“La erradicación de la extrema pobreza de la faz de la tierra para el año 2030” debe ser “central” en la nueva agenda de desarrollo, recomienda a las Naciones Unidas un Grupo de Alto Nivel (GAN) de personas eminentes copresidido por el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, la presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, y el presidente de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.

Las primeras reacciones desde la sociedad civil no fueron entusiastas. Uno de los primeros comentarios publicados se titula “Más de lo mismo, solo que más bonito” y en otro se sostiene que “ya no se trata de ‘los negocios de siempre’ (business as usual) sino de poner a los negocios en el centro”. Poner a las empresas como titulares de derechos en el mismo nivel que “hombres, mujeres y comunidades” suena muy parecido a la famosa frase del excandidato presidencial de Estados Unidos Mitt Romney “los negocios también son gente”, opinó un activista.

El informe propone doce objetivos para sustituir a los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) cuando éstos expiren en 2015, con algunas modificaciones y cambios de redacción. Se repiten las viejas promesas siempre incumplidas de “un sistema comercial abierto, justo y favorable al desarrollo” y de destinar el 0.7 por ciento del PNB de los países avanzados a la ayuda oficial al desarrollo. Pero ya ni se menciona la promesa de “hacer frente a los problemas de la deuda de los países en desarrollo” y en su lugar se incluye un objetivo de “poner en marcha reformas para garantizar la estabilidad del sistema financiero mundial y fomentar la inversión privada extranjera estable, a largo plazo” y también “reducir los flujos ilegales y la evasión fiscal”.

El documento se titula “Una nueva asociación global” y en su preparación se han “escuchado las voces (…) de más de cinco mil organizaciones de la sociedad civil que trabajan en cerca de ciento veinte países” y “también se consultó a los directores generales de doscientas cincuenta empresas en treinta países, con ingresos anuales de más de ocho billones de dólares”.

“El dinero sin duda habló más fuerte”, comentó el representante de una ONG, que contabilizó en el documento treinta menciones a la “sociedad civil” y ciento veinte a los términos “negocios”, “corporaciones” o “empresas”, mientras que “sindicatos” y “trabajadores” aparecen solo tres veces cada uno y “gobiernos” ochenta.

A las empresas se las considera como titulares de los mismos derechos que las personas a la propiedad de la tierra (lo que requeriría cambios constitucionales en muchos países) y en el objetivo de la igualdad de género, los únicos derechos de las mujeres que se mencionan explícitamente son los derechos a heredar propiedades, firmar contratos, registrar una empresa y abrir una cuenta bancaria. Los derechos sexuales y reproductivos son mencionados, pero bajo el objetivo de salud, y ésta es la única mención a “derechos” en relación con la salud o la educación.

Los flujos fiscales ilícitos y la evasión de impuestos deben “reducirse”, en una proporción no especificada, pero las únicas reformas previstas en el sistema financiero mundial son las destinadas a “garantizar la estabilidad” y “fomentar la inversión privada extranjera estable, a largo plazo”. Sin embargo, no se menciona el impuesto a las transacciones financieras, que no solo combate la volatilidad sino que además generaría recursos para el desarrollo.

En el objetivo de “empleo” se incluye como una de las metas “crear un entorno propicio para las empresas e impulsar el espíritu empresarial”, pero no se mencionan las fallas del mercado. El objetivo de “buena gobernanza” contempla “asegurar que los funcionarios pueden ser considerados responsables” con el fin de reducir la corrupción, pero no dice nada acerca de la responsabilidad de las empresas que pagan sobornos.

Las sugerencias del Grupo de Alto Nivel ignoran principios ya acordados, como los Principios Rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas por unanimidad en setiembre de 2012, donde como parte de la cooperación internacional los Estados se comprometen a “realizar evaluaciones de los efectos extraterritoriales de las leyes, políticas y prácticas”, y se establece que las empresas deben evitar, como mínimo, causar “efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan”.

En un momento en que, en palabras de la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, “el aumento de la desigualdad de ingresos es una preocupación creciente para los responsables políticos de todo el mundo”, porque “las sociedades más igualitarias son más propensas a lograr un crecimiento duradero”, el Grupo de Alto Nivel ignora en gran medida el problema. El informe va la zaga del nuevo discurso de Washington y solo habla de “desigualdad de oportunidades”, sin mencionar la distribución o redistribución.

El Grupo de Alto Nivel es apenas asesor del secretario general de las Naciones Unidas, pero su informe puede establecer el tono y los temas del debate sobre la llamada “agenda de desarrollo post 2015”.

Publicado: 7 de junio de 2013 - No. 117 - Año 2013