La deuda externa está mostrando nuevamente su desagradable rostro. Varios países en desarrollo están sufriendo la reducción tanto de sus ingresos por concepto de exportaciones como de sus reservas de divisas. A ninguno de ellos le gustaría tener que recurrir a la ayuda del FMI para evitar el default.

La deuda externa está mostrando nuevamente su desagradable rostro. Varios países en desarrollo están sufriendo la reducción tanto de sus ingresos por concepto de exportaciones como de sus reservas de divisas.

A ningún país le gustaría tener que recurrir a la ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) para evitar el default (cesación de pago de sus obligaciones), ya que eso seguramente les acarrearía años de austeridad y aumento del desempleo, y al final, el monto de la deuda podría incluso empeorar. Además, es probable que haya bajo crecimiento, recesión, agitación social y política, como les ha ocurrido en el pasado a numerosos países latinoamericanos y africanos, y les ocurre hoy a varios países europeos.

Cuando no se encuentra una solución, entonces algunos países reestructuran sus deudas. Pero dado que no hay un sistema internacional para una solución ordenada de la deuda, es el país el que debe tomar su propia iniciativa. Los resultados suelen ser conflictivos, ya que tiene que enfrentar la pérdida de reputación en el mercado, además de la ira de los acreedores. Pero, para evitar la convulsión interna, el país se traga la píldora.

Ésta fue la experiencia de Argentina, cuya deuda pública alcanzó el ciento sesenta y seis por ciento del PBI en 2002.

Después de muchos años de deterioro e inestabilidad política, Argentina cayó en default en 2001. A continuación arregló dos canjes de deuda para 2005 y 2010, reestructurando así su deuda con el noventa y tres por ciento de sus acreedores, quienes accedieron a recibir alrededor de un tercio del valor original.

Pero el siete por ciento de los acreedores, conocidos como holdouts (del inglés to hold out: quedarse fuera de la negociación de amortización), no estaban de acuerdo con la reestructuración. Algunos fondos de cobertura influyentes -abarcaban solo el uno por ciento de los acreedores- que habían comprado parte de la deuda a muy bajo precio en el mercado secundario procuraron que el tribunal de Nueva York donde se habían contratado los préstamos originales emitiera una orden judicial ordenando el pago total.

Hay varios de estos fondos -ahora denominados “buitres”- que se especializan en comprar deudas en problemas a precios muy bajos (por ejemplo, a diez por ciento del valor original del préstamo) y luego recurren a los tribunales insistiendo en que les paguen el total y con intereses.

Como buitres, sobrevuelan y se abalanzan para alimentarse de los cuerpos muertos o moribundos. Solo que en este caso se trata de los países y se les exige que expriman más sus exangües economías para pagarles, que es como extraer sangre de una piedra.

Después de un largo proceso que llegó a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, el Poder Judicial de ese país decidió que los fondos de cobertura que no aceptaban la negociación y que presentaron el caso debían recibir el pago total de la deuda, y con intereses. Además, sentenció que el noventa y tres por ciento de los acreedores que ya había accedido a que les pagaran con un gran descuento, ahora no podría recibir el pago, a menos que al mismo tiempo se les pagara a los fondos buitres en su totalidad.

La decisión del juez de Nueva York Thomas Griesa se basó en el principio de pari passu, según el cual todos los acreedores deben recibir igual trato.

Dos semanas antes, Argentina ya había arreglado con el banco de Nueva York Mellon el pago de intereses al mencionado noventa y tres por ciento de acreedores pero, como consecuencia de la decisión judicial, el banco entonces se negó a recibir el pago.

Los fondos buitres quieren su cuota. El fondo principal, NML Capital, propiedad del magnate Paul Singer, tendría una ganancia estimada de mil seiscientos por ciento.

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, se negó a someterse a estos fondos. De haberlo hecho, el país podría haber tenido que pagar también a todos los acreedores el valor total, que asciende a 120,000 millones de dólares, lo que resulta imposible.

Este increíble giro de los acontecimientos ha causado indignación entre varios grupos de interés público y el fuerte malestar y preocupación de los gobiernos de los países en desarrollo. Pero la situación también les preocupa a los Ministerios de Finanzas de los países desarrollados, que se han visto afectados.

Hace unos pocos años, Grecia reestructuró su deuda, de la que los acreedores privados acordaron asumir una pérdida. Aceptar la decisión de la corte de Nueva York como el nuevo modo de resolver las crisis de endeudamiento haría casi imposible para cualquier país reestructurar sus deudas, ya que los fondos buitres se abalanzarían a bloquearlo.

El influyente analista del Financial Times Martin Wolf ha apoyado a Argentina en su batalla contra los fondos buitres. Arguyó, incluso, que el nombre dado a esos fondos es injusto para con los verdaderos buitres, porque ellos al menos realizan una valiosa tarea.

La Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA, por su sigla en inglés), un grupo de banqueros e inversionistas con sede en Suiza, emitió a fines de agosto nuevas normas destinadas a reducir la capacidad de los fondos especulativos de socavar la reestructuración de la deuda.

El Grupo de los 77 (G-77) más China, que en la Cumbre del Sur celebrada en mayo en Bolivia había reclamado un mecanismo adecuado de reestructuración de la deuda global, logró la semana pasada que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara por ciento veinticuatro votos a favor, once en contra y cuarenta y un abstenciones, una resolución que reconoce que los esfuerzos de un Estado para reestructurar su deuda no deben ser obstaculizados por los fondos de cobertura que buscan sacar provecho de la crisis.

La Asamblea General también decidió establecer un marco jurídico multilateral para la reestructuración de la deuda soberana para fines de 2014, con el objetivo de aumentar la estabilidad del sistema financiero internacional.

Un mecanismo internacional de reestructuración de la deuda será una solución sistémica, ya que los países con crisis de endeudamiento pueden recurrir a un tribunal o sistema internacional y ya no necesitarían hacer por su cuenta una engorrosa reestructuración de la deuda.

Ahora habrá una dura batalla para conseguir que se aplique la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ya que entre los once que se opusieron a la propuesta del G-77 (Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Hungría, Irlanda, Israel, Japón, Reino Unido y República Checa) se encuentran todos los países clave en las finanzas mundiales.

También el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas está considerando otra resolución dirigida a la creación de marcos legales para restringir las actividades de los fondos buitres y para reestructurar la deuda soberana. El 15 de agosto, el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos aprobó una decisión en la que señala que “Argentina había sido objeto en agosto de 2014 de un ataque de especuladores llamados fondos buitres” que “violan el derecho de los pueblos al desarrollo así como los derechos económicos y sociales de los ciudadanos de los países afectados” y recomendó al Consejo Derechos Humanos realizar “una investigación profunda” sobre las actividades de los mismos.

Es una buena noticia que el centro de la discusión de la deuda se encuentre ahora en las Naciones Unidas, un foro mundial en el que los países en desarrollo tienen una mayor participación en la toma de decisiones.

Las negociaciones que se avecinan serán difíciles, pero valen la pena ya que la prevención y la gestión de una crisis de la deuda es ahora una prioridad para un número creciente de países.

Martin Khor, Director ejecutivo del Centro del Sur.

Publicado: 19 de setiembre de 2014 - No. 181 - Año 2014