Cuenta la historia popular que un aduanero estaba obsesionado con descubrir qué ocultaba el viejo que cada día cruzaba su puesto fronterizo con un burro cargado de heno. Incapaz de descubrir nada raro entre el forraje, un día le anuncia:

-Me acabo de jubilar y ya no tengo autoridad, pero no voy a morir tranquilo si no sé cuál es tu negocio.

-Fácil, responde el viejo. Contrabandeo burros.

Con similar celo, diplomáticos, burócratas internacionales y activistas de ONGs se han dedicado a escudriñar cada línea del borrador que resume varios meses de “conversaciones” preparatorias sobre cuáles deben ser los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), a lograr en los próximos tres lustros. En 2012, los jefes de Estado y de gobierno reunidos en Brasil, en la conferencia denominada “Rio+20” por realizarse dos décadas después de la histórica “Cumbre de la Tierra”, acordaron establecer estos ODS y pasaron a un grupo de trabajo de treinta países la tarea de definirlos.

El resumen de varios meses de trabajo preparatorio de este grupo es lo que contiene el borrador, un documento que aún no tiene número oficial ni la firma de los copresidentes del grupo -los embajadores Macharia Kamau, de Kenya, y Csaba Kőrösi, de Hungría-, pero ya está disponible en el sitio web de las Naciones Unidas (http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/3238summaryallowg.pdf), lo que indica que su difusión oficial es inminente.

Las negociaciones intergubernamentales recién comienzan y, si bien éstas pueden cambiar el texto, es muy difícil que se incorporen nuevos temas que no estén incluidos en el borrador y los debates serán arduos en aquellos ya identificados como conflictivos.

La erradicación del hambre y la pobreza extrema están obviamente incluidas, así como el acceso universal a servicios básicos de salud, educación, agua, saneamiento y “energía moderna”, para satisfacción de las respectivas campañas.

También se habla de “ciudades sustentables” y de “derechos sexuales y reproductivos”, si bien en ambos casos se registran opiniones discordantes que evidencian la falta de consenso sobre estos temas o sobre su relevancia como metas de desarrollo.

En algunos temas claves, el resumen de los copresidentes es particularmente tímido. La paz, por ejemplo, está tratada solo en relación a Estados debilitados por los conflictos internos y la palabra “crisis” está ausente del documento, no se menciona la inestabilidad financiera global y la deuda solo aparece como problema de los países más pobres.

La búsqueda de qué hay y qué falta en las treinta páginas del borrador de los copresidentes va a intensificarse en los próximos días y tal vez haya correcciones entre estos papeles y la versión final, pero al escarbar en los detalles no debemos, como el aduanero, perder de vista lo esencial: la gran innovación propuesta no está en las metas sino en quiénes cargan con la tarea de lograrlas.

En los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que expiran en el 2015, la octava meta, llamada en inglés Global Partnership for Development y traducida como “Alianza Mundial para el Desarrollo”, ubicaba claramente la responsabilidad de los países desarrollados, a los que correspondía contribuir con ayuda, reglas de comercio más justas, tecnologías y solución a los problemas de la deuda.

Estas promesas no tenían fecha y distan de haber sido cumplidas, pero al menos se sabía qué reclamar y a quiénes. Ahora, con el agregado sistemático de un plural y obviando la mayúscula, esta Alianza se transforma en múltiples partnerships y estas “asociaciones de colaboración” (la nueva traducción) ya no son entre Estados ricos y pobres sino entre los gobiernos, los organismos multilaterales y las grandes empresas trasnacionales.

Los actores de la sociedad civil tienen, por cierto, un papel a desempeñar y la expansión de la participación pública es indispensable para el desarrollo sustentable, desde lo local hasta lo global, pero las Naciones Unidas son en primer lugar un foro intergubernamental. A este pacto entre gobiernos se lo sustituye por partnerships (en plural), un término sistemáticamente asociado con stakeholders (partes interesadas). Así, en las partnerships ya impulsadas por el secretariado de las Naciones Unidas, Coca Cola es una “parte interesada” en la promoción de la mujer, MasterCard es una “parte interesada” en la educación y la banca Morgan Chase es una “parte interesada” en la “energía para todos”.

Como de contrabando, la propuesta de los ODS quiere legitimar, en paquete, la irrupción de las trasnacionales en la toma de decisiones globales, su implementación y su supervisión. Estas “asociaciones” no solo diluyen y debilitan la responsabilidad de los Estados, que ya no están en el centro de la acción, sino que refuerzan las asimetrías de poder. Las trasnacionales, que a través de los acuerdos bilaterales de inversión ya han adquirido el derecho de demandar a los Estados en tribunales arbitrales supranacionales -y no ante la justicias constitucionales-, se candidatean ahora para recibir la ayuda oficial al desarrollo y sentarse en los foros donde se negocian las reglas, en desmedro de las soberanías nacionales (y populares), de la democracia y de los derechos humanos.

Todavía no es tarde para evitarlo.

Publicado: 21 de febrero de 2014 - No. 151 - Año 2014