Uno de los principales desafíos es concientizar a la gente respecto a cómo las negociaciones internacionales tienen implicaciones para las acciones frente al cambio climático en el terreno, ya que toda la acción local nunca es suficiente. Cómo otros países actúan tiene importancia en relación con las emisiones mundiales y eso. a su vez, exige respuestas locales y nacionales. Por lo tanto, es necesaria la cooperación internacional.

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, adoptada en 1992, es el único marco legal global que impone obligaciones a todos los gobiernos y según el cual los países desarrollados deben liderar la reducción de las emisiones y la provisión de recursos financieros y tecnológicos a los países en desarrollo para que éstos puedan realizar acciones para enfrentar el cambio climático en el plano interno. Así es como opera el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y la equidad. Estas disposiciones reflejan la responsabilidad histórica de los países desarrollados que, desde la revolución industrial, son los que más han emitido los gases de efecto invernadero actualmente presentes en la atmósfera.

Los países desarrollados están tratando de debilitar la Convención y de desplazar hacia los países en desarrollo gran parte de sus responsabilidades para enfrentar el cambio climático, con miras al nuevo acuerdo que se celebrará en París a fines del próximo año. Es importante que la sociedad civil y los movimientos sociales impidan que esto ocurra, de lo contrario ya no existirá un tratado equitativo para la acción global en materia ambiental.

Los países desarrollados no quieren respetar el trato diferenciado entre los países desarrollados y en desarrollo y quieren un régimen que aplica las reglas de manera uniforme a todos los países, independientemente de las diferencias entre ellos. También pretenden que todos los países se comprometan a fijar sus tasas de reducción post 2020, sin reconocer la necesidad del apoyo financiero y la transferencia de tecnología a los países en desarrollo, lo cual es contrario a la Convención. Estados Unidos y sus aliados quieren que los países asuman compromisos de acuerdo con sus circunstancias nacionales, sin reconocer que tal sistema de compromiso y revisión conllevaría probablemente al mundo a una elevación de temperatura promedio más allá de los dos grados centígrados.

Algunos países en desarrollo y grupos de la sociedad civil han planteado la necesidad de compartir de manera equitativa el espacio de carbono que aún resta en la atmósfera, teniendo en cuenta las emisiones históricas de cada país desde la revolución industrial. Estas asignaciones se basarían en factores de población y de la riqueza relativa con que cada país cuenta para poder tomar medidas. Si se apuntara a limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados, significaría que queda por asignar un cierto volumen -muy pequeño- que las emisiones de carbono no deben exceder.

Los países desarrollados han emitido muchos gases de efecto invernadero históricamente, mientras acumulaban su riqueza, en un mundo sin restricciones y basado en los combustibles fósiles. Han acumulado una deuda de carbono, lo que significa que han utilizado el espacio atmosférico de los países en desarrollo. Esta deuda de carbono tiene que ser pagada mediante recursos financieros hacia los países en desarrollo. También deberán transformar radicalmente sus propias economías y estilos de vida a la mayor brevedad para evitar mayores emisiones.

En un planeta que necesita restringir el carbono, los países en desarrollo no pueden replicar los mismos caminos de alta emisión. Sin embargo, para que ellos puedan transformarse a sociedades bajas en carbono y responder a los impactos del clima, requieren de recursos financieros masivos y de la transferencia de tecnologías desde los países desarrollados. Ello se debe a que muchos de ellos ya se enfrentan al reto de satisfacer las necesidades básicas de su población con recursos limitados, así como de erradicar la pobreza y las desigualdades.

La única manera para hacer avanzar este tipo de demandas es que los movimientos sociales y la sociedad civil insistan en la implementación de las obligaciones existentes en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, a la vez que evitar cualquier retroceso frente a las obligaciones internacionales. Para que esto suceda, se requiere exigir que los gobiernos rindan cuentas respecto al cumplimiento de sus compromisos internacionales, especialmente en los países desarrollados.

En los países desarrollados hay que ejercer una mayor presión para aumentar la transferencia de recursos financieros y tecnologías ambientalmente amigables a los países en desarrollo. No obstante la creación en 2011 del Fondo Verde para el Clima para que los países en desarrollo puedan llevar a cabo acciones de mitigación y adaptación climática, aún no se ha capitalizado. Los gobiernos acordaron en 2010 en Cancún que se movilizarían al menos 100,000 millones de dólares por año hasta 2020, pero esto aún no se concreta.

Es vital que estos recursos sean transferidos con urgencia, a fin de permitir que los países en desarrollo no solo satisfagan sus necesidades de adaptación, sino también lleven a cabo acciones para la reducción de emisiones. De lo contrario, los pocos recursos nacionales con que cuentan deberán asignarse a la adaptación y a enfrentar las pérdidas resultantes de catástrofes naturales o inducidas por el clima, lo que implicaría sacrificar la satisfacción de sus otras necesidades sociales y básicas, como alimentos, refugio, vivienda, salud y educación.

Meena Raman, Coordinadora del Programa de Cambio Climático de Third World Network (TWN).

Publicado: 26 de setiembre de 2014 - No. 182 - Año 2014