El TPP pretende alcanzar metas que el capital trasnacional ha perseguido desde los años 80. Su primera estrategia fueron los programas de ajuste estructural de la triada BM-FMI-BID, y su primer avance para integrar los propósitos políticos en un texto vinculante fue el TLCAN (1994), seguido de la OMC (1995).

La reciente conclusión formal de las negociaciones del mega tratado Transpacífico (Acuerdo de Asociación Transpacífico – TPP, por sus siglas en inglés) pretende y apunta a alcanzar metas que el capital trasnacional ha perseguido desde la década de los ochenta. Su primera estrategia fue encabezada por los programas de ajuste estructural de la triada BM-FMI-BID, y su primer avance para integrar los propósitos políticos de manera vinculante en un texto fue el Tratado de Libre Comercio TLCAN (1994), seguido de la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC, 1995).

Recién creada la OMC, y tratando de introducir los temas Financieros y Derechos de Propiedad Intelectual (Agenda de Singapur-1996), lo mismo que un Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), el director general, Renato Ruggiero, describió cínicamente el momento: «Estamos escribiendo la Constitución para una sola economía mundial». (Singapur, 1996).

Diecinueve años después de Ruggiero resurge el discurso de la hegemonía y la economía mundial con el TPP: «En virtud de este acuerdo, nosotros, en vez de países como China, estamos escribiendo las reglas para la economía mundial». (B. Obama, octubre de 2015[1]).

Sin embargo, el objetivo nunca se ha restringido a la economía mundial, ni regional, ni se busca la prosperidad, la seguridad y sustentabilidad global, y menos la democracia, sino la transformación de las reglas del orden mundial a las necesidades de la globalización del capital transnacional.

A lo largo de más de 20 años de luchas de resistencia, redes de activistas sociales, de personalidades, académicos y de gobiernos, han demostrado que detrás del cliché de “acuerdo de libre comercio”, en el trasfondo hay objetivos esencialmente políticos como el eliminar las facultades del Estado para regular con fines sociales, poner los derechos corporativos del capital por encima de los derechos humanos y de la naturaleza, crear mecanismos de gobernanza global de la economía sin ninguna legitimidad o control democrático.

Los tratados como instrumentos de la política trasnacional

Estados Unidos ha acumulado en los últimos 30 años una experiencia y fracasos por tratar de imponer las reglas mundiales, escritas en Tratados, que consoliden los intereses de la globalización trasnacional. Los tratados de libre comercio (TLC) han sido una de esas vías y el más conocido cliché para imponer esa estrategia corporativa.

Estados Unidos después de alcanzar un TLC, primero con Israel (1985) y otro con Canadá (1987), así como un TLC regional (TLCAN, 1994), desplegó una estrategia mundial para alcanzar un Tratado Multilateral (en la OMC), o mediante tratados bilaterales o regionales tanto de tipo TLC, como del tipo de Protección de Inversiones, de Protección de Propiedad Intelectual, o preparando el terreno político diplomático mediante los llamados Acuerdos Marco de Comercio e Inversión. El terreno privilegiado para la ofensiva de los TLC fue el espacio latinoamericano: 11 TLC, de un total de 20 tratados, alcanzados antes de pretender coronar su estrategia con el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA)[2].

Dentro de esta estrategia, la prioridad ha sido puesta en materia de inversión y propiedad intelectual. Los Tratados, eufemísticamente llamados Tratados Bilaterales de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (TBI), fueron impuestos mundialmente a países subdesarrollados. De los 42 tratados TBI que Estados Unidos ha firmado, el espacio elegido en la década 1994-2004, fueron los llamados países en transición (16 países); sólo 8 países latinoamericanos, carentes de TLC fueron añadidos a ese acervo.[3] En este campo, los países europeos son dominantes mundiales con el 30% de los aproximadamente 4,600 TBI en vigor.[4]

Una estrategia muy defendida por los monopolios trasnacionales han sido los Tratados Multilaterales y bilaterales de la llamada protección de la propiedad intelectual (patentes, marcas, derechos de autor, diseños industriales y otros), área dominada mundialmente por los países desarrollados, con 51% de los 2.3 millones de solicitudes de patentes. Sin embargo, la importancia de China es indudable, con 28% del total, mayor que el 23% de Estados Unidos. En solicitudes de marcas China alcanza el 25% y Estados Unidos el 17% de las 6.5 millones de solicitudes.[5]

En esta estratégica materia, de los 34 tratados de protección a la Propiedad Intelectual, 24 han sido acuerdos bilaterales con 24 países (13 antes de la OMC y 11 después). Dos Tratados Multilaterales han precedido a 8 acuerdos multilaterales o reformas específicas surgidas con la OMC o después.[6]

Una estrategia de tres pistas

Los intereses trasnacionales, encabezados por la triada del gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, desde hace tres décadas han venido empujando sus iniciativas bilaterales, regionales y multilaterales. A partir de las neoliberales reglas alcanzadas en el TLC de América del Norte (TLCAN), su reproducción en la OMC y la búsqueda de su extensión a todo el hemisferio mediante el ALCA, se trasformaron las condiciones en que Japón venía desarrollando su articulación productiva en el área asiática mediante el Foro APEC, lo mismo que las condiciones en que la Comunidad Europea-Unión Europea venía manteniendo su relación neocolonial con los Acuerdos de Lomé-a-Cotonou con los países ACP (sus 79 ex colonias de Asia, Caribe y Pacífico).

La triada buscó infructuosamente incorporar temas adicionales a la agenda de la OMC y se encontró con la sorpresiva movilización civil y la oposición de varios bloques de países, encabezados por los de África y los más desposeídos en la tercera cumbre ministerial en Seattle, Estados Unidos (1999). Cuatro años antes, la Cumbre de APEC en Osaka (1995) había entrado en crisis por la pretensión de transformar un foro de diálogo político-económico en espacio de desregulación obligatoria de varios temas. Y lo mismo se repitió durante la fracasada quinta Cumbre de OMC en Cancún, septiembre de 2003.[7]

El espacio regional, donde ya se habían sembrado los temas controversiales en el corazón de los 11 TLC con países latinoamericanos, animó a Estados Unidos a insistir y pretender llegar a obtener la aceptación del proyecto hemisférico de TLC, el ALCA. Sin embargo, en la histórica Cumbre de las Américas en Mar del Plata (noviembre de 2005), el presidente de Estados Unidos (G. W. Bush) y sus destacados aliados de México (V. Fox) y Chile (R. Lagos) sufrieron una estrepitosa derrota a manos de una inusitada alianza entre gobiernos opositores al ALCA y redes sociales hemisféricas alternativas, como la Alianza Social Continental (ASC) y la Campaña Continental contra el ALCA.

«Lo bueno es que no tuvimos que hacer el trabajo. Los mexicanos y chilenos estaban más enojados que nosotros»: Thomas H. Shannon, Secretario Adjunto para América Latina y Caribe del Departamento de Estado, en declaración a la prensa.[8]

Cambio de estrategia, usar lo disponible para alcanzar lo deseable

Con un rosario de fracasos y una estrategia desgastada y claramente impopular, la coalición neoliberal, sobre todo la estadounidense, cambió de estrategia al adoptar una agenda multivariada de un soft power[9] renovado como “poder inteligente”, que facilite el debilitamiento de las resistencias y adopte las políticas buscadas. Para ese propósito, se propusieron: 1) fortalecer y profundizar la agenda y la labor de las instituciones oficiales hemisféricas, la mayoría surgidas desde la primera Cumbre de las Américas (Miami, 2004); 2) coordinar las políticas de las organizaciones financieras regionales, y dar continuidad a la agenda de asesoría en desregulación o “modernización competitiva” de los gobiernos latinoamericanos y las cúpulas de las organizaciones empresariales; 3) apoyar de manera firme la labor de cabildeo de las organizaciones estadounidenses con agenda latinoamericana, como el Consejo de las Américas, las instituciones académicas; 4) usar intensivamente el apoyo de los poderosos grupos mediáticos; y 5) apoyar y fortalecer la oposición empresarial a los gobiernos latinoamericanos que buscan enfrentar este modelo dominante, llegando incluso a impulsar golpes de Estado (duros o suaves).

En palabras de la ex Secretaria de Estado Hillary Clinton, en julio de 2009: En “Nuestro enfoque de política exterior… los hechos exigen una estructura mundial distinta… trabajaremos a través de instituciones existentes y las reformaremos. Trascenderemos a los Estados y crearemos oportunidades para que instituciones no estatales y particulares puedan contribuir a las soluciones… colaboramos con nuestros principales aliados de tratados, como Japón y Corea, Australia, Tailandia, Filipinas y otros socios para fortalecer nuestras relaciones bilaterales, así como las instituciones transpacíficas. Somos al mismo tiempo un país transatlántico y transpacífico”.[10]

La señora Clinton decía en público lo que sin aspavientos ya venían haciendo bajo el mandato de las nunca enterradas 23 Iniciativas temáticas del Plan de Acción de la Cumbre de Miami (1994)[11] e intensificándolo después del 2005 con las alianzas público-privadas mediante las reuniones periódicas de Ministros de las Américas en Finanzas, en Energía, en Agricultura, en Minas, en Defensa, y una docena más de temas, bajo el paraguas formal del BID, de la OEA, del IICA.[12]

A la par, una red de instituciones y organizaciones “civiles” íntimamente ligada a la política del Departamento de Estado de Estados Unidos ha venido “modernizando” mediante la “reforma regulatoria” y la “competitividad” la política pública de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos y del Caribe, así como creando alianzas con las cúpulas empresariales de nuestros países.

Así, el bufete de ex funcionarios privatizadores, Jacobs-Cordoba y As., autores directos de 11 de los programas de reforma (des)regulatoria de gobiernos latinoamericanos (de un total de 74 gobiernos “asesorados” en el mundo)[13], son también los “super expertos” de la Red Inter-Americana de Competitividad RIAC[14] de la Federación Global de Consejos de Competitividad articulado al Foro Económico Mundia, la Cumbre de las trasnacionales.[15]

Por su parte, la organización empresarial Consejo de las Américas, creada por D. Rockefeller, ha intensificado desde 2006 su programa hemisférico de promoción neoliberal y de relaciones políticas; 75 reuniones en 16 ciudades capitales; cabildeos convertidos en culto por las cúpulas empresariales, gubernamentales, incluyendo a algunos presidentes afines.[16]

Así, bancos, tecnócratas, cabilderos, académicos y poderosísimos monopolios de medios de comunicación corporativos han continuado trabajando cotidianamente, en coordinación con funcionarios y algunas organizaciones civiles, desde dentro de nuestros países con programa e ideología trasnacional, que no terminamos de enterrar, ni con gobiernos progresistas.

Desde 2007, advertimos de esta peligrosa estrategia[17] que no solo ha propiciado la Alianza del Pacífico, sino que ahora se convierte en el apoyo político del TPP; ese peligroso brazo de la nueva tenaza trasnacional, y mañana podría serlo del tratado gemelo Tras-Atlántico.

El TTP busca superar la derrota del ALCA y coronar en triunfo esta larga y multiforme estrategia para crear un mundo adaptado a sus intereses. Solo la movilización social global y unitaria podrá presionar a los legisladores y gobiernos para derrotar a este Super-ALCA.

Alejandro Villamares analista, activista y miembro de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC).

Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento No. 509 (noviembre 2015), con el título «A 10 años de la derrota del ALCA».

Notas:

Publicado: 4 de diciembre de 2015 - No. 238 - Año 2015