México es la segunda economía más grande de América Latina -después de Brasil- y la más articulada a Estados Unidos, con una tasa de crecimiento promedio anual que apenas y despega de uno por ciento per cápita a lo largo de treinta años, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En 2009, con la crisis estadounidense, la caída de la actividad económica fue de -7.1 por ciento per cápita mientras en América Latina en promedio fue de -3.0 por ciento. Estados Unidos registró en el segundo trimestre de 2013 un crecimiento de 1.7 por ciento, cuarto consecutivo por debajo de dos por ciento.

La CEPAL, por su parte, redujo su previsión de crecimiento para la región latinoamericana de 3.5 a tres por ciento, principalmente por las caídas de Brasil y México. En el caso de este último, la previsión pasó de 3.5 a 2.8 por ciento para el año 2013. Por otro lado, luego de registrar 0.8 por ciento de crecimiento durante el primer trimestre de 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México redujo su propia revisión con “optimismo” de 3.5 a 3.1 por ciento; mientras el Banco de México ha venido alertando en torno a una “desaceleración importante” por la caída de las exportaciones manufactureras no automotrices y el reducido nivel del gasto público observado en los últimos meses. Por su parte, el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hace un cálculo todavía menor, 2.8 por ciento de crecimiento para el año 2013. De enero a mayo de este año, la economía mexicana creció 1.7 por ciento, avance menor al 4.9 por ciento registrado en igual periodo de 2012, el más bajo en cuatro años, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Por lo anterior, el presidente Enrique Peña Nieto ha llamado a concretar las “reformas estructurales” que el Partido Acción Nacional (PAN) no logró aprobar en los doce años anteriores. Con esto, piensan, se recuperará el “crecimiento sostenido”.

En la esfera de lo financiero, se presentó una propuesta de reforma financiera para incrementar el otorgamiento de crédito para impulsar el crecimiento. (Véase el discurso del secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, en la presentación de la Reforma Financiera el 8 de mayo de 2013.) Sus ejes principales son: 1) dotar de un nuevo mandato a la banca de desarrollo a favor del crecimiento del sector financiero; 2) fomentar la competencia en el sistema bancario y financiero para reducir los costos del crédito; 3) generar incentivos para aumentar el crédito otorgado por el sistema bancario; y 4) fortalecer el sistema financiero y bancario mexicano para favorecer el crecimiento del sector de forma sostenida.

Estas reformas parecerían indicar que el sector financiero ha estado pasando angustias, lo cual no es cierto ni por márgenes de ganancia (de 2000 a 2012 sus utilidades netas acumularon 613,000 millones de pesos, la mitad en manos de BBVA-Bancomer y Citigroup-Banamex; sólo en 2012 estos últimos obtuvieron 87,126 millones de pesos), ni por niveles de concentración (en 2012 fueron ocho los bancos, de un total de cuarenta y tres, los propietarios de 81.5 por ciento de los activos financieros, seis extranjeros con 67.7 por ciento: BBVA-Bancomer, Citigroup-Banamex, Santander, HSBC, Deutsche Bank y Scotiabank; y sólo dos de capital mexicano mayoritario: Banorte-Ixe e Inbursa).

Lo cierto es que hay preocupación sobre ciertas carteras vencidas del sector no bancario y ésta sería la madre de la reforma que profundiza lo ya efectuado desde los años noventa. La propuesta aclara que no se trata de reducir las tasas de interés de referencia “por decreto”, sino más bien, de “crear incentivos” para que el sistema bancario comercial “preste más” y en condiciones de “mayor flexibilidad”. De lo que se trata es de prestar más dinero interbancario a tasas mínimas a la banca comercial para que sigan con sus operaciones de créditos de consumo a tasas altas.

Se argumenta que la paradoja del sistema bancario mexicano radica en que si bien presenta altos niveles de capitalización (incluso adoptó ya los criterios de Basilea III) y bajos índices de morosidad, no presta dinero productivo y tituliza los préstamos hipotecarios, de ahí que su “solidez” no se traduzca en una mejora significativa de la situación económica del país.

A nuestro juicio, la afirmación anterior parte de un mal diagnóstico: el nivel de otorgamiento de crédito no depende únicamente de la “rigidez” de la institucionalidad financiera, sino fundamentalmente de las condiciones que permiten hacer efectivo su pago. Esto es, para que un banco preste dinero ni siquiera son necesarios los depósitos, sino la “fe” (crédito) en la solvencia de un agente económico (familias, empresas, gobierno). En suma, el crédito está directamente relacionado con el ciclo económico, depende de las expectativas de ganancias y no a la inversa, como sostuvo Keynes en su Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. En un país con estancamiento económico como México, el crédito, lejos de favorecer el crecimiento, incrementa el riesgo en la esfera financiera como quedó demostrado con la crisis bancaria de 1994. Por esta razón, la banca no presta a los sectores productivos.

La propuesta de reforma financiera no toca temas importantes como el cuatro por ciento de diferencial entre tasas activas (las que cobran los bancos) y tasas pasivas (las que pagan los bancos). El diferencial en créditos de consumo de treinta y cuatro por ciento deja a la clase media mexicana estrangulada y dota a los bancos de más y novedosos instrumentos legales para ejecutar garantías en caso de incumplimiento.

De otro lado, la tasa de interés de referencia de cuatro por ciento encarece el costo del crédito a las empresas chicas y medianas nacionales y es irrelevante para las trasnacionales, tanto mexicanas como extranjeras, que se fondean en Estados Unidos donde la tasa de referencia es 0.25 por ciento. La consecuencia es que se estimula un flujo creciente de importaciones y de capitales de corto plazo que afecta negativamente la producción nacional y termina en la transferencia masiva de excedentes hacia el exterior. La evidencia muestra que los bonos de corto plazo pasaron de 81,399 millones a 493,229 millones de dólares entre 2001 y 2011, de los cuales alrededor de la mitad están en manos de extranjeros, colocando a la economía mexicana en una situación de alta vulnerabilidad.

Un cambio estructural del sector financiero, en realidad, recolocaría el crecimiento económico y el empleo como mandatos principales del Banco Central (como lo estipula la Reserva Federal); y no solo el control de la inflación y la estabilidad del tipo de cambio acorde con la teoría neoliberal. Finalmente, se requiere de una política redistributiva dado que la pobreza ha crecido de 52.8 millones a 53.3 millones de personas entre 2010 y 2012, una política de reactivación interna mediante el aumento del salario y el control democrático del sistema bancario mexicano.

Oscar Ugarteche, investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA).

Ariel Noyola Rodríguez, miembro del proyecto OBELA, Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

Publicado: 9 de agosto de 2013 - No. 126 - Año 2013