Los representantes de los gobiernos no lograron un acuerdo en Nueva York sobre el plan de acción que debería aprobarse en junio en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, conocida como Río+20. Tras dos semanas de deliberaciones resolvieron convocar una sesión adicional, del 29 de mayo al 2 de junio.

Los representantes gubernamentales no alcanzaron la semana pasada consenso sobre “El futuro que queremos”, el plan de acción que debería aprobarse el mes próximo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, conocida como Rio+20. En la segunda ronda de negociaciones informales al respecto, celebrada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, se registraron intensos debates y diferencias entre delegaciones, que acordaron volver a reunirse durante cinco días antes de la cumbre.

Tras dos semanas de deliberaciones concluidas cuando faltaban menos de cincuenta días para la conferencia en Rio de Janeiro, los representantes de los gobiernos agendaron una sesión adicional, del 29 de mayo al 2 de junio y también en Nueva York. Esta próxima reunión, que no estaba prevista, fue propuesta por el comité preparatorio de la cumbre.

Durante las negociaciones transcurridas del 23 de abril al 4 de mayo, “además de intercambios divergentes acerca de la ‘economía verde’ […], se destacaron discusiones referidas al marco de acción y al seguimiento de algunas áreas temáticas como agua, energía, agricultura y objetivos de desarrollo sustentable”, informó Meena Raman, de Third World Network (TWN).

Apenas veintiún parágrafos del borrador de plan de acción fueron acordados ad referendum (sin textos “entre corchetes” pero sujetos a la aprobación completa del documento), mientras persisten diferencias en torno de los restantes parágrafos, que son más de cuatrocientos.

Las principales diferencias entre los países en desarrollo y los desarrollados se refieren a los “principios y características” que “deberían guiar” a los objetivos de desarrollo sustentable, los “derechos humanos al agua potable segura y limpia y al saneamiento”, el “acceso a servicios modernos de energía” y al “derecho de todos al acceso a alimentación segura y nutritiva, consistente con el derecho fundamental universal a no tener hambre”.

Muchos países desarrollados se opusieron a mencionar la alimentación o el agua como derechos humanos, a pesar de los acuerdos al respecto alcanzados con anterioridad y por consenso en resoluciones de las Naciones Unidas.

El Grupo de los 77 (G-77) y China, que representa a ciento treinta y dos países en desarrollo, apoyó todos los diecinueves “principios y características” por los que los objetivos de desarrollo sustentable “deberían guiarse”. En cambio, Canadá, Estados Unidos, Noruega y Suiza propusieron, por ejemplo, borrar el “principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas”.

Estados Unidos, Nueva Zelanda yla Unión Europea también pretendían borrar el principio relativo a contribuir a consagrar “el derecho al desarrollo y a alcanzar la equidad a todos los niveles”, también respaldado por el G-77. Suiza aspiraba a remover las referencias al desarrollo y la equidad como “derechos”, y a agregar el adjetivo “sustentable” a la palabra “desarrollo”.

Sobre la “economía verde”

Las diferencias en torno del concepto de “economía verde” también se hicieron evidentes. La Unión Europea lo consideró una “herramienta fundamental” para alcanzar el desarrollo sustentable, y manifestó su incomodidad porque “en algunos parágrafos del borrador no se mencionaran” esas palabras, o que en su lugar figuraran “sólo referencias al desarrollo sustentable”, según el informe de Meena Raman. “En respuesta a la Unión Europea, el G-77 dijo que muchos países en desarrollo ni siquiera sabían qué ‘era la economía verde y nunca usaron antes este tipo de herramienta’”.

Los “delegados expresaron desazón y frustración por la falta de avances”, dijo al cabo de la ronda de negociaciones el embajador surcoreano Kim Sook, uno de los copresidentes del Comité de Preparación de Rio+20.

Zeenat Niazi, directora de Programas del Grupo de Alternativas de Desarrollo con sede en India, dijo a la agencia de noticias IPS que hubo persistentes desacuerdos sobre el concepto de “economía verde” y sobre “su pertinencia y significado para el Sur Global”, los cuales respondían a “preocupaciones asociadas con la creación de medios de vida sustentables”.

Otras áreas de divergencia, según Niazi, incluyeron la cuestión de la equidad, los patrones de consumo y producción del Norte Global, la justicia social (en relación con la extracción de recursos de los países en desarrollo), el comercio y la transferencia de tecnología.

Rio+20 es la continuidad de la denominada Cumbre de la Tierra, celebrada en la misma ciudad brasileña en 1992, cuando se adoptó la Agenda 21 y la Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo. Más de ciento veinte jefes de Estado y de gobierno anunciaron su presencia del 20 al 22 de junio en Rio+20, así como cincuenta mil representantes de autoridades locales, organizaciones no gubernamentales, juveniles e indígenas y de empresas, entre otras instituciones.

Sociedad civil en alerta

En una carta conjunta remitida el 16 de abril a los ministros de Ambiente de la Unión Europea, las organizaciones Eurostep, Red de ONG Árabes para el Desarrollo (ANND), Social Watch, TWN y la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP) advirtieron que “la economía verde tal como es presentada por la Unión Europea, mientras promueve prácticas más ecológicas, aún se apoya sobre un modelo de desarrollo no sustentable basado sobre el crecimiento del consumo materialista y sobre actividades financieras y económicas sin suficiente regulación ni equidad”.

“Las posiciones de algunos integrantes de las Naciones Unidas, incluidos los de la Unión Europea, sirven para socavar algunos principios centrales y derechos acordados, a pesar de que éstos han sido elaborados y aceptados a lo largo de años en el marco multilateral, representativo y democrático de las Naciones Unidas”, explica la carta.

“Estos principios también han contribuido a forjar entre una amplia gama de actores un entendimiento común sobre el desarrollo sustentable y sobre los medios para alcanzarlo. Bajo esta luz, los intentos de apartarse de ellos constituyen un inmenso retroceso. En estos tiempos cruciales, es, simplemente, inaceptable la atención que centran algunos actores en preservar intereses miopes y de corto plazo y en tratar de desmantelar los pilares cruciales de la agenda de desarrollo de las Naciones Unidas, en detrimento de intereses más amplios y con miras hacia el futuro”, añade la carta de las organizaciones de la sociedad civil.

“Los derechos humanos son garantías legales que contribuyen con el empoderamiento de la gente, con avances hacia la equidad y con garantías de igual protección de las personas ante la ley. Son requisitos fundamentales de un mundo sustentable. Dado el valorado compromiso de la Unión Europea con los derechos humanos, con la profundización de la democracia, con la inclusividad, con los enfoques participativos y con el aumento del rol de las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones, urgimos a la Unión Europea a escuchar estos reclamos. La Unión Europea se muestra como jugando un papel de liderazgo en la lucha contra la pobreza, contra el cambio climático y por la promoción del desarrollo sustentable. Su credibilidad en el desempeño de ese rol será juzgado sobre la base de las posiciones que asuma hacia Rio+20, pero también en las acciones que tome para mitigar el impacto del cambio climático y para promover todos los aspectos del desarrollo sustentable en el futuro”, concluyeron Eurostep, ANND, Social Watch, TWN y ALOP.

Este informe se basa en datos de South-North Development Monitor (SUNS), Servicio informativo del IISD, Third World Network (TWN), Preocupaciones de la sociedad civil sobre la posición de la Unión Europea hacia Rio+20.

Publicado: Viernes 18 de mayo de 2012 - 66 Año 2012