“La privacidad en Internet es parte de los derechos humanos y su defensa debe tener tratamiento prioritario en las discusiones en las Naciones Unidas”, comentó la presidenta brasileña Dilma Rousseff el sábado 2 de noviembre desde su cuenta en la red social Twiter. “La comunicación digital es un asunto global en estos días y la protección de la privacidad debe ser fortalecida a nivel global”, agregó en un comunicado más formal el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Guido Westerwelle. El viernes 1, ambos países presentaron formalmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas un proyecto de resolución que reafirma el derecho a la privacidad en Internet como parte de los derechos humanos. Para que no queden dudas sobre el por qué de esta iniciativa, el texto agrega que las nuevas tecnologías aumentan la capacidad de gobiernos, empresas e individuos de vigilar, desencriptar y recolectar masivamente datos que pueden interferir severamente los derechos de una persona a su privacidad”.

No se menciona a Estados Unidos, pero ningún diplomático desconoce las revelaciones sobre cómo cierto país interceptaba los correos electrónicos de Rousseff y el celular de la canciller alemana Angela Merkel.

La resolución reconoce que “las preocupaciones por la seguridad nacional y la actividad criminal pueden justificar la recolección y la protección de cierta información sensible”, pero al hacerlo “los Estados deben asegurar que cumplen con sus obligaciones de derechos humanos”. La resolución explicita que “la supervisión ilegal de las comunicaciones privadas y la intercepción indiscriminada de datos personales de los ciudadanos constituye un acto altamente intrusivo que viola los derechos a la libertad de expresión y a la privacidad y amenaza los fundamentos de la libertad democrática”, y recomienda que se establezcan “mecanismos de supervisión independientes para asegurar la transparencia y responsabilidad en la vigilancia de las comunicaciones por parte de los Estados”. O sea, vigilar a los vigilantes.

Se pide, finalmente, a la Asamblea General de las Naciones Unidas que mantenga el tema en su agenda y a la alta comisionada para los derechos humanos, la jueza sudafricana Navi Pillay, que presente un informe y recomendaciones, estableciendo así el inicio de una supervisión global regular sobre los gobiernos.

Esta iniciativa diplomática, que ya cuenta con decenas de países dispuestos a apoyarla, parece banal puesto que, más allá de la condena moral, no hay en ella elementos coercitivos que permitan frenar la impresionante maquinaria de espionaje electrónico montada por Estados Unidos. Sin embargo, al establecer con claridad principios de alto contenido ético, basados en la ley internacional, Brasil y Alemania bien pueden estar cimentando la piedra fundamental de una nueva arquitectura de gobierno para “desamericanizar” Internet, de manera similar a como China sugiriera un par de semanas antes “desamericanizar” las finanzas mundiales.

Internet no puede realmente ser un bien público global mientras su gobernanza siga estando, en última instancia, en manos de Estados Unidos. No lo dicen solo potencias (o aspirantes) rivales, sino que el debate se ha instalado en el discreto círculo de las organizaciones responsables de que Internet funcione.

A comienzos de octubre, en un evento que pasó desaparecibido para la prensa internacional, se reunieron en Montevideo el presidente del World Wide Web Consortium, la presidenta de la Internet Society, el presidente del Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (IETF), el presidente de la Internet Architecture Board (IAB), el presidente de ICANN (la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números) y sus autoridades y gerentes regionales en Europa, América Latina, África, Asia y el Pacífico.

En una brevísima pero sustancial “declaración de Montevideo sobre el futuro de la cooperación en Internet”, los líderes de las organizaciones que coordinan su infraestructura técnica global, todas ellas sin fines de lucro y dedicadas al interés público, previenen contra el riesgo de “fragmentación a nivel nacional”.

Tradicionalmente, países como Rusia, China y Arabia Saudita han sido acusados de querer “fragmentar” Internet, imponiendo controles represivos para censurar los contenidos que sus habitantes pueden leer o enviar al resto del mundo. Pero ahora los encargados del funcionamiento de Internet expresan “fuerte preocupación” por “la confianza de los usuarios de Internet globalmente”, que estaría siendo “socavada” por las recientes revelaciones sobre el espionaje cibernético.

La única forma de recuperar la confianza sin establecer murallas electrónicas en torno a cada país sería globalizar la gestión de Internet mediante “un ámbito en el que todos los interesados, incluyendo todos los gobiernos, participen en pie de igualdad”. Traducido, esto quiere decir que el gobierno de Estados Unidos no es “más igual” que los demás y debe ceder sus prerrogativas sobre Internet a una entidad genuinamente multilateral. Están en juego los derechos humanos, la democracia… y un negocio de muchos miles de millones de dólares hasta ahora casi totalmente en manos de un solo país.

Publicado: 8 de noviembre de 2013 - No. 139 - Año 2013