Una de las principales novedades del año que se inicia será el futuro del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), que ha despertado gran interés y fuerte polémica en los países que participan en sus negociaciones. En particular en Estados Unidos, cuyo gobierno es su principal impulsor.

El primer semestre de 2014 será decisivo en Estados Unidos porque en la segunda mitad del año la atención del país estará puesta en las elecciones legislativas de noviembre. Como los acuerdos de libre comercio son tan polémicos e impopulares en la opinión pública estadounidense, será difícil para el presidente Barack Obama y su gobierno defender el TPP en época electoral. Esto puede explicar por qué Washington tiene tanta prisa en terminar las negociaciones lo antes posible.

La fecha límite para concluirlas estaba fijada a fines de 2013, pero no se cumplió. Es más, la reunión ministerial de Singapur celebrada en la primera quincena de diciembre reveló numerosas diferencias pendientes. Por lo tanto, las negociaciones se tornarán aún más intensas en los próximos meses, posiblemente con una reunión ministerial en febrero.

Malasia se ha convertido en uno de los países clave en el proceso de constitución del TPP, planteando varios cuestionamientos a las propuestas de Estados Unidos. En una reunión celebrada en Bali en octubre pasado, el primer ministro Najib Tun Razak señaló a la contratación pública, las empresas de propiedad estatal, el sistema de solución de diferencias inversionistas-Estado y la propiedad intelectual como algunas de las cuestiones del acuerdo que podrían vulnerar la soberanía. Esto implica que durante las negociaciones es necesario tener gran cuidado y tomar recaudos.

El representante de Comercio de Estados Unidos, Michael Froman, visitó Malasia en varias ocasiones para reunirse con ministros y parlamentarios locales. Según los informes, les aseguró que comprendía sus preocupaciones, dando a entender que las tendría en cuenta. Por lo tanto, en Kuala Lumpur esperan ver cuánta flexibilidad habrá para dar cabida a las mismas.

Por ejemplo, Malasia propuso formalmente una amplia exclusión de las disciplinas de los capítulos del TPP (carve-out) para las medidas de control del tabaquismo, una iniciativa que fue defendida por el Ministerio de Salud y grupos de la sociedad civil, y ha obtenido un amplio respaldo de la opinión pública y los medios de comunicación de todo el mundo. El New York Times le dedicó incluso un editorial al tema.

Según informes de prensa, Malasia se ha opuesto a las propuestas de establecer normas de propiedad intelectual estrictas que, por ejemplo, amplíen los actuales términos de las patentes de medicamentos. También pidió altos umbrales para la contratación pública, así como la exención de sus políticas Bumiputra (término malayo que designa a los grupos étnicos que se consideran como los pueblos indígenas), y ha cuestionado las disciplinas propuestas sobre las empresas de propiedad estatal y el sistema de solución de diferencias inversionistas-Estado.

Malasia también encontrará dificultades con la propuesta de prohibir los derechos de exportación. La asociación de empresas de refinación de aceite de palma advirtió recientemente que sus operaciones se verían amenazadas si el TPP obliga al país a abolir su tradicional impuesto a la exportación de aceite de palma crudo. Esto también provocaría que el Estado deje de recaudar unos 613 millones de dólares anuales por concepto de impuestos, lo que asestaría un duro golpe a los esfuerzos por reducir el déficit presupuestario.

Ahora resta saber si se cumplirán las exigencias de Malasia. Incluso resulta crucial examinar qué tan genuina o adecuada será la voluntad de entendimiento o flexibilidad ofrecida. A menudo, la única “flexibilidad” consiste en conceder un período más largo para implementar la norma en cuestión, lo que realmente no es de mucha utilidad.

Pero aun si se concede una excepción, ésta puede ser limitada o inútil. Por ejemplo, en una primera versión del capítulo sobre inversiones –que se encuentra disponible en Internet- hay una cláusula que estipula que nada impide a los países adoptar políticas de salud y ambientales. Pero, agrega, siempre y cuando esas políticas sean compatibles con el capítulo, negando así el aparente margen de exclusión ofrecido.

Como dice el refrán, el diablo está realmente en los detalles. Y los detalles deben ser examinados con cuidado, ya que es una vieja táctica de negociación el mostrar un espíritu de entendimiento y compromiso político, pero mantenerse firmes y sin concesiones en los textos legales. Y estos últimos son los que cuentan.

Otro punto clave radica en que los negociadores y el gobierno de Estados Unidos tienen poco margen para ofrecer compromisos, incluso cuando lo desearan, debido a que es el Congreso el que tiene el poder real sobre las cuestiones comerciales, y por tanto también sobre el TPP.

Un grupo de legisladores demócratas y republicanos presentó el 9 de enero un proyecto de ley para otorgar al presidente la autoridad de vía rápida (fast track), mecanismo que delega en el Poder Ejecutivo la negociación de acuerdos comerciales. Esto significa que el Congreso solo puede aprobar o rechazar un acuerdo comercial como el TPP, pero no hacerle modificaciones. Sin esta autoridad de vía rápida, otros países no tendrían por qué confiar en que lo acordado o firmado por los negociadores estadounidenses será aceptado por el Congreso, que estaría facultado a rechazar ciertas partes del acuerdo y exigir cambios.

Como condición para dar la autoridad de vía rápida, sus impulsores están pidiendo al gobierno de Obama que adopte una posición firme en los temas. Esto presiona a los negociadores estadounidenses a no asumir compromisos, aun cuando quisieran hacerlo.

Por ejemplo, el proyecto de ley dice que en el caso de las empresas de propiedad estatal, Estados Unidos debería procurar acuerdos que eliminen la competencia desleal que favorece a las empresas públicas que realizan actividad comercial y garantice que sus prácticas se basan exclusivamente en consideraciones comerciales. Las políticas gubernamentales y las prácticas de estas empresas tendrían que cumplir con eliminar la discriminación y las subvenciones que causan distorsión en el mercado.

Estados Unidos ya está proponiendo que las empresas públicas no puedan discriminar cuando compran y venden bienes y servicios, y que no puedan recibir ventajas como préstamos más baratos o concesiones de tierra y negocios de parte del gobierno. Esto, por ejemplo, implica que las empresas estatales de Malasia no estén autorizadas a dar preferencias en sus adquisiciones a las empresas Bumiputra.

Si la definición de las empresas estatales incluye también a las empresas privadas en las cuales los organismos gubernamentales tienen una participación, entonces abarcará un vasto sector. Pero de todas maneras es poco probable que el proyecto de ley de vía rápida se apruebe, ya que numerosos demócratas se oponen y algunos republicanos simplemente se niegan a concederle a Obama todo lo que quiere.

Pero he aquí el problema. Si la autoridad de vía rápida se otorga con condiciones impuestas, los negociadores estadounidenses tendrán que cumplir con ellas y no podrán brindar las flexibilidades necesarias. Y si no se otorga, los textos propuestos acordados por Estados Unidos pueden ser más fácilmente rechazados por el Congreso.

Cualquiera sea el caso, no es mucho lo que los negociadores pueden dar en respuesta a las demandas formuladas por Malasia y otros países. Todo esto demuestra la dificultad de negociar o concluir los tratados de libre comercio cuando Estados Unidos está de por medio, ya que comercio y política están muy mezclados.

Martin Khor, fundador de TWN, director ejecutivo del Centro del Sur.

Publicado: 17 de enero de 2014 - No. 146 - Año 2014