Adam Smith, el filósofo inglés que en el siglo XVIII sentó las bases de la ciencia económica moderna, creía en la competencia y en los mercados libres como motores de la innovación y de la prosperidad en el capitalismo. Pero no confiaba en los capitalistas. “La gente del mismo oficio nunca se reúne, ni siquiera en fiestas, sin que su conversación termine en una conspiración contra el público o en alguna estratagema para subir los precios”.

Smith observa que una ley que prohibiera tales reuniones “sería inconsistente con la libertad y la justicia”, pero para evitar carteles y monopolios que conspiren contra el bien público “no hay que hacer nada para facilitarlas”.

Esta recomendación ha sido olvidada por muchos autoproclamados seguidores de Smith y las grandes fortunas empresariales que cada año se reúnen en el Foro Económico Mundial de Davos ya no conspiran en secreto sino que abiertamente proponen la creación de mecanismos público-privados que se harían cargo de muchas de las competencias actuales de agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), incluyendo la regulación de la agricultura, la alimentación y la salud. Pascal Lamy, ex director general de la Organización Mundial del Comercio, propone crear una coalición C20-C30-C40, integrada por los países del Grupo de los 20, treinta empresas y cuarenta ciudades, para contrarrestar el cambio climático, que junto a las caóticas finanzas mundiales representa el mayor desafío global de la humanidad.

El argumento que sustenta esta entrega de la política global a las corporaciones es el realismo. De las cien mayores economías del mundo, cuarenta y tres son grandes corporaciones trasnacionales. Las petroleras Shell y Exxon tienen, cada una, más ingresos anuales que ciento diez países. Los ingresos de los supermercados Wal-Mart son mayores que los de Argentina y la petrolera BP tiene ingresos mayores que el PBI de Colombia, Irán o Venezuela.

La ONU, máxima instancia de gobernanza mundial, está basada en el principio de la soberanía de los Estados y la igualdad jurídica de cada uno de sus casi doscientos miembros, independientemente de su superficie, población, poderío económico o militar. (Aunque hay cinco países “más iguales que los demás” que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad: China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia.) En este esquema, la Carta de la ONU solo reconoce a las asociaciones sin fines de lucro, oficialmente llamadas ONG (organizaciones no gubernamentales), como entidades dignas de ser “consultadas” en las deliberaciones internacionales. Y las negociaciones en curso sobre los objetivos mundiales de desarrollo sustentable y el nuevo marco de desarrollo internacional muestran una influencia creciente de las empresas transnacionales sobre la ONU, a través de numerosas partnerships (asociaciones) más o menos formales.

Coca-Cola, Nestlé, Unilever, Bayer y hasta la minera brasileña Vale, empresas cuyas operaciones pueden verse afectadas por normas o decisiones que la ONU o sus agencias podrían adoptar, son ahora sus “asociadas” en múltiples “iniciativas personales” del secretario general Ban Ki-moon. Hay iniciativas sobre la mujer, la infancia, la educación, el agua potable y los océanos y sus defensores aseguran que de esta manera se movilizan miles de millones de dólares en beneficio de la humanidad.

Lou Pingeot, investigadora del Global Policy Forum que en 2012 había denunciado la asociación de fuerzas de seguridad privadas con las misiones de paz de la ONU, acaba de lanzar un estudio en profundidad sobre cómo las corporaciones están dictando la nueva agenda de desarrollo.

El estudio reconoce, con lenguaje que Adam Smith aprobaría, que los empresarios tienen un papel clave en el desarrollo y que hay empresas innovadoras realizando contribuciones al bien común mediante, por ejemplo, el desarrollo de energías alternativas. Pero luego se anota cómo en la práctica estos “partenariados” público-privados (PPPs) debilitan los esfuerzos por responsabilizar a las empresas por sus impactos negativos, conducen a una cultura de autocensura en las ONG, desvían la atención de las causas profundas de los problemas que la ONU debe resolver y pueden incluso poner en riesgo su credibilidad y legitimidad.

El informe revela cómo detrás de los informes de diversos paneles de expertos que asesoran a la ONU se repiten los nombres de un puñado de empresas y de dos empresarios multibillonarios convertidos en filántropos: Bill Gates (Microsoft) y Ted Turner (CNN).

Para evitar la “captura corporativa” de la ONU, el informe recomienda el establecimiento de códigos de conducta, similares a los que ya rigen a las ONG, la obligatoriedad de declarar “conflictos de intereses” por parte de cualquier experto que tenga intereses personales o empresariales en el tema sobre el cual opina y mayor trasparencia en los PPPs.

Estas críticas ya están suscitando preguntas incómodas en las comisiones de la ONU y, por lo pronto, la aprobación de una oficina especial para promover partenariados, solicitada por Ban Ki-moon el año pasado, fue desestimada en una primera vuelta de votación en diciembre y postergada hasta el próximo mes de abril.

Publicado: 7 de febrero de 2014 - No. 149 - Año 2014