India, Indonesia y Vietnam.

La desilusión con los acuerdos de inversión y el sistema internacional de arbitraje ha impulsado una serie de acciones de los gobiernos, como la suspensión de las negociaciones de nuevos tratados, los intentos de renegociación o denuncia de los existentes y el retiro del CIADI.

Ver Declaración aprobada reunión ministerial:
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Martin Khor es fundador de la Red del Tercer Mundo y director ejecutivo de South Centre, una organización de países en desarrollo con sede en Ginebra.

Publicado: Viernes 3 de mayo de 2013 - No. 112 - Año 2013