Eufórico por el éxito de la reunión ministerial de diciembre en Bali, Indonesia, y emocionado hasta las lágrimas, el director general Roberto Azevêdo desafió a los miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) a aprovechar el impulso para “completar la Ronda de Doha”. El jerarca brasileño tenía motivos para estar contento. Con menos de un año en el puesto había logrado que por primera vez desde su creación en 1994 la OMC pudiera llegar a algún acuerdo. Las conferencias ministeriales precedentes fueron notorios fracasos envueltos en multitudinarias protestas, como en 1999 en Seattle o en 2003 en Cancún, o encuentros meramente protocolares que sólo acordaron seguir discutiendo.

La Ronda de Doha de negociaciones comerciales fue lanzada en noviembre de 2001, pocas semanas después de los ataques a las torres gemelas de Nueva York. Las negociaciones que comenzaron en la capital de Qatar fueron apodadas “ronda del desarrollo” por la promesa de rebalancear los desequilibrios de la Ronda Uruguay, que creó la OMC y promovió la liberalización de los servicios y la monopolización de la propiedad intelectual –acuerdos de interés para las economías avanzadas- a cambio de la promesa de los países industrializados de liberalizar su agricultura en el futuro, un tema vital para los países del Sur.

Cansados de esperar por términos comerciales más favorables, algunos países, encabezados por la India, resolvieron aplicar ellos mismos la receta que tan bien utilizan europeos, japoneses y estadounidenses: apoyar a sus productores agrícolas con compras estatales a precios subsidiados y combatir la pobreza doméstica distribuyendo alimentos a bajo costo. Pero las reglas de la OMC, tan tolerantes con los subsidios existentes, prohíben la creación de subsidios nuevos. Las mismas potencias económicas que quieren que las Naciones Unidas fijen como meta la eliminación de la pobreza extrema antes de 2030 amenazaron con aplicar represalias contra la India si persistía en su empeño de combatir la pobreza, precisamente en el país que alberga la mitad de los pobres del mundo, que en su mayoría son mujeres rurales.

El acuerdo que Azevêdo propuso en Bali otorga a los países industrializados medidas de “facilitación del comercio” que harán más rápidas y menos costosas sus exportaciones al mundo pobre y emergente, a cambio de una “cláusula de paz” que obliga a estos países a abstenerse de demandar a la India por sus políticas agrícolas mientras se negocia una solución definitiva.

La facilitación del comercio es uno de los temas claves de la Ronda de Doha, junto con los subsidios agrícolas, las tarifas para manufacturas, el acceso a los medicamentos patentados y el “tratamiento especial y diferenciado” al que tienen derecho los países pobres.

La ronda de Doha, como todas las “rondas” previas de negociaciones comerciales, se rige por el principio de single undertaking o “paquete único”, según el cual “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Como, además, el acuerdo de Bali es el primero que emerge de una reunión ministerial desde la creación de la OMC, de inmediato surgieron las dudas sobre los alcances legales del mismo.

El Centro del Sur, think-tank de los países en desarrollo con sede en Ginebra, sostiene que debe haber “paralelismo” en los resultados. Si el acuerdo de facilitación del comercio es vinculante, entonces debería haber compromisos vinculantes de los países desarrollados en agricultura (eliminación de sus subsidios comerciales y solución definitiva a los problemas de seguridad alimentaria). Si, en cambio, los resultados a favor de los países pobres son limitados en el tiempo (como la cláusula de paz) o no vinculantes (como la promesa de reducir los subsidios agrícolas en el Norte), la facilitación del comercio tampoco podría tener carácter vinculante.

La facilitación del comercio requiere de los países pobres no solo que ajusten su normativa sino también que inviertan en sus puertos y aduanas para acelerar el proceso de ingreso de mercaderías, pero estas mejoras no van a aumentar sus exportaciones, para lo cual se requiere mejorar la capacidad productiva.

Según el análisis jurídico del Centro del Sur, al ser parte de la Ronda de Doha, la facilitación del comercio solo puede entrar en vigor cuando esta Ronda se complete y todo el “paquete” entre en vigor. Esto implica un acuerdo sobre reglas permanentes (y no solo una cláusula de paz) para que los países en desarrollo puedan apoyar a sus campesinos pobres con programas de acopio gubernamentales, así como un acuerdo agrícola que acabe con la discriminación actual que permite a algunos subsidiar y a otros no.

Si bien la OMC tiene motivos para sentirse fortalecida después de la Conferencia Ministerial de Bali, el Centro del Sur sostiene que su prioridad, ahora, debe ser completar la Ronda de Doha y no ocuparse de “temas nuevos” sugeridos por los países avanzados, tales como las reglas de inversión, el cambio climático, las cadenas globales de valor o un nuevo acuerdo sobre comercio de servicios, conocido como TISA por su sigla en inglés.

Publicado: 17 de enero de 2014 - No. 146 - Año 2014