La revelación de datos recogidos masivamente por organismos de seguridad de Estados Unidos a partir del control de llamadas telefónicas y vigilancia del uso de Internet por ciudadanos estadounidenses y extranjeros ha tenido repercusiones a escala mundial. Gran parte de las críticas se refiere a la posibilidad de invadir la privacidad de las personas que utilicen los servidores de Internet con sede en Estados Unidos, no solo en ese país sino en todo el mundo.

También se reveló una directiva presidencial de Estados Unidos, que dispone que los organismos de seguridad elaboren una lista de posibles blancos de ataques cibernéticos del país en el exterior.

A raíz de todo esto se ha cuestionado a Estados Unidos por actuar con hipocresía y tener un doble discurso, acusando a otros países de realizar espionaje por Internet o de embarcarse en piratería y en guerras cibernéticas, mientras que por su parte ha establecido sistemas para hacer ambas cosas a escala masiva.

Las revelaciones, publicadas en The Guardian y The Wall Street Journal, se basaron en la filtración de datos por parte del ex funcionario de inteligencia estadounidense Edward Snowden. Entre las denuncias figura que los organismos de seguridad de Estados Unidos tienen acceso a los datos telefónicos de Verizon Communications, AT & T y Sprint Nextel, así como a las transacciones de tarjetas de crédito. Y, en el marco del programa de vigilancia Prism, también pueden acceder a los datos de las principales empresas de Internet: Google, Yahoo, Microsoft, Facebook, AOL, Apple, PalTalk, Skype y YouTube. Millones de usuarios de todo el mundo utilizan los servidores o servicios Web de estas empresas.

Dos grupos de ciudadanos de Estados Unidos, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, presentaron una demanda contra el gobierno de ese país. “Esos programas son intrusiones injustificadas en las vidas privadas de los estadounidenses, protegidas por la Cuarta Enmienda (acerca de allanamiento e incautación)”, dijo Brett Kaufman, de la ACLU.

En el resto del mundo, la revelación sobre el programa de vigilancia masiva de Estados Unidos causó tanta o más indignación.

Ante “la gravedad de la situación”, la comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía de la Unión Europea, Viviane Reding, le envió una carta al fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, pidiéndole “respuestas rápidas y concretas” en cuanto a si la información personal de los ciudadanos europeos había formado parte de la recopilación de información de los programas de espionaje y si ellos podrían saber si fueron espiados.

En China, analistas y líderes de opinión hablan del doble discurso de Estados Unidos. El periódico Global Daily reclamó en un editorial al gobierno chino que pida explicaciones al estadounidense. “No somos meros espectadores. La cuestión de si Estados Unidos, como superpotencia de Internet, ha abusado de sus poderes afecta directamente nuestros intereses vitales”, afirmó. Y el China Daily comentó que el programa de vigilancia mundial masiva seguramente manchará la imagen exterior de Estados Unidos y pone a prueba el desarrollo de las relaciones entre Washington y Beijing.

En la cumbre celebrada en California la semana pasada, Barack Obama habría presionado al presidente chino Xi Jinpeng para que frene el ciberespionaje por parte de organismos y empresas de su país. Las noticias de última hora sobre el espionaje de Estados Unidos a los usuarios de Internet deben de haber causado molestia a Obama cuando se planteó el tema. Un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China reiteró que su país “también es víctima de la más sofisticada piratería cibernética”.

Aunque menos publicitada, entre las filtraciones publicadas el 7 de junio en The Guardian en un artículo de Glenn Greenwald y Ewen MacAskill figura una directiva de Obama de octubre de 2012 para sus funcionarios de seguridad e inteligencia en la que ordena la elaboración de una lista de posibles objetivos de ataques cibernéticos de Estados Unidos en el exterior.

La directiva, de dieciocho páginas, establece que las denominadas Operaciones Ofensivas de Efectos Cibernéticos (OCEO, por sus siglas en inglés) pueden ofrecer posibilidades únicas y no convencionales de avanzar en los objetivos nacionales de Estados Unidos en todo el mundo, con escasa o ninguna advertencia al adversario o blanco y con efectos potenciales que van desde daños sutiles a graves. El gobierno identificará potenciales blancos de importancia nacional donde OCEO puede brindar un equilibrio favorable entre eficacia y riesgo en comparación con otros instrumentos nacionales de poder.

El objetivo del documento consistía en “ofrecer herramientas y un marco que permita al gobierno adoptar decisiones” sobre acciones cibernéticas, declaró a The Guardian un alto funcionario de Washington.

La decisión de Obama de establecer una doctrina potencialmente agresiva de la guerra cibernética acentuará los temores por la creciente militarización de Internet, comenta el artículo. Y añade que todo da para pensar que Estados Unidos ya participó en al menos un ataque cibernético importante: el uso del gusano informático Stuxnet dirigido a las centrifugadoras de enriquecimiento de uranio de Irán, cuya legalidad ha sido cuestionada.

En la directiva presidencial, los criterios para las operaciones cibernéticas no se limitan a represalias sino que se enmarcan vagamente en la idea de promover los “objetivos nacionales de Estados Unidos en todo el mundo”. Obama autorizó, además, el uso de ataques cibernéticos ofensivos en países extranjeros sin el consentimiento de sus gobiernos toda vez que “los intereses nacionales y propiedades de Estados Unidos” requieran este tipo de ataques no consensuados y se reserva expresamente el derecho de usar tácticas cibernéticas como parte de lo que denomina “acción anticipada adoptada contra amenazas inminentes”.

“La revelación de que Estados Unidos está elaborando una lista de objetivos específicos para acciones cibernéticas ofensivas posiblemente reavive las preocupaciones planteadas anteriormente por investigadores y académicos en materia de seguridad, varios de los cuales han advertido que las operaciones cibernéticas masivas podrían desembocar fácilmente en un conflicto militar a gran escala”, comentó The Guardian.

Mientras tanto, en un informe emitido el 4 de junio sobre el creciente uso de la vigilancia, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue, advierte que el acceso sin restricciones del Estado a tecnologías de vigilancia podría poner en riesgo los derechos a la privacidad y la libertad de expresión, contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El informe del Relator de las Naciones Unidas advierte también sobre el peligro de utilizar “un concepto amorfo de la seguridad nacional” como razón suficiente para invadir la intimidad de las personas y la libertad de expresión, con el argumento de que esta potencial invasión “amenaza las bases de una sociedad democrática”.

Martin Khor , director ejecutivo de South Centre.

Publicado: 21 de junio de 2013 - No. 119 - Año 2013