El  Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) se encuentra en proceso de ratificación por parte de sus once países signatarios. Ratificarlo e implementarlo significaría tener que cambiar muchas políticas existentes, con amplias implicaciones sociales, económicas y políticas.

Por otra parte, después de que el presidente Donald Trump retirara a Estados Unidos del acuerdo en enero de 2017, el CPTPP -conocido también como TPP 11- ha perdido la principal atracción con que contaba su polémico predecesor, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP): el acceso preferencial al vasto mercado norteamericano.

El CPTPP entrará en vigor 60 días después de que lo ratifiquen seis de los once países que firmaron el acuerdo el 8 de marzo de este año en Santiago de Chile: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Hasta el momento solo lo han ratificado México, Japón y Singapur.

Los argumentos según los cuales con el CPTPP habría mayor crecimiento económico suelen basarse en estudios desactualizados sobre el TPP y han sido criticados debido a los defectos en los modelos utilizados para las predicciones, sus suposiciones poco realistas y que gran parte de las ganancias provendrían de medidas no arancelarias y flujos de inversión, muy difíciles de predecir.

Por otro lado, el CPTPP obliga a sus miembros a cumplir con muchas nuevas reglas que no se refieren al comercio, comprometiendo la libertad y el espacio de los países miembros para formular y aplicar políticas, leyes y reglamentos.

Entre estas nuevas reglas tienen particular importancia las referidas a la política de inversión. Las condiciones que suelen imponerse a las inversiones, como la transferencia de tecnología y el uso de materiales locales, están prohibidas o restringidas. Los inversionistas extranjeros deben ser tratados al menos igual que los locales y, si sienten que no reciben un trato justo, también pueden demandar al país en un tribunal internacional, por lo general el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington.

Pero hay otras reglas que también comprometen la soberanía de los países miembros del CPTPP. Por ejemplo, habrá un cambio en la contratación pública. El acuerdo obliga a permitir que las empresas de los otros países miembros presenten ofertas en igualdad de condiciones con las locales para el suministro de bienes y servicios, y la obtención de proyectos gubernamentales.

En cuanto a propiedad intelectual, si bien este capítulo ha suspendido algunas de las peores cláusulas del acuerdo, aún existen varias disposiciones que afectan el acceso a los medicamentos.

Es verdad que se contemplan concesiones y excepciones a estas reglas, pero muchas de ellas no proporcionan beneficios reales ni evitan los efectos adversos sobre la libertad del país para elegir sus propias políticas.

En términos de acceso al mercado hay beneficios muy limitados. Las cuestiones no comerciales implican costos elevados al reducir seriamente el espacio de políticas públicas en muchas áreas y comprometer la soberanía nacional.

La mayoría de los países que han firmado el CPTPP aún no lo ha ratificado. Sus gobiernos y sus parlamentos deben pensar detenidamente si deben ratificarlo o no.

Martin Khor es ex director ejecutivo del Centro del Sur y fundador de Third World Network (TWN).

Publicado: 17 de agosto de 2018 - No. 345 - Año 2018