Desde que terminó el colonialismo a mediados del siglo XX el compromiso de las economías avanzadas de contribuir a un mejor futuro en los países entonces llamados subdesarrollados ha sido uno de los pilares de la precaria arquitectura internacional. La propia carta de las Naciones Unidas compromete a sus miembros a “cooperar, juntos o por separado” para lograr “mejores condiciones de vida, pleno empleo, desarrollo y progreso económico y social”.

En octubre de 1970, la Asamblea General de las Naciones Unidas, tomando como base los cálculos del economista holandés Jan Tinbergen (premio Nobel en 1969) sobre cuánta inversión sería necesaria para cerrar gradualmente la brecha entre países pobres y ricos, resolvió que “cada país económicamente avanzado progresivamente aumentará su asistencia oficial al desarrollo (AOD) y se esforzará por llevarla a un mínimo de 0.7 por ciento de su producto nacional bruto a mediados de la década”.

A casi cuarenta años de vencer este plazo, solo cinco países (Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, Suecia y Holanda) han cumplido esta promesa, reiterada cada año y en cada conferencia internacional. El Reino Unido se sumará a la lista en 2015, pero para entonces Holanda se habrá salido de ella, ya que el presupuesto de la nueva coalición de gobierno prevé cortarla hasta 0.5 por ciento.

¿Para qué sirve una promesa que nunca se cumple? Para responder esta pregunta, el gobierno holandés envió el 14 de febrero al parlamento los resultados de un estudio de un equipo interministerial que significativamente no estuvo presidido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, del cual depende la cooperación holandesa, sino por el de Finanzas. El título del informe adelanta la conclusión: “Hacia una nueva definición de la cooperación”. O sea, como no podemos cambiar la promesa, cambiemos los términos de lo prometido.

En la definición actual del Comité de Asistencia al Desarrollo (DAC) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el club de los países ricos con sede en París, la OAD comprende todos los flujos hacia los países y territorios considerados “en desarrollo” provistos por instituciones públicas y destinados a promover el bienestar y el desarrollo económico. Si se trata de préstamos y no de donaciones, para poder ser contabilizados como “asistencia” éstos deben ser “blandos” (con tasas de interés por debajo de las del mercado) y contener un componente importante de donación.

El estudio propone cinco alternativas diferentes para redefinir la ayuda, pero todas ellas tienen en común la posibilidad de “incluir instrumentos financieros innovadores” en la definición y mayor laxitud en las reglas sobre préstamos, de manera de poder contabilizar un componente de ayuda mayor o incluir en la definición créditos actualmente excluidos.

Una de las alternativas propuestas consiste en excluir de la lista a los países llamados de “ingresos medios” (toda América Latina, salvo Haití) y concentrar la cooperación, reducida a 0.25 por ciento, en los países más pobres. Otra alternativa propone este mismo porcentaje para los países más pobres y llegar al 0.7 contando como ayuda a los países de ingresos medio todo tipo de instrumentos financieros, incluyendo créditos, y “la promoción de inversiones por parte de compañías holandesas”, en particular las vinculadas al agua y el saneamiento donde tendrían una ventaja comparativa.

El informe lamenta que con las reglas actuales “el financiamiento público a iniciativas privadas a través de garantías o exoneraciones de impuestos está omitido de las estadísticas de ayuda, aunque estos fondos apalancan flujos financieros privados”. Si esta regla se cambia, muchos países podrían llegar a la meta del 0.7 simplemente contabilizando como ayuda las actividades de sus trasnacionales o, peor aún, las grandes corporaciones podrían acceder al presupuesto de la ayuda y así privatizar las ganancias si sus inversiones son exitosas y socializar las pérdidas si fracasan.

El informe constata que actualmente Holanda gasta en “bienes públicos internacionales”, como la mitigación del cambio climático, la seguridad mundial o la asistencia social a refugiados y migrantes, que no se consideran como “asistencia al desarrollo” y propone cambiar esta situación contabilizándolos como ayuda. Con ello agregaría a su cuenta de AOD unos 300 millones de euros anuales que gasta en “cascos azules” de las Naciones Unidas y otros 330 millones presupuestados como contribuciones futuras al cambio climático.

El informe registra que “probablemente haya objeciones” de los países en desarrollo a estas propuestas y que éstas “pueden comprometer otras discusiones”, pero no explica por qué. La razón no es, sin embargo, difícil de adivinar. En 2009, las economías avanzadas prometieron durante la cumbre de Copenhague incrementar sus contribuciones a mitigar el clima hasta llegar a 100,000 millones de dólares anuales de ayuda en 2020. Con ello se duplicarían los 100,000 millones anuales de AOD actuales. Si la propuesta holandesa se generalizara -y hay evidencias de que otros países están sopesando las mismas opciones- en vez de una asistencia adicional solo habría un cambio de etiqueta de los mismos montos actuales.

O sea, como cantaba Carlos Gardel, “Hoy un juramento, mañana una traición”…

Publicado: 28 de febrero de 2014 - No. 152 - Año 2014