Hablando en el estadio Gigantinho de Porto Alegre hace poco más de un año, la presidenta brasileña Dilma Rousseff dijo a los activistas del Foro Social Mundial que “la disonancia entre la voz de los mercados y la de las calles parece aumentar cada vez más en los países desarrollados”.

Este análisis solo se equivocó en las últimas cuatro palabras, como dramáticamente muestran miles de “indignados” en las calles de Turquía y del propio Brasil. Los países llamados “emergentes” no están “vacunados” (para usar otra metáfora a la que a menudo recurre Rousseff) contra las expresiones dramáticas de ese desfase entre lo que reclaman las grandes corporaciones, que engañosamente se llaman a sí mismas “el mercado”, y lo que demanda “la calle” o “la plaza”, o sea la gente que llena los espacios públicos que le pertenecen y los usa de caja de resonancia para que su mensaje llegue a oídos de las autoridades.

Desde que existen las civilizaciones urbanas, con calles y mercados, el vínculo entre unos y otros son los impuestos, el dinero que la otra punta del triángulo, o sea el poder político, toma de unos para dar a los otros. Ya sea como transferencias directas (según la fórmula antipobreza popularizada por Brasil) o como servicios públicos de educación y salud, o subsidiando los transportes, tal como demandaron exitosamente las multitudes en las calles brasileñas.

Gran parte de la indignación o disonancia en todas partes está motivada por la desigualdad, que está creciendo en todos los países llamados “avanzados” y que todavía está entre las mayores del mundo en Brasil, aunque con mejoras significativas en la última década.

El contraste entre las medidas de austeridad (aumento de impuestos y recortes de servicios públicos) y la evidencia de que las grandes corporaciones no pagan impuestos es una bomba política en las democracias. En el Reino Unido, una investigación parlamentaria demostró que firmas con altísimo reconocimiento de sus marcas en el mercado (como Starbucks, Apple, Google y Amazon) prácticamente no pagan impuestos.

Estas empresas no violan ninguna ley, sino que aprovechan inteligentemente los mecanismos a disposición de trasferencia de sus rentas a paraísos fiscales. Si un vecino de Madrid ordena sus compras por Internet de El Corte Inglés, los artículos le son entregados por el almacén más cercano a su casa, pero la factura es expedida por la filial del vendedor en Irlanda, que tiene los impuestos más bajos de la Unión Europea. ¿Cómo extrañarse, entonces, si el pequeño comerciante del barrio, perjudicado por esta competencia desleal, apoya activamente a los jóvenes universitarios desempleados que ocupan las plazas públicas?

En este contexto, no dejó de llamar la atención el comunicado conjunto del G-8 del 18 de junio. Reunidos en Lough Erne (Irlanda del Norte), los presidentes y primeros ministros de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia anunciaron una “diferencia real” con medidas que incluyen el intercambio “automático” de información impositiva entre países “para combatir la plaga de la evasión fiscal”, cambio en las reglas que permiten a las empresas evadir impuestos transfiriendo ganancias de un país a otro, obligación por parte de las multinacionales de declarar qué impuestos pagan y dónde, información sobre quiénes son los dueños de las empresas a disposición de las autoridades e incluso ayuda a los países en desarrollo para que puedan tener la información y la capacidad de recaudar los impuestos que se les evaden y que, según las estimaciones, son mucho mayores que el total de la ayuda exterior que reciben.

Eric LeCompte, director ejecutivo de la campaña Jubileo en Estados Unidos, dijo que esta resolución es “absolutamente histórica” y “absolutamente increíble”. Sin  embargo, el entusiasmo de destacadas voces de la calle no tuvo una correspondiente protesta de los mercados. Como es sabido, la “voz” de los mercados son los índices diarios de las bolsas de valores, que después los analistas se encargan de interpretar y traducir en la prensa. Sin embargo, el anuncio “histórico” de que miles de millones de dólares en evasión pasarán a ser cobrados no provocó la más mínima alteración en las bolsas del mundo, donde la noticia no podía pasar desapercibida.

Una vez asentada la polvareda inicial, la Red de Justicia Fiscal explicó por qué: ninguna de las medidas anunciadas tiene plazo marcado o mecanismo de implementación, la información eventualmente recogida estará a disposición de las autoridades fiscales pero no de la opinión pública ni de los gobiernos de los países en desarrollo. Y mientras este mensaje se hacía público para satisfacer a la calle, la reunión del G-8 fue utilizada para iniciar las negociaciones hacia un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. “Las reglas de servicios financieros de este acuerdo”, dice la Red de Justicia Fiscal, “impedirán que se los regule en el futuro e incluso darán a los bancos la oportunidad de demandar ante tribunales arbitrales privados a los gobiernos que quieran imponer reglas”.

La calle tiene razón, pero los mercados siguen teniendo la fuerza.

Publicado: 28 de junio de 2013 - No. 120 - Año 2013