Los tratados de inversión comienzan a ser cuestionados. Varios países los están revisando a raíz de la gran cantidad de demandas presentadas, alegando que los cambios en las políticas gubernamentales afectan sus ganancias futuras.

Indonesia, por ejemplo, ya notificó a Holanda que dará por concluido su tratado bilateral de inversión y habría adelantado, además, que cancelará la totalidad de sus sesenta y siete tratados de este tipo, según informó la embajada del país europeo en Yakarta.

De confirmarse esta noticia, Indonesia se sumaría a Sudáfrica, que el año pasado hizo un anuncio similar, tras la demanda de una empresa minera británica, que reclamó por pérdidas debido a las medidas gubernamentales destinadas a reparar las políticas del apartheid.

Otros países también están revisando sus tratados bilaterales de inversión, impulsados por el aumento de demandas presentadas por empresas extranjeras con el argumento de que los cambios en las políticas o los contratos gubernamentales afectan sus ganancias futuras. La más importante fue presentada contra Ecuador, que debería compensar a la petrolera estadounidense OXY en 2,300 millones de dólares.

El sistema que faculta a los inversores extranjeros a demandar a los gobiernos ante un tribunal internacional, evitando así la legislación nacional, es un tema de fuerte controversia en las negociaciones en curso del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).

El sistema de solución de diferencias entre inversionistas y Estados está contenido en los tratados de libre comercio y en los bilaterales de inversión. Cuando se firmaron, varios países ignoraban que, en virtud de disposiciones vagamente redactadas, los inversionistas extranjeros podrían demandarlos con el argumento de que no fueron tratados con justicia o que les expropiaron sus posibles ganancias.

Indonesia fue demandada por la empresa británica Churchill Mining ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington, con el argumento de que el gobierno había violado el Tratado Bilateral de Inversión firmado con el Reino Unido cuando se canceló su contrato con un gobierno local en Kalimantan y reclama una indemnización de mil millones de dólares. Éste es uno de los casos que llevaron al gobierno indonesio a revisar sus numerosos tratados de este tipo.

India también está revisando sus tratados bilaterales de inversión, luego de que varias empresas de telefonía iniciaran juicios debido a que el Tribunal Supremo canceló sus licencias para servicios móviles 2G otorgadas en 2008 tras un escándalo de corrupción vinculado a su concesión.

Pero no sólo los países en desarrollo están preocupados con el sistema de solución de diferencias entre inversionistas y Estados. La Unión Europea se muestra reticente con el mecanismo, similar al del TPP, contenido en la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones (TTIP), el acuerdo que está negociando con Estados Unidos.

Alemania expresó a la Comisión Europea que el TTIP no debe incluir dicho mecanismo y la ministra de Economía, Brigitte Zypries, dijo al parlamento alemán que el gobierno estaba decidido a excluir de este acuerdo los derechos de arbitraje, según informó el Financial Times. “Desde la perspectiva del gobierno federal [alemán], los inversores estadounidenses en la Unión Europea tienen suficiente protección jurídica en los tribunales nacionales”, aseveró.

En Francia, la ministra de Comercio Exterior, Nicole Bricq, había manifestado su oposición a este mecanismo de arbitraje y en el Reino Unido, un informe encargado por el gobierno también presentó objeciones.

La preocupación europea ante el arbitraje internacional de inversiones tiene dos causas. Las demandas también están afectando a los países de la Unión Europea. (Alemania, por ejemplo, fue llevada ante el CIADI por la compañía sueca Vattenfall, que argumentó haber perdido más de mil millones de euros por la decisión de Berlín de eliminar gradualmente la energía nuclear tras el desastre de Fukushima). Y causan alarma pública. (Un informe de dos organizaciones europeas que reveló la arbitrariedad de las decisiones, cómo el sistema está monopolizado por unas pocas grandes firmas de abogados y cómo los tribunales están plagados de conflictos de intereses conmocionó no solo a la sociedad civil sino también a las autoridades políticas europeas.)

En enero, la Comisión Europea suspendió las negociaciones con Estados Unidos sobre las disposiciones del sistema de solución de diferencias entre inversionistas y Estados en el TTIP y anunció que sostendría consultas sobre el tema con la opinión pública durante noventa días.

Hasta el momento, Estados Unidos insiste en mantener el sistema de solución de diferencias entre inversionistas y Estados en el TPP y el TTIP. Pero si la incipiente oposición europea afecta a las negociaciones del TTIP, podría afectar también a las del TPP, al fortalecer la posición de quienes se oponen a este mecanismo.

Mientras tanto, debe esperarse que otros países quieran revisar sus tratados bilaterales de inversión. Los países en desarrollo que pretenden cancelar sus acuerdos con los países europeos pueden alegar ahora que también sus contrapartes tienen serias dudas sobre el sistema de solución de diferencias entre inversionistas y Estados.

Martin Khor fundador de TWN y director ejecutivo del Centro del Sur.

Publicado: 28 de marzo de 2014 - No. 156 - Año 2014