La misma riqueza natural y la gran biodiversidad que albergan América Latina y el Caribe vuelve a estas regiones una de las más vulnerables a los efectos devastadores del cambio climático, como la disminución de los glaciares andinos, que ocasionaría estrés hídrico a unos setenta y siete millones de personas para 2020, y desastres naturales que amenazan los recursos básicos y reducen los medios de vida de sus habitantes, afectando a actividades económicas esenciales como la agricultura y el turismo.

Diseñar soluciones a estos problemas y llevarlas a la práctica exige grandes recursos económicos, por lo que el acceso al financiamiento para la conservación del clima es crucial en la región, especialmente para la adaptación a los impactos que se vivirán en los próximos años.

Los cálculos sobre el dinero que los países en desarrollo necesitarían para afrontar los efectos devastadores del cambio climático, siendo conservadores, van de 140,000 millones a 275,000 millones de dólares anuales hacia el año 2030, mientras lo que existe actualmente a nivel global, tomando en cuenta los diversos fondos y flujos de ayuda, no alcanza ni para satisfacer el mínimo requerido, unos 40,000 millones al 2012. (Este cálculo toma como base lo argumentado por el Banco Mundial sobre la existencia de unos 10,000 millones de dólares para el periodo 2008-2012 en los distintos fondos, a lo cual se le suman los 30,000 millones comprometidos en el Fast-start Finance.)

Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, los países desarrollados se comprometieron a financiar “la totalidad de los gastos adicionales convenidos” para frenar o revertir los efectos negativos del fenómeno en los países en desarrollo. Se fijó que las Partes deben adoptar medidas sobre la base de la equidad y de conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades. En pocas palabras, el contaminador paga.

Esto es significativo para la movilización de financiamiento para enfrentar el cambio climático, así como el requisito de la Convención Marco de que el flujo de fondos “sea adecuado y previsible”, y que la carga se distribuya adecuadamente entre las Partes, que son los países desarrollados. En el Plan de Acción de Bali de 2007 se fijó que el financiamiento debe ser adecuado, previsible y sostenible, y la provisión de recursos nuevos y adicionales.

Pese a que se han suscrito convenios y acuerdos para cumplir lo que dice la Convención Marco, hasta ahora el financiamiento para las acciones frente al cambio climático sigue siendo un tema muy controversial durante las Conferencias de las Partes (COP), ya que los fondos que se canalizan hacia los países en desarrollo son insuficientes ante las necesidades existentes.

¿Cómo se financia la lucha contra el cambio climático?

El financiamiento internacional para la lucha contra el cambio climático está conformada por entidades que dan soporte a la transferencia de recursos a través de diversos mecanismos, como los fondos creados en el marco de las Naciones Unidas (el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Fondo de Adaptación), las iniciativas impulsadas por las instituciones financieras internacionales (los Fondos de Inversión para el Clima) y la cooperación bilateral y los fondos nacionales. Estos fondos operan de distinta forma y están siendo entregados como donaciones y como préstamos. En muchos casos son complementados con recursos de las arcas públicas de los países receptores. Las condiciones y los procedimientos para obtener los recursos son muy distintos en cada uno de ellos, lo que ya es una traba para los países en desarrollo que no cuentan con las capacidades suficientes para acceder a los mismos.

La Cumbre de Copenhague de 2009 marcó un hito importante en el debate sobre el tema relativo a las fuentes y al uso adecuado de la financiación climática por parte de los gobiernos de los países en desarrollo. Los países industrializados se comprometieron a dar recursos por un monto de 100,000 millones de dólares anuales para el financiamiento climático hacia el 2020. En el corto plazo se acordó un programa de financiamiento inmediato o Fast-start Finance de 30,000 millones de dólares anuales para el periodo de tres años (2010-2012).

A la fecha, los países donantes han cumplido con su compromiso inicial de financiamiento de inicio rápido, sobrepasando incluso los 30,000 millones de dólares a través de diversos canales. Estos recursos, en teoría, se estarían sumando como adicionales a la ayuda oficial al desarrollo, sin embargo, el dinero del Fast-start Finance en la práctica ya estaría contabilizado en las acciones para reducir la pérdida de biodiversidad o la lucha contra la desertificación. (Oxfam calcula que solo el treinta por ciento de los recursos reportados en el Fast-start Finance son “nuevos”. A nivel de regiones, del total de dinero reportado en el mundo, América Latina ha recibido 5,200 millones de dólares, que equivale al dieciséis por ciento del Fast-start Finance.)

También en la Cumbre de 2009 se acordó la creación de un Fondo Verde para el Clima para canalizar los 100,000 millones de dólares, que está aún en proceso de implementación bajo la Convención Marco. Se acordó que sería controlado por un Consejo de veinticuatro miembros en el que los países en desarrollo y desarrollados están representados por igual. Sin embargo, el fondo será manejado por el Banco Mundial en calidad de administrador fiduciario durante los tres primeros años de funcionamiento, lo que viene siendo muy criticado por el papel histórico de esta institución en el financiamiento de proyectos relacionados a la extracción de combustibles fósiles.

El mercado de carbono es otro de los mecanismos financieros ampliamente utilizados a través de la comercialización de Certificados de Emisiones Reducidas (CERs) que los países industrializados compran con la finalidad de alcanzar sus metas de reducción de emisiones de dióxido de carbono a cambio de sostener proyectos ejecutados en los países en desarrollo como parte de los Mecanismos de Desarrollo Limpio. Estos mecanismos, creados a partir del Protocolo de Kioto, son muy criticados por la sociedad civil dado que no atacan el problema de fondo y se convierten en simples compensaciones frente a las emisiones crecientes de los países, dejando en manos del mercado la posibilidad de lograr las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Además, son muy conocidos los impactos sociales y ambientales que los proyectos tienen en las zonas donde son ejecutados: desplazamientos forzados, contaminación de agua, tierras y aire, criminalización de las protestas.

La misma lógica se aplica en la iniciativa promovida por la Convención Marco: la Reducción de las Emisiones Derivadas de la Deforestación y Degradación Forestal (REDD) -que luego diera lugar a REDD+ como parte de las decisiones del Plan de Acción de Bali-, al incorporar el manejo sostenible y la conservación de bosques. Así, éstos se insertan en la lógica del mercado, dándole un valor monetario a la capacidad que tienen de capturar y almacenar el dióxido de carbono, creando el interés de las grandes empresas y dándoles facilidades para que puedan controlar grandes extensiones de tierras que justifiquen la inversión y se lleven a cabo proyectos que supuestamente van a proteger los bosques, convirtiéndolos en grandes plantaciones industriales de árboles (como eucalipto o palma aceitera) que, en forma de monocultivos, destruyen la diversidad biológica y cultural.

Lo que se ha hecho y lo que viene

Los resultados de la COP 19 realizada en Varsovia a fines de 2013, son muestra del avance que han tenido los promotores de los mecanismos de mercado para incorporar en la agenda iniciativas que buscan profundizar la comercialización del dióxido de carbono, tal como se quiere hacer con los Nuevos Mecanismos de Mercado, una especie de complemento a la segunda fase del Protocolo de Kioto que busca incorporar a las corporaciones transnacionales en los negocios climáticos, promover que el financiamiento provenga principalmente del sector privado y legalizar el mercado paralelo o negro que impulsan países que no suscribieron Kioto II, entre ellos Estados Unidos, Japón, Rusia, Canadá y Nueva Zelanda.

Si bien se evitó la aprobación del Nuevos Mecanismo de Mercado gracias a la acción de los países en desarrollo del llamado Grupo de Afinidad, con los países del ALBA a la cabeza, hay una gran presión de ciertos gobiernos y del sector empresarial por mantener el tema en discusión. No es casual el protagonismo cada vez mayor del sector corporativo en las negociaciones climáticas. Llama especialmente la atención la presencia de grandes empresas relacionadas a la explotación del carbón y otras actividades causantes de problemas ambientales, que de la mano con el sector financiero pretenden obtener ganancias a costa del clima en un contexto en el que todo está permitido en aras de lograr un “crecimiento verde”.

Las organizaciones de la sociedad civil, peruanas y del Sur, que siguen los temas del cambio climático tendrán un papel muy importante en la COP 20 que se celebrará en diciembre en Lima, para exigir reformas en el esquema actual internacional en el que exista un único ente que canalice los recursos –que podría ser el Fondo Verde para el Clima- que permita cubrir la brecha de necesidades de financiamiento de nuestros países de forma oportuna, a través del flujo de recursos adicionales, no reembolsables, estables y predecibles, sin condicionalidades de ningún tipo y que se vaya desligando del uso de los mercados que solo han derivado en “falsas soluciones”.

Todos los países tienen la responsabilidad –aunque unos más que otros- de hacer que esto se cumpla como parte indispensable para alcanzar las metas globales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para que el calentamiento global no sobrepase los dos grados, en el marco de la búsqueda de la justicia climática.

Rodolfo Bejarano, ingeniero economista peruano, miembro de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd).

Publicado: 30 de mayo de 2014 - No. 165 - Año 2014