A pesar de arduos intentos, los diplomáticos en Ginebra no lograron producir textos completos de los tres temas principales de la 9ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que concluye este viernes 6 de diciembre en Bali: un nuevo tratado sobre la facilitación del comercio, cambios en las normas sobre la agricultura relacionados con la seguridad alimentaria y beneficios para los países menos adelantados.

El director general de la OMC, Roberto Azevedo, había declarado en reiteradas ocasiones que la Conferencia Ministerial no sería un ámbito de negociación. Pero algunos países lo presionaron para que convocara a sesiones de negociación en Bali con el propósito de llegar a un acuerdo.

La seguridad alimentaria es un tema importante. El Grupo de los 33 (G-33) países en desarrollo preocupados por su seguridad alimentaria pretende aclarar o modificar las actuales normas de la OMC que limitan la capacidad de sus gobiernos de comprar alimentos a los pequeños agricultores y abastecerlos.

En muchos países en desarrollo son vitales las compras -y el abastecimiento- de arroz, trigo y otros alimentos que realiza el gobierno. Estos planes ayudan a los agricultores pobres, dándoles mayor seguridad de venta en ciertos niveles de precios, y también promueven la seguridad alimentaria nacional. Sin embargo, las actuales normas de la OMC son un obstáculo para esos planes y deben modificarse, según un informe del South Centre producido por varios expertos en comercio de países en desarrollo.

El abastecimiento público con fines de seguridad alimentaria figura como uno de los elementos del Compartimento Verde del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC, pero dentro de ciertas condiciones.

El Compartimento Verde enumera los tipos de subvenciones internas que se consideran que no distorsionan el comercio o lo hacen mínimamente. Los países miembros de la OMC están autorizados a utilizar estas medidas, por lo general sin limitaciones. Pero en el caso del abastecimiento público se han impuesto condiciones importantes.

Una condición es que las compras de alimentos por parte del gobierno deben realizarse a los precios corrientes del mercado. Si el precio que paga es superior al precio de referencia externo, la diferencia se considera una subvención que distorsiona el comercio y se contabilizará como parte del Compartimento Rojo. Las subvenciones de este Compartimento de los países en desarrollo no pueden superar el diez por ciento del valor de la producción del producto.

El problema radica en que el precio de referencia se ha definido como el precio internacional promedio, no actual sino de 1986 a 1988, cuando los precios de los alimentos eran mucho más bajos. En el caso de algunos artículos, los precios actuales son hasta trescientos por ciento más altos. Por tanto, es ilógico y muy injusto acusar a un gobierno que compra arroz a sus agricultores al precio del mercado de hoy de estar subsidándolos en forma desleal porque ¡debería haber pagado el precio de 1987!

Tomemos este ejemplo. El precio de un alimento era de treinta centavos de dólar en 1987 y en la actualidad aumentó a un dólar. Si se compra arroz a los agricultores a un dólar, no debería considerarse una subvención que distorsiona el comercio. Pero según las normas de la OMC, ha habido una subvención de setenta centavos. Y esto cuenta para el total de subvenciones que se le permiten al país.

Según un cálculo de este tipo, con unas pocas compras a los agricultores el país estaría llegando al límite de subvenciones de diez por ciento. Cualquier cosa que supere ese porcentaje se considera ilegal, abriendo así la posibilidad de que otros países inicien acciones legales en su contra en la OMC. En caso de que ganen, pueden bloquear las exportaciones del país encontrado culpable hasta el valor de la “subvención ilegal”.

Entre los países afectados por estas reglas figura India, cuyo nuevo proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria obliga al gobierno a destinar más de 20,000 millones de dólares a la compra de alimentos a los agricultores y proporcionar alimentos a bajo precio o gratis a los dos tercios de su población.

El G-33 propuso un cambio en las normas de la OMC: que la adquisición de alimentos por los gobiernos de los países en desarrollo para apoyar a los agricultores pobres no debe ser considerada un subsidio que distorsiona el comercio.

De acuerdo con el informe de los expertos del South Centre, la propuesta del G-33, en caso de aprobarse, permitiría a los países en desarrollo aplicar esos planes con el fin de ayudar a sus productores o familias pobres sin las actuales restricciones. “Constituiría un avance en la causa de la seguridad alimentaria nacional y en el apoyo a la producción de los pequeños agricultores, a la vez que cumpliría los Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir el hambre y la pobreza”, dice el informe.

En las negociaciones de los últimos meses en la OMC, esta propuesta del G-33 fue rechazada por países desarrollados como Estados Unidos que, por cierto, aplican subvenciones de miles de millones de dólares, muy superiores a las de todos los países en desarrollo.

Martin Khor, director ejecutivo de South Centre.

Publicado: 6 de diciembre de 2013 - No. 143 - Año 2013