Mientras que los militantes islámicos, partidarios del depuesto presidente Mohamed Morsi, siguen provocando enfrentamientos sangrientos casi cotidianos con la policía en las calles de El Cairo, el nuevo gobierno va tomando la forma de un gabinete tecnocrático y transitorio, con Adly Mahmud Mansur, decano de la Corte Constitucional, como presidente, el premio Nobel de la Paz Mohamed El Baradei como vice y el economista Hazem el-Beblawi como primer ministro.

No se han confirmado aún los rumores sobre una incorporación al gabinete, tal vez como segundo vicepresidente, del general Abdel Fattah al-Sisi, comandante de las fuerzas armadas y principal ejecutor del derrocamiento de Morsi, pero de todas maneras es claro que es garante armado de la transición a nuevas elecciones en fecha todavía por determinar.

“Las fuerzas armadas aceptaron sinceramente la elección popular” que dio el triunfo a Morsi en junio de 2012, explicó Sisi el martes 16 de julio en una charla televisada, pero luego el gobierno de la Hermandad Musulmana “comenzó a contradecir las bases y el origen de su legitimidad”.

¿En qué se diferencia esta argumentación de cualquiera de los clásicos “pronunciamientos” militares contra gobiernos legítimamente electos y para los cuales el término correcto es “golpe de Estado”? En que en este caso las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, los abogados constitucionalistas y la abrumadora mayoría de la opinión pública en Egipto le dan la razón al general.

A fines de junio, al celebrarse un año de la presidencia de Morsi y en apoyo a las multitudinarias movilizaciones callejeras que reclamaban su renuncia, veinte prestigiosas organizaciones de derechos humanos egipcias emitieron un comunicado conjunto en el que se lo acusa de haber creado “un nuevo régimen autoritario”, con masacre de opositores, asesinatos, torturas y represión de movimientos sociales “en una escala similar a la del régimen de Mubarak”, depuesto en enero de 2011 en la segunda revolución de la “primavera árabe”, después de la de Túnez.

Los cargos elevados contra Morsi por los defensores de derechos humanos incluyen: primero, hacer aprobar una nueva constitución con el respaldo exclusivo de la Hermandad Musulmana y otros partidos islámicos, en coincidencia con un asalto a la independencia del Poder Judicial que imposibilitaba controlar la legalidad de la Asamblea Constituyente; segundo, la legitimación en esta Constitución de la justicia militar para juzgar a civiles; y tercero, el abuso de la ley contra la difamación de la religión para socavar la libertad de expresión, el hostigamiento a los periodistas y las agresiones constantes a las organizaciones de derechos humanos, incluyendo la condena de cuarenta y tres activistas a penas de cinco años de prisión.

“Para evitar el colapso del Estado en una guerra civil”, terminaba el comunicado en términos de los que el general Sisi parece hacerse eco, “el presidente debe darse cuenta que la legitimidad de un gobierno se basa en el respeto de los principios democráticos que lo llevaron al poder”.

Mientras esto sucedía, el movimiento Tamarod (rebelión en árabe) que había salido a la calle a juntar firmas por la renuncia de Morsi, anunció el 29 de junio que había juntado más de veintidós millones de adhesiones (22,134,460), más del doble de los votos obtenidos por Morsi en la eleccion presidencial. Millones de personas salieron a las calles, reviviendo la atmósfera previa al derrocamiento de Mubarak. Tamarod dice que fueron veintidós millones, pero nadie pudo realmente haber contado estas multitudes.

El general Sisi se hizo eco del reclamo y solicitó a Morsi que convocara a un referendum para resolver su continuación o no en el poder. Ante la negativa, le dio un ultimatum de cuarenta y ocho horas para lograr un acuerdo con la oposición y, finalmente, al no haberse siquiera intentado tal acercamiento, el 3 de julio las fuerzas armadas lo depusieron.

Ahora es el turno de la Hermandad Musulmana, fogueada en sesenta años de clandestinidad pero ausente de las movilizaciones contra Mubarak, de tratar de tomar la calle. Las manifestaciones se suceden y son violentas, pero los manifestantes se cuentan por cientos o por algunos miles, no por millones.

La Red Árabe de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, principal voz regional de la sociedad civil y frecuente observador de procesos electorales en el mundo árabe, titula “Gracias Egipto” en la portada de su boletín de esta semana. “Los ciudadanos son capaces de retomar la iniciativa y provocar el cambio cuando sienten que sus derechos y los logros de la revolución están en peligro”, dice la Red Árabe en su editorial.

Sin embargo, la paz necesaria para restablecer la democracia estaría amenazada por la insistencia de algunos en manifestarse con violencia y el uso excesivo de la fuerza para reprimirlos por parte de las fuerzas del orden. “Los intentos de socavar la democracia solo pueden responderse con más democracia, más derechos y más libertades”, argumenta Ziad Abdel Samad, coordinador de la Red Árabe. “Es hora de que los líderes aprendan esta lección y dejen de silenciar las voces de sus propios pueblos”.

Publicado: 19 de julio de 2013 - No. 123 - Año 2013