Sin una rendición de cuentas efectiva por parte de los poderosos no habrá un nuevo programa de desarrollo creíble y el sistema multilateral perderá su legitimidad.

Hace unos cuatro mil años, el rey Hammurabi hizo tallar en piedra las leyes de sus dominios entre los ríos Tigris y Éufrates y colocó el monolito delante de su palacio. No las escribió sobre las tabletas de arcilla que entonces se usaban, para que no pudieran ser cambiadas durante la noche a su antojo y usó el idioma llano de la gente, no el lenguaje arcano de los sacerdotes, para que todos entendieran y aprendieran, por ejemplo, que incluso los jueces tienen el deber de no traicionar las reglas en sus decisiones.

Se crearon así los principios básicos de la rendición de cuentas de los gobernantes a los gobernados.

Mucho más recientemente, hace apenas dos siglos, la Déclaration des Droits de l’ Homme et du Citoyen estableció en 1789 que todos los ciudadanos tienen derecho a verificar la necesidad de pagar impuestos y que la sociedad tiene derecho a reclamar cuentas de todos los agentes públicos.

En las últimas décadas, todos los gobernantes del mundo se han comprometido con la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), que establece los mínimos indispensables a la dignidad humana, la Declaración de Río (1992), que reconoció los derechos de las generaciones futuras, las de Copenhague y Beijing (1995), que prometen erradicar la pobreza y lograr la justicia de género, y la Declaración del Milenio (2000), que los compromete a garantizar la realización simultánea de un triángulo enmarcado por la paz y la seguridad en un vértice, la democracia y los derechos humanos en el segundo, y por último, pero no menos importante, el desarrollo y la justicia social.

La red internacional Social Watch fue creada en 1995 para ayudar a los gobiernos a no olvidar sus promesas y a los gobernados a registrar los logros… o la falta de ellos. Hoy en día, Social Watch tiene coaliciones activas que agrupan a más de mil organizaciones en ochenta países que reportan sobre la performance de sus propios gobiernos.

Al hacerlo, descubrimos algo que probablemente Hammurabi ya sabía: la rendición de cuentas solo tiene sentido si los poderosos pueden ser llamados a responsabilizarse. Los poderosos son el terrateniente, el alcalde y el jefe de policía en una comunidad rural distante. Y en el mundo globalizado, son los grandes países, las instituciones intergubernamentales -en particular las del comercio y las finanzas-, las empresas transnacionales e incluso algunas fundaciones y ONG mundiales con enormes presupuestos.

Muy a menudo, las coaliciones nacionales de Social Watch también han encontrado en la práctica que cuanto más pequeño, más pobre o más vulnerable es un país, más tiene que rendir cuentas. Todos los gobiernos tienen que reportar ante sus pares sobre el cumplimiento de sus obligaciones legales con los derechos humanos, en el marco del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos. Éste es un gran paso adelante. Pero los países en desarrollo tienen que informar, además, sobre el cumplimiento de sus compromisos de adhesión a la Organización Mundial del Comercio, son supervisados por el FMI, incluso si no son deudores, e informan a cada uno de sus donantes bilaterales individual y colectivamente.

De hecho, con frecuencia la rendición de cuentas a los ciudadanos se pospone o menoscaba porque primero hay que responder a los poderosos del mundo, aunque eso debilite el papel de los parlamentos y socave las instituciones democráticas. Para empeorar las cosas, más de dos mil acuerdos de inversión bilaterales y regionales suscritos en las últimas décadas han creado nuevos derechos para las empresas transnacionales, incluso que los humanos no tienen, como a establecerse en el lugar que quieran, repatriar los beneficios sin restricciones o litigar contra los gobiernos en demanda de beneficios perdidos debido a políticas decididas democráticamente, no ante tribunales locales, sino a través del arbitraje internacional. De hecho, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), hospedado en Washington por el Banco Mundial, no solo es un tribunal nada trasparente que suplanta las jurisdicciones nacionales, sino que se ha vuelto un creador de legislación internacional, por vía de sus interpretaciones y de su insistencia en que las normas de inversión son superiores a los acuerdos ambientales o de derechos humanos.

Ninguna obligación compensatoria fue creada para las empresas así favorecidas y éste es uno de los motivos de la desproporcionada captura por parte del capital de los beneficios del crecimiento y la reducción simétrica de la participación del trabajo en el reparto del ingreso.

Hace siete siglos, el pensador árabe Ibn Jaldún, padre de la sociología moderna, advirtió que “la injusticia arruina la civilización y destruye la dinastía (o sea el Estado)”. Sin una rendición de cuentas efectiva por parte de los poderosos no habrá un nuevo programa de desarrollo creíble y el sistema multilateral perderá su legitimidad.

Resumen de la intervención del autor en el panel “Seguimento y Rendición de Cuentas” convocado por el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, John Ashe.

Publicado: 9 de mayo de 2014 - No. 162 - Año 2014