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Lección al poder mediático

8 de noviembre de 2013 - No. 139 - Año 2013

Héctor Béjar

Con pocas excepciones, América Latina es el paraíso de los latifundios: de tierras, urbanos, bancarios y también de la prensa y televisión. Recibimos información manipulada por el poder económico. Intoxicados por la basura mediática, se nos niega el derecho a informarnos, a pensar y a opinar. La nueva inquisición juzga, condena, calumnia, silencia y criminaliza a todos quienes se atreven a no repetir el discurso único, mientras premia y ensalza a quienes le sirven.

Los argentinos se han atrevido a desafiar este poder. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o Ley de Medios consagrada por la Corte Suprema de Justicia, abre ámbitos para la expresión ciudadana. Divide el espacio radioeléctrico en tres partes: Estado, sector privado y  organizaciones sin fines de lucro. Reduce a diez los servicios abiertos de radio y televisión en poder de un solo dueño. Obliga a las compañías que tienen más de diez licencias de radio y televisión a desprenderse de los medios excedentes en el plazo de un año.

La ley fue aprobada por una mayoría de dos tercios en el Congreso el 2009 luego de ser debatida en todo el país.

El Grupo Clarín, de Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, se opuso. Ellos tienen un imperio mediático formado al abrigo de varias dictaduras. Se sienten por encima del poder ciudadano. No aceptan la organización sindical de sus trabajadores en ninguna de sus empresas, a pesar de reiterados mandatos judiciales. Ahora no les satisface tener diez licencias. Quieren más.

El Grupo Clarín acudió a la justicia planteando la inconstitucionalidad de los artículos 41 y 161 de la ley, mientras se niega al acatamiento cuando se trata de derechos laborales. El artículo 45 fija los límites a la concentración de licencias y el 48 dice que en la posesión de una licencia no hay un derecho adquirido.

El juez dejó en suspenso la obligación de desprenderse de licencias. El Estado apeló la medida. La Cámara Nacional de Apelaciones confirmó la medida solo respecto del artículo 161 que fija el plazo de desinversión de un año. El Estado interpuso  un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, que fue desestimado.

El juez de primera instancia desestimó la fijación de un plazo, pero la Cámara de Apelaciones impuso un plazo de treinta y seis meses para la vigencia de la cautelar del Grupo Clarín. El Estado interpuso un recurso extraordinario. Fue denegado. Se quejó entonces ante la Corte Suprema de Justicia solicitando la revocación de la cautelar.

El 22 de mayo de 2012, la Corte Suprema de Justicia puso el 7 de diciembre de ese año como límite a la cautelar presentada por el Grupo Clarín. El 29 de noviembre de 2012 el Grupo Clarín volvió a pedir una medida cautelar. La Corte declaró inadmisible la solicitud.

El 14 de diciembre de 2012, el juez federal declaró constitucionales los artículos cuestionados dejando sin efecto las medidas cautelares anteriores. El 17 de abril de 2013, la Cámara en lo Civil y Comercial declaró la inconstitucionalidad parcial de la norma. Invalidó parte de los dos artículos que concentran las medidas antimonopólicas de la ley y confirmó la constitucionalidad. El gobierno apeló a la Corte Suprema de Justicia.

El 2 de julio de 2013, la Corte Suprema de Justicia envió a la Procuradora General de la Nación la causa para que emita opinión. El 12 de julio de 2013, la Procuradora se pronunció a favor de la constitucionalidad de la ley y aconsejó a la Corte Suprema de Justicia que revoque el fallo de la Cámara Civil y Comercial.

El 29 de octubre de 2013, la Corte Suprema de Justicia declaró la constitucionalidad de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual porque “no se encuentra afectado el derecho a la libertad de expresión del Grupo Clarín”. Y así terminó la contienda legal. Ganaron los argentinos, perdió el imperio Clarín.

Deslegitimado ante la opinión pública, ésta ha sido su derrota política y legal. Ya estaba descalificado moralmente. Una buena lección para América Latina, un ejemplo a seguir. Ningún poder económico debe estar por encima del poder democrático.

Héctor Béjar
www.hectorbejar.com


Publicado: 8 de noviembre de 2013 - No. 139 - Año 2013

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