El «impuesto de ajuste fronterizo» que urde actualmente Estados Unidos sería nefasto para las exportaciones de los países en desarrollo y acarrearía la deslocalización de empresas tanto estadounidenses como extranjeras.

Tanto el presidente de Estados Unidos como varios dirigentes del Congreso de este país están contemplando la posibilidad de recurrir a una nueva y perjudicial forma de proteccionismo que podría tener efectos desastrosos para las exportaciones y las inversiones de los socios comerciales de los Estados Unidos y en particular, para los países en desarrollo.

De aplicarse el «impuesto de ajuste fronterizo», se gravarán las importaciones de bienes y servicios que ingresen en los Estados Unidos y a la vez se subvencionarán las exportaciones estadounidenses, que estarían exentas del impuesto.

La propuesta tiene por objeto hacer más competitivos los productos estadounidenses reduciendo drásticamente las importaciones y promoviendo las exportaciones a fin de reducir el enorme déficit comercial de los Estados Unidos.

Sin embargo, de ser aprobada, también afectaría considerablemente la competitividad o la viabilidad comercial de los bienes y servicios que otros países exportan actualmente hacia los Estados Unidos.

Por una parte, debido a la incidencia del impuesto, los precios de estas exportaciones tendrán que aumentar, lo cual debilitará la demanda e incluso afectará la venta de los productos.

Por otra parte, las empresas, tanto estadounidenses como extranjeras, que invirtieron en los países en desarrollo atraídas por los costes más baratos y que exportan sus productos hacia los Estados Unidos se verán perjudicadas por el nuevo impuesto a las importaciones.

Algunas empresas se trasladarán a los Estados Unidos y los posibles inversores perderán interés en abrir nuevas fábricas en los países en desarrollo. De hecho, hacer que las empresas regresen a los Estados Unidos es uno de los principales objetivos de la propuesta, que es un componente fundamental de la estrategia «los Estados Unidos primero» del presidente Donald Trump, acompañada de eslóganes que exhortan a comprar productos estadounidenses y a contratar empleados estadounidenses.

El impuesto de ajuste fronterizo es un elemento del plan de reforma tributaria llamado «A better way» (una mejor manera) defendida principalmente por los dirigentes republicanos Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y Kevin Brady, presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de este país.

Aunque en un principio el presidente Trump consideró que la propuesta era «demasiado complicada», ahora la está considerando seriamente. En un discurso reciente afirmó ante los congresistas republicanos: «Estamos trabajando en un proyecto de ley de reforma tributaria que reducirá nuestros déficits comerciales, impulsará las exportaciones estadounidenses y generará ingresos procedentes de México que pagarán el muro (en la frontera)».

Sin embargo, la propuesta ha suscitado una gran controversia en los Estados Unidos y ha encontrado oposición tanto por parte de algunos congresistas (entre ellos algunos republicanos), muchos economistas y empresas estadounidenses basadas principalmente en la importación.

Aun así, tiene un gran respaldo entre los dirigentes republicanos del Congreso y podría presentarse alguna versión de la misma como proyecto de ley. Que sea aprobado o no, aún está por verse.

El presidente Trump ya había amenazado con imponer aranceles elevados sobre las importaciones de países que tienen grandes superávits comerciales con los Estados Unidos, en particular, China y México.

Puede que sea una medida más simple, pero su carácter proteccionista es tan obvio que no tardará en provocar represalias y muy posiblemente será considerada infractora de las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La propuesta de ajuste fiscal puede igualmente desalentar las importaciones y además, promover las exportaciones, pero es más compleja y por lo tanto, difícil de entender.

Quienes la defienden esperan que la medida, por ser complicada y generar confusión, no suscite una respuesta muy fuerte por parte de los socios comerciales de los Estados Unidos. Además, aducen que está permitida por la OMC y aparentemente, estarían dispuestos a ponerla a prueba.

El plan de reforma tributaria prevé una reducción del impuesto de sociedades del 35 % aplicado hoy en día, a un 20 %.  El ajuste fronterizo tiene dos implicaciones principales: en primer lugar, los gastos en bienes y servicios ya no podrán deducirse de los ingresos imponibles de una empresa, a diferencia de los salarios y los insumos producidos en el país comprados por la empresa, que sí podrán deducirse.

En consecuencia, se aplicaría un impuesto de un 20 % a las importaciones de las empresas.

Resultarían afectadas especialmente las empresas que dependen de importaciones de automóviles, productos electrónicos, ropa, juguetes y los sectores minoristas, y el sector del refino de petróleo.

El Wall Street Journal pone el ejemplo de una empresa con unos ingresos de 10 000 dólares,  5 000 dólares de gastos de importaciones, 2 000 dólares de gastos por concepto de salarios y 3 000 dólares de beneficios.  Con arreglo al sistema actual pueden deducirse 5 000 dólares de importaciones más los 2 000 dólares por concepto de salarios. Si se aplica una tasa impositiva del 35 %, el total imponible de la empresa sería de 3 000 dólares, el impuesto de 1 050 dólares y el beneficio después de impuestos, de 1 950 dólares.

En cambio, con arreglo al nuevo plan de reforma tributaria, los 5 000 dólares de importaciones no pueden deducirse y formarían parte del nuevo total imponible de 8 000 dólares. Si se aplica una tasa impositiva del 20 %, el impuesto sería de 1 600 dólares y el beneficio una vez deducidos los impuestos, de 1 400 dólares.

Así las cosas, si la empresa quiere mantener su margen de beneficio tendría que aumentar sus precios y sus ingresos considerablemente, pero esto a su vez reduciría la demanda de los bienes importados.

Para empresas con mayor dependencia de las importaciones o con un margen de beneficios inferior, la situación puede ser incluso más grave, pues algunas dejarían de ser financieramente viables.

Pongamos como ejemplo una empresa con unos ingresos de 10 000 dólares, gastos de importación de 7 000 dólares, gastos de salarios de 2 000 dólares y beneficios de 1 000 dólares.  Con arreglo al nuevo plan fiscal, el total imponible es de 8 000 dólares y el impuesto, de 1 600. Es decir, una vez deducidos los impuestos, se registrarán pérdidas por 600 dólares en lugar de beneficios por 1 000 dólares.

Para mantenerse a flote, la empresa tendría que aumentar significativamente sus precios con lo cual el producto importado sería mucho menos competitivo.  En el peor de los casos, la empresa tendría que cerrar y cesarían las importaciones.

El economista Larry Summers, exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, cita un ejemplo parecido: un minorista que importa bienes por 60 centavos, incurre en gastos de 30 centavos por costes de mano de obra e intereses y obtiene un margen de 5 centavos. Con un impuesto del 20 % y sin la posibilidad de deducir los costes de las importaciones o los intereses, los impuestos superarán con creces el 100 % de los beneficios incluso aunque un dólar más fuerte pueda compensar un poco la situación.

En segundo lugar, el nuevo plan fiscal les permite a las empresas deducir los ingresos provenientes de las exportaciones de los ingresos imponibles y por lo tanto,  aumentar su margen de beneficios después de deducir el impuesto.

El artículo del Wall Street Journal da el ejemplo de una empresa con ventas de exportación por 10 000 dólares, costos de los insumos de 5 000 dólares, salarios de 2 000 dólares y beneficios de 3 000. Si se aplica un tipo del impuesto de sociedades del 35 %, el impuesto es de 1 050 dólares y los ingresos después de deducir el impuesto, serán 1 950 dólares.

Con arreglo a la propuesta, las ventas de exportación de 10 000 dólares están exentas de impuestos, con lo que el impuesto para la empresa es de cero. Por consiguiente, después de deducir el impuesto, los beneficios son de 3 000 dólares. La empresa puede reducir los precios de sus exportaciones con lo cual aumenta la demanda de sus productos, así como sus ventas y sus ingresos provenientes de las exportaciones.

A escala macroeconómica, por una parte, al disminuir los impuestos y aumentar las exportaciones, los Estados Unidos pueden reducir su déficit fiscal, lo cual es uno de los principales objetivos de la propuesta.

Por otra parte, teniendo en cuenta que los Estados Unidos son el principal mercado de exportación para muchos países en desarrollo, la aplicación del plan de reforma tributaria tendría consecuencias graves para estos países.

Entre ellos figuran países como China y México, que venden cientos de miles de millones de dólares de productos manufacturados a los Estados Unidos; el Brasil y la Argentina, importantes exportadores de productos agrícolas; Malasia, Indonesia y Viet Nam, vendedores de productos básicos como aceite de palma y madera de construcción, así como bienes manufacturados como productos y componentes electrónicos y textiles; países árabes exportadores de petróleo; países africanos exportadores de petróleo, minerales y otros productos básicos; y países como la India que suministran, entre otros, servicios de llamadas y servicios de contaduría a las empresas estadounidenses.

Las empresas industriales estadounidenses también son inversionistas en muchos países en desarrollo. Si llega a aplicarse, el plan de reforma tributaria disminuiría los incentivos para que estas empresas tengan filiales en el extranjero pues la ventaja de los bajos costos de los países extranjeros se perdería si la empresa matriz no puede beneficiarse de deducciones por los bienes importados de sus filiales en el extranjero.

Quizás el país más vulnerable es México, en donde muchas fábricas se establecieron para aprovechar la entrada libre de aranceles de sus productos al mercado estadounidense en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El presidente Trump ha advertido a las empresas de automóviles, tanto estadounidenses como alemanas y japonesas, que si hacen nuevas inversiones en México impondrá elevados impuestos o aranceles a la importación de sus productos y las instó a invertir en los Estados Unidos.

Cuando se comprendan las implicaciones del plan de ajuste fiscal en la frontera, muy seguramente su aplicación suscitará la preocupación y la indignación de los socios comerciales de los Estados Unidos, tanto del Norte como del Sur.  Cabe esperar que estos países consideren la adopción de medidas inmediatas de represalia.

Luis de la Calle, exsubsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales de México entre 2002 y 2006,  dijo en una entrevista con los medios de comunicación que si los Estados Unidos quieren adoptar este nuevo planteamiento de un ajuste fiscal en la frontera, México y el Canadá tendrían que hacer lo mismo y deben prepararse para esta posibilidad.

De cualquier manera, es de esperar que los países presenten quejas contra los Estados Unidos ante la OMC. Si bien los defensores de la propuesta afirman que el plan fiscal se concebirá de manera que sea compatible con las normas de la OMC,  muchos expertos en derecho mercantil internacional consideran que las medidas del plan fiscal violarán varios de los principios y los acuerdos de la OMC y que si otros países presentan reclamaciones contra los Estados Unidos en virtud del sistema de solución de diferencias de la OMC, los Estados Unidos perderán los casos.

Sin embargo, esta posibilidad puede no ser decisiva para disuadir a Trump de defender el plan de reforma tributaria republicano y firmar la ley si el Congreso decide aprobarlo.

Tanto el presidente como algunos de sus asesores comerciales han criticado las normas de la OMC y han mencionado la posibilidad de dejar de formar parte de la organización si esta dificulta o impide la aplicación de la nueva estrategia «los Estados Unidos primero».  Sin duda, la retirada de los Estados Unidos de la OMC generaría una grave crisis en el comercio internacional y en las relaciones comerciales.

Aun así, son muchos los que critican el plan. Lawrence Summers, exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, advierte que el nuevo impuesto agravará la desigualdad, impondrá cargas punitivas sobre las empresas y sectores basados principalmente en la importación, y perjudicará a la economía mundial.

Se espera que el plan fiscal provoque una apreciación del dólar de entre un 15 % y un 20 %. Según Summers, esta apreciación causará enormes perjuicios a los deudores en dólares en todo el mundo y provocará crisis financieras en algunos mercados emergentes.

Mientras que las empresas exportadoras estadounidenses apoyan el plan fiscal en la frontera, gigantes como Walmart y Apple se oponen firmemente a la propuesta, considerada «una locura» por Steven Forbes, un republicano muy influyente, dueño de la revista Forbes.

Aún no está claro cuál será la posición final de Trump al respecto. Si considera que el impuesto fronterizo que ha sido propuesto es muy difícil de utilizar por sus efectos sobre los sectores y empresas estadounidenses, podría optar por algo más simple como el uso de aranceles.

De cualquier modo, trátese de aranceles o de impuestos fronterizos, los responsables de la formulación de políticas, y las empresas y sus empleados, en especial en los países en desarrollo, deberían estar atentos a las políticas comerciales que se preparan en Washington y expresar su opinión.

Si no lo hacen, el día menos pensado los Estados Unidos bloquearán el acceso de sus productos al mercado estadounidense (el más grande del mundo) y las empresas que se regocijaban de hacer dinero en sus países, harán sus maletas y regresarán a casa.

Martin Khor es director ejecutivo del Centro del Sur.

Publicado: 21 de abril de 2017 - No. 305 - Año 2017