Un grupo de países autodenominados “Really Good Friends” (RGF, “amigos de verdad”), integrado por Australia, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, México, Noruega, Nueva Zelanda, Panamá, Pakistán, Perú, Suiza, Taiwán, Turquía y los veintiocho estados miembros de la Unión Europea, comenzaron a negociar esta semana en Ginebra un acuerdo plurilateral de comercio de servicios denominado Trade in Services Agreement (TISA).

Las negociaciones son reservadas, pero sobre la base de la información que se ha filtrado, más de trescientas organizaciones y redes sociales de todo el mundo, que incluyen a sindicatos, centros de investigación, grupos de derechos humanos, grupos feministas y ambientalistas, expresaron su firme oposición en una carta enviada a los gobiernos “amigos”. Las negociaciones del TISA, argumentan, buscan obligar a los países firmantes del acuerdo a una agenda de liberalización y desregulación extrema con el fin de asegurar mayores beneficios a las empresas a costa de los trabajadores, los agricultores, los consumidores y el medio ambiente.

A pesar de varias crisis financieras y económicas causadas por la desregulación de las finanzas, alegan, el TISA insiste en “disciplinar” a los gobiernos, limitando su espacio político para cualquier regulación futura, con lo que va más allá del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) de la Organización Mundial del Comercio y los tratados de libre comercio (TLC) que muchos de los países del grupo de amigos han firmado entre sí.

La carta, encabezada por la red denominada “Nuestro Mundo No Está en Venta” (OWINFS, por sus siglas en inglés), insta a los países participantes a abandonar las negociaciones y a quienes no participan a registrar su oposición para que el TISA no se convierta en la norma de referencia.

Según la carta, el acuerdo propuesto es el resultado del cabildeo sistemático de empresas transnacionales, organizadas en grupos como la Coalición de Industrias de Servicios de Estados Unidos (USCSI) y el Foro Europeo de Servicios (ESF).

Los firmantes sostienen que “la democracia se erosiona cuando la toma de decisiones sobre importantes sectores -como los servicios financieros (incluyendo la banca, el comercio de valores, la contabilidad y los seguros), la energía, la educación, la salud, el comercio minorista, el transporte, las telecomunicaciones, los servicios jurídicos, el transporte y el turismo- se transfiere de los ciudadanos y los organismos constitucionales de gobierno a negociadores que no rinden cuentas de lo que pactan en secreto”.

La carta destaca que la desregulación del sector financiero, que fue alentada por los TLC y el GATS en los años noventa, condujo a la reciente crisis financiera mundial y la consecuente ola mundial de recesiones.

“El continuo sufrimiento de millones de desempleados y afectados por la austeridad nos recuerda que la re-regulación del sector financiero es esencial para reconstruir la estabilidad y prevenir futuras crisis”, dicen los firmantes de la carta, que condena enérgicamente el carácter secreto de las negociaciones y reclama que “los textos de la negociación deben ser publicados y se deben solicitar comentarios de los organismos reguladores, proveedores y usuarios de servicios públicos, los parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil”.

La carta denuncia, además, la intención del TISA de promover la liberalización del llamado “movimiento temporal de personas físicas”, o sea los trabajadores migrantes, sin garantizar la protección legal de sus derechos humanos y laborales. Y subraya que “el movimiento de los trabajadores está fuera de la competencia de los acuerdos comerciales y debe ser tratada como parte del marco normativo tripartito de la Organización Internacional del Trabajo”.

El TISA puede ser una amenaza incluso para los países que no participan en las negociaciones, ya que, aseguran los firmantes, la Unión Europea y Estados Unidos han dejado claro que su intención es “multilateralizar” las negociaciones. Una vez acordado el TISA, los países signatarios pueden pasar a actuar como un bloque en las negociaciones de servicios de la OMC, empujando a los demás países a aceptar un nivel similar de liberalización y desregulación.

“Denunciamos al TISA como un intento de los países desarrollados de promover sus empresas de servicios y abandonar los compromisos asumidos con los países en desarrollo en el sentido de atender las asimetrías comerciales existentes y las reglas injustas en la agricultura. Hacemos un llamado a nuestros afiliados a que insten a sus gobiernos a retirarse de las conversaciones sobre el TISA” y a la movilización de los trabajadores y las comunidades en contra de este acuerdo que es “un asalto a los intereses públicos”, dijo Rosa Pavanelli, secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos, la confederación sindical mundial que representa a veinte millones de trabajadores y trabajadoras estatales en ciento cincuenta países.

“Creemos que este acuerdo va a transferir los servicios públicos a manos de empresas privadas y extranjeras motivadas únicamente por el lucro. Esto socavará los derechos de las personas y el acceso a los servicios públicos esenciales, como la salud, el agua y el saneamiento, la energía y la educación”, concluyó Pavanelli.

Publicado en South North Development Monitor (SUNS), el 17 de setiembre de 2013.

Publicado: 20 de setiembre de 2013 - No. 132 - Año 2013