El peor desempeño de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se registró en el objetivo 8: la Alianza Global para el Desarrollo. Los debates sobre la agenda post 2015 ofrecen una oportunidad política para corregir ese desequilibrio. Es importante evitar ahora el mismo enfoque de los ODM.

El plan inicial o “anteproyecto” para los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) omitió incorporar los mecanismos de implementación que se hacen necesarios para darle forma a los medios de apoyo internacional. En vista que era evidente que los países en desarrollo no podrían subirse a bordo, a partir de una agenda que juzgaría duramente su desempeño en progreso y mejora con ciertos indicadores cuantificables, sobre todo por carecer de los compromisos “correlativos” de apoyo financiero, para ayudar a alcanzarlos, se añadió una meta más, y esa fue el objetivo 8 de la Alianza Global.

Esto condenó a la financiación para el desarrollo a limitaciones en un formato de talla única para describir todo de modo tal que nunca podría captar la amplitud, la complejidad ni la diversidad necesarias para que funcione debidamente. Fue un error estratégico de proporciones gigantescas que en el futuro debe evitarse. Los medios de implementación no deben ser distorsionados en un “objetivo” autónomo.

Esto se debe compilar en un Plan de Acción que incluya temas clave y medios de implementación o ejecución para así poder llevarlos a cabo y que se conviertan en un componente inseparable de la agenda de desarrollo posterior a 2015, junto con los objetivos de desarrollo sostenible. Una consecuencia importante de esto será que el examen riguroso de los resultados alcanzados en los objetivos, no sean separables de la evaluación de su desempeño a la hora de la entrega de los medios de implementación.

Regulación financiera y sistema monetario internacional

La regulación financiera y la reforma del sistema monetario internacional debería ser lo primero en el orden de prioridades en una agenda o programa para financiar los objetivos de desarrollo sostenible. Sin una regulación financiera correcta será difícil alcanzar logros para cualquier esfuerzo en el financiamiento para la agenda post 2015. Si alguien tuviese dudas respecto a ello, solo bastaría examinar el grado en que la crisis financiera mundial ha diluido y debilitado toda la discusión sobre financiación del desarrollo en los últimos cinco años.

La regulación financiera es relevante para la financiación del desarrollo sostenible, en dos aspectos. En primer lugar, el comportamiento de los agentes financieros ejerce una enorme influencia sobre lo que sucede con el resto de la economía. Esta tendencia solo se ha intensificado en las últimas tres décadas, a medida que la importancia relativa de las finanzas en la economía ha ido creciendo. Esto no ha sido para mejor, pues una gran parte de ese crecimiento atribuible a transferencias realizadas dentro del propio sector financiero, muy a menudo ha resultado en la creación de beneficios sobre papel. La primera prioridad en la transformación del financiamiento es pasar de un desarrollo impulsado por las finanzas a un modo de financiación impulsado por el desarrollo sostenible.

En segundo lugar, las crisis financieras tienen el potencial de ampliar y compensar los beneficios del desarrollo que hayan sido logrados a partir de otros medios. La regulación financiera no puede detener ni impedir que una crisis ocurra. Pero puede hacerlas menos graves, asegurar que sus impactos se distribuyan de una manera más justa, y es así como debiera hacerse. La regulación financiera tiene un papel crucial que desempeñar en la protección de los recursos públicos mediante el establecimiento de los mecanismos apropiados cuando se trata de salvar empresas financieras que se hayan declarado insolventes, sin por ello amenazar la prestación de servicios bancarios vitales. De esta manera, sin importar la magnitud de una crisis sufrida por cualquier institución bancaria, ni cuán grande o interconectada se encuentre, este hecho no se convertiría en la crisis de todo el sistema bancario.

En cuanto a la reforma del sistema monetario internacional, es clave que se permita/concrete la movilización de recursos para el desarrollo. El sistema actual, propenso a acumular desequilibrios excesivos, ante la necesidad de equilibrarse solo se puede ajustar a través de recesiones.

Suponiendo que un nuevo modelo o agenda de desarrollo sea más bien un programa generador de empleo y que coloque al trabajo decente como su eje central, esto solo puede suceder a partir de reformas sustanciales hechas al sistema monetario. Este sistema es perjudicial, pues al ir exacerbando las fluctuaciones de las tasas de cambio, también va impactando de manera desproporcionada y afecta a los países en desarrollo. Y falla, pues actúa sin tomar en cuenta el potencial de las herramientas que ya existen en el sistema, como los derechos especiales de giro (Special Drawing Rights), que han sido pensados para generar fondos a favor del desarrollo y del clima.

Las reformas en el sistema requieren del establecimiento de una forma verosímil y creíble de coordinación entre los países, ya sea en déficit o en superávit, además de un apoyo para los países que utilizan las medidas de gestión para flujos de capital y significaría un camino de transición hacia una moneda de reserva y de negociación a ser utilizada internacionalmente, que no sería la de ningún país sino supranacional. Estos derechos especiales de giro podrían llegar a ser un indicador de esa moneda durante los períodos de transición. Al mismo tiempo, el fortalecimiento de ese conjunto emergente de mecanismos regionales para una cooperación monetaria y financiera podría proporcionar un sistema más diversificado y, por lo tanto, menos susceptible a shocks, contra una moneda nacional o una región.

Deuda soberana

Las deudas están resurgiendo como una amenaza para la financiación del desarrollo. La impresión generalizada es que las iniciativas de alivio de deuda, como las que se hicieron en la década de 1990 y a principios del 2000, deben ser contrastadas con la realidad. Las determinaciones sobre la sostenibilidad de las deudas se han tornado cada vez más laxas, a fin de evitar llamarlas insostenibles. Desde un punto de vista estructural, la no creación de mecanismos basados en normas previsibles para la resolución ordenada, oportuna y eficaz de las crisis por deudas soberanas, sea en los países de bajos y medios recursos o en los de altos ingresos, sigue acosando a la economía global.

El FMI ha reconocido recientemente que los casos de reestructuración de deuda continúan produciendo alivios insuficientes e inoportunos, “muy poco, muy tarde”. Esto es exactamente lo que la teoría general referida a bancarrotas nos dice, que más no se puede esperar, pues el marco en el que se toman las decisiones sobre la sostenibilidad de una deuda y/o su reducción está basado únicamente en el enfoque acreedor. Del mismo modo, debido a la falta de disciplina por parte de los acreedores -las posibilidades de que se tomarán las pérdidas cuando las decisiones de crédito vayan mal- son muy bajas, lo que significa que los préstamos irresponsables son una ocurrencia común. Países enteros terminan, por lo general, pagando el costo de este constante desfase en la arquitectura financiera internacional.

Movilización de recursos nacionales

La movilización de recursos nacionales pasó de ser prácticamente ignorada en el momento de adoptarse los ODM a ser de pronto reconocida como la piedra angular de una buena financiación para la ejecución del desarrollo en la práctica. Existe un consenso generalizado de que la dependencia en recursos internos, en relación al fortalecimiento de las formas de rendición de cuentas, proporciona a los ciudadanos tanto una libre determinación como un espacio adecuado para favorecer a las estrategias nacionales de desarrollo.

Que exista consenso sobre estos aspectos no significa que no haya ningún rol a ser cumplido referido a la acción política en esta nueva agenda de desarrollo. De hecho, miles de millones se pierden cada año en los países en desarrollo debido a la evasión de impuestos y la omisión fiscal, por la deliberada reducción sistémica al minimizarse las cuotas del impuesto tanto a empresas como a individuos ricos.

Un marco financiero post 2015 podría ser el espacio adecuado para ponerse de acuerdo sobre cómo eliminar las restricciones de movilización de recursos, pues así como están planteados solo benefician a algunos, y eso debido a la falta de transparencia, tanto sobre la propiedad efectiva de las empresas como por la transferencia abusiva de precios y por tratados o acuerdos de doble tributación. Algunos principios fiscales que ponen a los países en desarrollo en desventaja, en términos de recaudación de impuestos a las actividades en su territorio, requieren ser revisados en un foro con la participación plena de esos países. Para ello, en el marco post 2015, se podrían poner de acuerdo para el fortalecimiento de la Comisión de Expertos sobre Cooperación Internacional de las Naciones Unidas sobre Cuestiones de Tributación, para convertirla en un organismo intergubernamental.

El sector privado

El sector privado también tendrá que desempeñar un papel en la financiación de la nueva agenda de desarrollo, pero tiene que estar dentro de un marco que reconozca, como punto de partida, al conjunto de los diversos actores sociales que constituyen dicho sector, desde los autoempleados informales hasta las cooperativas, las pequeñas y medianas empresas y las grandes corporaciones transnacionales. Hasta ahora, sin embargo, solo estas últimas están debidamente representadas en las instancias de debate de las Naciones Unidas sobre el tema.

Ayuda Oficial al Desarrollo

Varios de los participantes en los permanentes debates repiten que la Ayuda Oficial al Desarrollo ya no va a ser un elemento central en la nueva agenda. Uno podría cínicamente considerar que esas afirmaciones son algo así como una descarada tentativa de los países donantes para no cumplir a cabalidad sus promesas de aumentar la ayuda (hasta la meta del 0.7 por ciento del ingreso bruto nacional). Cabe permanecer vigilantes para que esto no ocurra.

Una de las críticas a los ODM fue, sin duda, que se centraron demasiado en la ayuda al desarrollo. Ese enfoque sirvió, de hecho, para ocultar y desviar la atención de aquellas otras fuentes financieras que contaban con mucho más impacto sistémico en la inversión para el desarrollo.

En 2015, la comunidad internacional tiene la oportunidad histórica de trazarse una agenda ambiciosa y transformadora que realmente preste atención a la naturaleza tridimensional del desarrollo sostenible: lo económico, lo social y lo ambiental. Pero los líderes no deben olvidar que esa ambición y ese poder transformador solo serán tan reales como los medios de implementación que en la práctica se ofrezcan para sostenerla.

Aldo Caliari es Director del Proyecto Repensando Bretton Woods del Center of Concern de Washington.

Éste es un resumen del artículo publicado en Economía Crítica Nº 13, mayo de 2014: www.latindadd.org/economiacritica/

Publicado: 13 de junio de 2014 - No. 167 - Año 2014